«No se han encontrado ni anotaciones contables relativas al pago de las contribuciones del Pazo de Meirás por el Ayuntamiento de Ferrol ni acuerdos sobre el momento en que ese pago empezó o dejó de hacerse por parte del Ayuntamiento», han respondido desde el Consistorio a la juez que tendrá que decidir sobre la propiedad del histórico inmueble gallego, por la que litigan el Estado y los herederos de Francisco Franco.

El Ayuntamiento de Ferrol ha contestado al oficio del juzgado para desmontar la prueba solicitada por la propia Abogacía del Estado cuya tesis central en el juicio -que arranca el próximo día 6 de julio– es que el bien sería de titularidad pública por usucapión. Esto es, una figura jurídica por la que el poseedor legítimo de un inmueble lo adquiere, de buena fe, tras ocuparse durante más de 10 años de todas las obligaciones generadas por el mismo.

En contra de lo que sostiene la Abogacía, el Ayuntamiento de Ferrol no efectuó ningún pago de la contribución del Pazo de Meirás, ni constata la existencia de acuerdo alguno en tal sentido. Así consta en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, remitido por el Consistorio a la juez del Juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña. El pasado mes de marzo, el ente municipal se dirigió por primera vez al tribunal para solicitar la ampliación del plazo inicialmente concedido por la magistrada.

 

El Ayuntamiento de Ferrol desmonta la tesis de la Abogacía: nunca pagó el IBI del Pazo de Meirás
Documento remitido por el Consistorio a la juez del Juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña

El abogado del Estado había hecho especial hincapié en esta prueba porque su argumento fundamental para reclamar la propiedad del Pazo es que Franco no poseía el Pazo «en concepto de dueño» y a estos efectos el hecho de que pagase la contribución, como sostiene la familia, demostraba todo lo contrario, es decir, que se comportaba y actuaba como dueño del Pazo: pagando los seguros de incendios, la contribución, declarando los rendimientos de la pequeña explotación agrícola del mismo en su declaración de la renta… De ahí la importancia para de demostrar que no fue el dictador quien pagó la contribución sino una Administración Pública.

Ahora, el Consistorio ferrolano reconoce por escrito y ante la juez que no lo pagó jamás. «Los recibos se giraban a Francisco Franco y los pagaba él», aseguran desde el comienzo del litigio sus nietos. «Todo parece provenir de una confusión porque el Ayuntamiento sí que pagó la contribución de la casa natal de Franco, que en su día se pensó quedársela como museo, pero a finales de los años 70 dejaron de hacerlo y de estar interesados en la misma», apunta el abogado de la familia.

El Ayuntamiento de Ferrol desmonta la tesis de la Abogacía: nunca pagó el IBI del Pazo de Meirás

Pólizas de Seguro

La juez que decidirá sobre la reclamación del Gobierno de Sánchez a la familia Franco y la sociedad PRISTINA S.L., propietarios del Pazo de Meirás, admitió como prueba, en la vista previa celebrada a comienzos de año, los documentos que acreditan que el dictador pagó a título particular todos los impuestos, seguros, contribuciones y rentas vinculadas al Pazo de Meirás, durante los más de 30 años que transcurrieron desde que adquirió el mismo hasta su fallecimiento, en 1975.

OKDIARIO publicó entonces, en exclusiva, las pólizas y declaraciones de IRPF. Un procedimiento en el que la familia tratará de acreditar que -en contra de la tesis de la Abogacía Pública y la de los letrados de la Xunta de Galicia- el Estado nunca atendió «los gastos vinculados a la propiedad» del histórico inmueble. Extremo que ahora confirman los técnicos del Ayuntamiento de Ferrol que niegan haber encontrado ningún documento acreditativo de ello.

Estos siempre «fueron asumidos y sufragados por Don Francisco Franco» y así «se incorporaron a sus preceptivas declaraciones» de rendimientos, ya que, como «propietario del inmueble», el dictador «tributaba» por los beneficios de «las explotaciones agrícolas y ganaderas» que se desarrollaban en el Pazo de Meirás «desde los años 40 del siglo pasado», indicaron los abogados de la familia en el escrito de contestación a la demanda presentada por el Gobierno, el pasado septiembre, en sede judicial.

Así lo acreditan todas las pólizas de seguro que Franco contrató sucesivamente a favor del inmueble. «Todas ellas» suscritas y pagadas por éste «a título personal».

Testigos

La disputa del Gobierno contra los Franco por el Pazo de Meirás ha irrumpido, además, en plena campaña electoral en Galicia. El juicio que enfrenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez con los herederos del dictador sobre la propiedad del histórico inmueble tendrá lugar en La Coruña durante los próximos días 6 a 10 de julio, y arrancará con las declaraciones de todos los testigos citados por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad.

Un total de cuatro historiadores -entre los que se encuentran Xosé Manuel Núñez SeixasCarlos Babío (autor del libro ‘Un Pazo, un caudillo, un expolio’, Manuel Pérez Lorenzo y Emilio Grandío, a propuesta de la Xunta- tratarán de convencer a la juez de que la compraventa en 1941 del Pazo de Meirás por Franco no fue válida y que, por lo tanto, sus hijos y nietos no lo han poseído de buena fe tras la muerte de éste.

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