La deriva del Gobierno de España, en una estudiada labor de ingeniería político-jurídica, lleva indefectiblemente a la ruptura de la indisoluble unidad de España como Nación, patria común e indivisible de todos los españoles, tal y como preconiza el artículo 2 de nuestra Constitución de 1978.

Ya en mayo de 2017, Pedro Sánchez, en su programa de la campaña en la que resultó reelegido como secretario general del PSOE, afirmaba el carácter plurinacional de España, a la par que se refería a Cataluña como "una nación". Tras su victoria, el 39º Congreso del PSOE celebrado a continuación en Granada adoptó esta conceptualización de España como "nación de naciones", proponiendo una reforma constitucional federal que perfeccionara el carácter plurinacional del Estado.

La indecente concesión de los indultos a todos los golpistas encarcelados por el "procés" de Cataluña, ha sido el paso previo para las posteriores concesiones del Gobierno de España al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en las próximas negociaciones. Ello se traducirá en nuevas afrentas al resto de Comunidades Autónomas y de aumento de desigualdades entre los ciudadanos españoles (en contra del artículo 139 de la Constitución de 1978: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado). Igualmente, cabe añadir la limitación y suspensión de derechos fundamentales durante la pandemia, en especial la movilidad de los ciudadanos, sin apenas protestas de los partidos de la Oposición, a pesar de que el artículo 55  de nuestra Carta Magna impone que su suspensión únicamente puede producirse con la declaración del estado de excepción o de sitio y, por tanto, el estado de alarma decretado en marzo de 2020 es claramente inconstitucional.

Se está produciendo un aumento de desigualdades en varias Comunidades Autónomas. Sirva como ejemplo la enseñanza en los colegios, en especial en las provincias catalanas, así como en las vascongadas y Baleares donde, a pesar de las sentencias judiciales a favor de la impartición de la enseñanza de una determinada asignatura en castellano, solicitada por el alumno o sus padres, estas no se cumplen. El arrinconamiento del castellano también se está produciendo  en Valencia y Galicia donde, curiosamente, al igual que en las Islas Baleares, gobiernan partidos supuestamente constitucionalistas (PSOE y PP). 

No nos engaña el PSOE, pues manifestó públicamente en su Congreso de Granada su propuesta de reforma constitucional federal que perfeccione el carácter plurinacional del Estado. En esta operación parece que estamos, comenzando por Cataluña, cuyo resultado final será la consideración de naciones a los Países Catalanes (Cataluña, Valencia e Islas Baleares), País Vasco (actual País Vasco y Navarra) y, en su caso, Galicia. El resto de Comunidades Autónomas, ya se verá, de momento parece que importan más bien poco.

            El intento de modificar la Ley del Poder Judicial (este episodio se retomará si no alcanzan un acuerdo PSOE y PP para su renovación), la nueva Ley de Educación "Ley Celaá", y las anunciadas leyes de Seguridad Nacional y de Memoria Democrática contemplan un recorte de derechos y libertades públicas sin parangón en los Estados de Derecho de nuestro entorno. Resulta cuando menos chocante el estrepitoso silencio al respecto de los partidos de la Oposición y de la ciudadanía en general, con notables excepciones. Así como el 2 de mayo de 1808, con motivo del levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas acantonadas en la Villa, fueron dos modestos alcaldes, de Móstoles, quienes alzaron la voz apremiando a socorrer Madrid, el 3 de octubre de 2017 tuvo que ser el rey Felipe VI, ante la inacción del Gobierno de Rajoy, quien en su mensaje institucional apremiara a los poderes del Estado a asegurar el orden constitucional vulnerado por la Generalidad y el Parlamento de Cataluña.

Nos encontramos de nuevo ante una situación de intento de ruptura de la unidad de España y de recorte de derechos y libertades por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sin que los partidos de la Oposición movilicen a la ciudadanía ante semejante tropelía. Se hace por tanto necesaria la búsqueda de un auténtico líder que aglutine el Centro-Derecha y movilice a la ciudadanía.

            No hay mucho donde elegir. Frente a los partidos veteranos que, como todos aquellos que gobiernan demasiadas legislaturas, tienden al clientelismo y, al final, a la corrupción, el  único partido que supuso una brisa de aire fresco en la política española, Ciudadanos, ha sucumbido por los vaivenes de su entonces presidente Abert Rivera, veleta permanente, y por el desencanto que produjo en todo el territorio español la huida de Cataluña de la actual presidenta, Inés Arrimadas, tras haber ganado las elecciones catalanas en diciembre de 2017. En lo que respecta a VOX, su líder, Santiago Abascal concita animadversión tanto en Ciudadanos como en buena parte del electorado del PP.

            Nos queda, por tanto, el partido mayoritario de la Oposición, el PP, pero su líder Pablo Casado, muy blandito, carece de algunas cualidades imprescindibles en todo líder que se precie, en especial la ausencia de convicciones y principios firmemente asentados, como era el caso de Aznar. No nos engañemos, Casado no ganó las primarias en las que fue elegido presidente del PP porque los militantes que votaron lo vieran como un líder carismático, ganó porque los votantes no querían en ese puesto ni a Soraya Sáenz de Santamaría ni a Dolores de Cospedal, simplemente, Casado "pasaba por allí", y era el mal menor.

            ¿A quién recurrimos entonces?. Hay un elemento esencial para ganar una elecciones: LA ILUSIÓN. Este fue el caso en Cataluña con Inés Arrimadas en 2017: la ilusión que despertó en la ciudadanía no nacionalista se materializó en su victoria electoral en esas elecciones. Ciertamente la única persona que genera ILUSIÓN en todo el territorio nacional ahora mismo es la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que, además, ejerce una oposición al presidente Sánchez más contundente y clara que la que le corresponde a Pablo Casado como jefe de la Oposición. La sociedad civil española debería pedirle a Díaz Ayuso que, por el bien de España, se constituya en lideresa del Centro-Derecha, y al PP que no obstaculice esta operación.