La instrucción del asunto de los EREs en Andalucía podría hundirse. El Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de expedientes de regulación de empleo, todavía vigente, le concede plenas competencias sobre ayudas económicas por motivos laborales a la Junta de Andalucía. El artículo 1 de la norma indica que “Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de fecha 27 de diciembre de 1983, por el que se traspasan funciones del Estado en materia de Expedientes de Regulación de Empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se le traspasan asimismo, los correspondientes Servicios e Instituciones y medios personales materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas”.

 

El presentado es un problema generado, en parte, por la existencia de las leyes penales en blanco, que son constitucionales. La Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1988 establece que “El art. 25.1 C.E., pues, prohíbe la remisión al reglamento que «haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley» (STC 83/1984, de 24 de julio), pero no impide la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora”.

 

El ordenamiento jurídico español es tan amplio que resulta brutalmente complicado poder conocerlo completamente. Los problemas con la producción legislativa y reglamentaria, que son excesivos, son fácilmente comprobables y están ocasionando daños serios a la seguridad jurídica, que ya es difícilmente sostenible por la enorme cantidad de normas vigentes.

 

Hay que tener presente que existen 18 parlamentos con potestad legislativa en España y numerosas Administraciones Públicas, si se cuentan la estatal, las autonómicas y las locales, con potestad reglamentaria. Además, existe la Unión Europea, en la que esta España y que tiene una producción normativa bastante extensa.

 

La juez Mercedes Alaya no conoce todo el contenido de lo publicado en el BOE, pero la Administración General del Estado, de la que procede el reglamento que podría destruir una gran parte de la instrucción, tampoco. Se pidió un informe a la Intervención General de la Administración estatal y los encargados de hacerlo ignoraban también el Real Decreto 1035/1984.

 

Todavía falta por saber lo que ocurrirá con la aplicación de la normativa. El Real Decreto 1035/1984 sigue en vigor, pero quizás resulte inaplicable si vulnera alguna norma con rango legal, ya que el artículo 1.2 del Código Civil indica que “Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior” y el articulo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

 

Habrá que seguir esperando para saber que terminará pasando con la instrucción del caso de los EREs. Sin embargo, no se sabe durante cuanto tiempo más.