El Derecho de la Unión Europea ha tenido una contundente incidencia en el sistema de fuentes jurídicas de los Estados miembros, que tienen el deber de lograr que las normas del ordenamiento jurídico de la organización internacional pueda interpretarse y aplicarse adecuadamente, sin que sea posible que existan obstáculos directos o indirectos. De este modo, pueden cumplirse los fines que tiene la Unión Europea, que afectan a distintos ámbitos, aunque tiene especial importancia todo lo relativo a los consumidores.

Debe tenerse presente que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece como competencia compartida la producción normativa sobre los consumidores. Además, el artículo 12 de la norma indica que “Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores”.

El Derecho de la Unión Europea regula la nulidad de las cláusulas abusivas con suficiente claridad. El artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, dispone que “Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

 

La normativa de la Unión Europea prevalece por el principio de primacía. Resulta necesario destacar la importancia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 1964, que dice que “la primacía del Derecho comunitario está confirmada por el artículo 189, a cuyo tenor los Reglamentos tienen fuerza «obligatoria» y son «directamente aplicables en cada Estado miembro»”. El principio de primacía del Derecho de la Unión Europea fue desarrollado notablemente por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, que establece que “En efecto, según jurisprudencia asentada, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse los dictámenes 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 21, y 1/09, de 8 de marzo de 2011, Rec. p. I-1137, apartado 65), la invocación por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado (véanse, en especial, las sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, apartado 61)”.

Debe señalarse que el principio de primacía se controla en España. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015 establece que la integración en la Unión Europea y el principio de primacía carecen “de rango y fuerza constitucionales”, pero “sí corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión cuando, como aquí ocurre según hemos avanzado ya, exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 2016 declara la existencia de responsabilidad de los Estados miembros cuando sus actuaciones no respeten las reglas de la organización internacional en lo que a las cláusulas abusivas se refiere. La resolución indica que “A este respecto, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el sistema de protección de los consumidores establecido por la Directiva 93/13 implica el reconocimiento de la facultad del juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula” y que no emplear esa facultad significa “una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión” por la que se genera responsabilidad del Estado miembro, aunque “Sólo se genera la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la Unión provocada por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuando esta resolución proceda de un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que resuelva en última instancia”.

Es necesario saber lo que se refiere a los requisitos para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de las violaciones del Derecho de la Unión Europea que le son imputables. El Tribunal de Justicia ha declarado de forma reiterada que los particulares perjudicados tienen un derecho a la reparación del perjuicio sufrido siempre que la norma del Derecho de la Unión violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación de dicha norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre esta violación y el daño sufrido por estos particulares.

Puede pensarse en lo ocurrido en España con muchos contratos celebrados con cláusulas abusivas. Ciertamente, el Estado español no ha desarrollado las actividades adecuadas para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en lo que a los consumidores se refiere. Varias resoluciones jurisdiccionales procedentes de la organización internacional han indicado diversas normas españolas cuya aplicación contradice el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los órganos jurisdiccionales españoles, en muchos casos, no han apreciado, de oficio, la nulidad de cláusulas abusivas.

El Derecho de la Unión Europea debe ser respetado por los Estados miembros y si se produce su incumplimiento se generará responsabilidad siempre que concurran los requisitos establecidos. Este hecho puede justificarse siguiendo el Preámbulo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que se pretende “asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos Estados, eliminando las barreras que dividen Europa”.

 

La normativa española aplicable en la actualidad se encuentra en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Esta norma tiene por objeto regular el procedimiento y los criterios para la determinación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, determinando su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, así como los mecanismos para hacer efectiva la repercusión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha demostrado su importancia, garantizando la cohesión y efectividad de derechos subjetivos de los ciudadanos de los Estados miembros en numerosas ocasiones. Con la resolución del día 28 de julio de 2016 ha completado las ideas reglas sobre la responsabilidad de los Estados miembros por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y, simultáneamente, ha reconocido una mayor protección a los consumidores con la aportación de medios que pueden ser esenciales para evitar el incumplimiento de las normas de la Unión Europea en el futuro.