Menudo revuelo se ha armado con las restricciones impuestas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en una Resolución publicada el 1 de octubre por la que se “perimetra” el área de Madrid (y de otros Municipios de la Comunidad con más de 100.000 habitantes). Claro eufemismo para decir que se confina dentro de estas áreas a la población residente en las mismas, limitando, de esta forma su libertad de movimiento por todo el territorio nacional. Una limitación que afecta a un derecho fundamental, recogido en el artículo 19 de nuestra Constitución y que, por consiguiente, sólo podría ser llevado a cabo en el seno de un estado de alarma previamente declarado (con las formalidades previstas en la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Pero conviene comenzar por el principio y desgranar el proceso que ha dado lugar a esta “curiosa” Resolución -por emplear un adjetivo suave- que puede ser catastrófica para quienes vivimos en Madrid.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud configura el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de Salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud. La citada Ley, en su artículo 73, atribuye al propio Consejo la aprobación de su Reglamento interno (aprobado en la sesión plenaria del 23 de julio de 2003) en cuyo artículo 14 se dice que los acuerdos tomados en Consejo se “plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Dicho de otro modo, no se encuentra prevista la aplicación de acuerdos tomados por mayoría, que es el régimen común para los órganos colegiados como es el caso del citado Consejo. A este respecto, el artículo 17.5 de la Ley 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público), indica que los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría de votos, de modo que, en este punto, surge la primera controversia en los siguientes términos ¿prevalece el Reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el citado precepto de la Ley 40/2015? Entiendo que sí por los siguientes motivos: i) el artículo 15 de la citada Ley, prevé la posibilidad de que los órganos colegiados de las distintas Administraciones públicas puedan establecer sus propias reglas de funcionamiento, y ii) como complemento de lo anterior debería prevalecer el Reglamento del Consejo sobre la norma general por tratarse de una “lex specialis” (para lo cual, resulta indiferente el rango de las normas en conflicto).

Y para rematar esta conclusión, resulta que la propia Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, (por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) relata, en su Preámbulo, otro acuerdo tomado el 14 de agosto, por consenso, lo cual es indicativo de que se somete a este sistema procedimental, a menos que su funcionamiento sea contradictorio en sí mismo (lo cual resulta absurdo). En consecuencia, resulta claro -al menos a mi juicio- que la citada resolución adolece de un vicio de nulidad absoluta, motivo por el cual puede ser impugnada ante los Tribunales de la Jurisdicción contencioso administrativa (parece ya claro que ante la Audiencia Nacional, pero no lo es tanto, por lo que luego se dirá), con la posibilidad añadida de poder solicitar su suspensión como medida cautelar o, incluso, cautelarísima que es lo que ya se ha hecho.

Sin embargo, queda en pie la cuestión relativa a la competencia para decidir medidas de ese alcance e imponerlas a una Comunidad Autónoma, puesto que aquí entra en juego un nuevo elemento, como es la distribución de competencias en materia sanitaria, entre el Estado y la Comunidad de Madrid. Cuestión que debe tomar, como punto de partida lo que dice nuestra Constitución en su artículo 149.1 (relativo a las competencias exclusivas del Estado) en cuyo apartado 16 incluye la Sanidad exterior, así como las Bases y coordinación general de la sanidad. Por tanto, la clave se encuentra en lo que pueda o deba ser entendido como “coordinación” que, a mi juicio no puede ni debe ser confundido con la toma de decisiones “en lugar” de la Comunidad Autónoma que tenga competencias sobre la materia. Este es el caso de la CAM, en cuyo Estatuto de Autonomía (aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,) se le atribuye competencia sobre “sanidad e higiene” (artículo 27.4) “en el marco de la legislación básica del Estado”, lo cual parece dejar la cuestión en el aire. No obstante, y como ya he dicho, la competencia exclusiva del Estado para “coordinar” no le permite subrogarse en la competencia para decidir medidas en lugar de la CAM, ya que tales medidas pertenecen a la competencia de la propia CAM, conforme a su Estatuto de Autonomía.

Para completar el panorama y complicar la cosa aún más, la CAM ha publicado las Ordenes 1273/2020, y 12734/2020, de 1 de octubre en ejecución de la Resolución de la misma fecha tomada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.[1] Se acata, por tanto, esta Resolución, pero en la última de estas Ordenes se hace constar el traslado de la misma a la Abogacía General de la CAM para que solicite la ratificación judicial de lo establecido en las mismas conforme a lo establecido en el artículo 10.8 de la LJCA. En este precepto se reconoce la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia (en este caso, el de Madrid) para conocer de “la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”. Mientras el Presidente Sanchez, dando muestras de su “valentía” y, para ejemplo de todos, se ha trasladado a La Toja para que no le afecte el confinamiento de Madrid, en una actitud que habla por sí misma.[2]

 Ahora, que decidan los Tribunales, pero parece claro que esta no es forma (por la ligereza con la que ha sido tomada la medida) de resolver asuntos tan graves como la crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos. De modo, que nada mejor que una despedida con las palabras de Sabina: Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir, aquí­ he vivido, aquí­ quiero quedarme … Pongamos que hablo de Madrid

 

[1] El contenido de estas Ordenes puede ser consultado en el Boletín Oficial de la CAM

 

[2] Vid el siguiente link, entre otros: https://okdiario.com/opinion/sanchez-toca-lira-desde-toja-mientras-contempla-como-consume-madrid-6225349