Cuando alguien, porque así lo requiere la situación -ya sea por compromisos previamente adquiridos, por razones éticas o por motivos consuetudinarios- se ve en la obligación de dar explicaciones relativas a su forma de pensar o actuar y sistemáticamente se niega a hacerlo, resulta obvio que estamos ante un caso de dejación de responsabilidades y elusión de valoraciones o consecuencias adversas. Generalmente una persona se niega a debatir cuestiones ideológicas cuando siente que no tiene suficientes argumentos para sostener sus principios y postulados. Asimismo, un individuo se niega a poner en cuestión su actuación cuando se ve incapaz de defender los resultados obtenidos, por ser estos notablemente mejorables o definitivamente malos.

En el caso del Gobierno socialcomunista en general y de Pedro Sánchez en particular, ambos supuestos se conjugan. Así, hace solo unos días, la coalición PSOE-UP y las formaciones políticas separatistas y filoterroristas que la sostienen en el poder registraron un escrito por el cual requieren a la Secretaría General del Congreso de los Diputados que “tome las medidas necesarias para el buen funcionamiento de las ruedas de prensa” ante lo que consideran “intolerables faltas de respeto” por parte de diversos medios de comunicación. Es decir, que aquellos que han hecho del insulto a la oposición y la descalificación del disidente el mínimo común denominador de su discurso, pretenden limitar la libertad de expresión de todos aquellos periodistas que, en el legítimo ejercicio de su tarea informativa, formulan preguntas que les resultan incómodas por poner en tela de juicio las políticas que desarrollan o los resultados que obtienen. Con esto, vienen a demostrar, por un lado, su indisimulable oposición a la libertad de prensa y, por otro lado, la falta de argumentos que los unos presentan a la hora de defender su acción de gobierno y los otros a la hora de justificar su apoyo a dicha actuación.

Esta falta de principios morales y capacidad argumental se ha vuelto a poner de manifiesto recientemente con la negativa de P. Sánchez a la celebración del “Debate sobre el estado de la nación”, algo que no nos debe extrañar si tenemos en cuenta que ya durante el anticonstitucional segundo estado de alarma el “doctor cum fraude” se negó en redondo a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuentas de su gestión de la pandemia.

Así es que dado que P. Sánchez, en un ejercicio de cobardía directamente proporcional a su amoralidad e incompetencia, ha rehuido rendir cuentas ante la oposición en sede parlamentaria, no nos queda otro remedio que entrar a valorar unilateralmente el actual estado de la nación.

En el ámbito económico España se encuentra al borde de la quiebra técnica, con una deuda pública marcando máximos históricos, un déficit público desmesurado, una inflación descomunal, un precio de la luz insolentemente elevado debido en buena parte a la inacción del Gobierno, miles de empresas quebradas y una tasa de paro estructural que condena a la pobreza a buena parte de la población. Además, todo ello se produce con el agravante de enmarcarse dentro de una política impositiva confiscatoria que asfixia a las clases medias y ahuyenta la inversión, impidiendo así la reactivación de la economía. De hecho, la situación es de tal gravedad que son numerosas las voces expertas que señalan que nos encontramos en los prolegómenos de uno de los peores escenarios económicos posibles, el cual no es otro que el de la estanflación, es decir, estancamiento económico acompañado de crecimiento de la inflación. Sin embargo, mientras la economía se desploma y el Estado se desangra, el Gobierno socialcomunista acaba de aprobar unos presupuestos expansivos ligados a unas expectativas de crecimiento irreales, como han señalado tanto el Banco de España como la OCDE. La situación resulta aún más reprobable cuando comprobamos que una parte no desdeñable del gasto público es gasto político injustificado, como el destinado a sufragar las nóminas de los más de 1.200 asesores que tiene el Gobierno, la remodelación de las sedes de los sindicatos para comprar su silencio, el mantenimiento de chiringuitos ideológicos afines y los viajes de placer en el Falcon de P. Sánchez, familiares y amigos.

Por su parte, en lo que a temas estrictamente políticos se refiere nos encontramos con que España se halla en manos de aquellos que anhelan destruirla. Así, P. Sánchez, como una mosca atrapada en una tela de araña, se encuentra permanentemente condicionado por sus socios comunistas y absolutamente sometido al separatismo golpista y filoetarra.

De esta forma, el Gobierno de P. Sánchez, rendido al populismo radical de UP para seguir contando con su apoyo parlamentario, ha puesto en marcha una serie de políticas identitarias que solo conducen a la fragmentación y al enfrentamiento social. Este identitarismo divisivo se ha visto plasmado en la práctica con la promulgación de una serie de leyes con un marcado sesgo ideológico, como son la “Ley contra la Violencia de Género” -a todas luces discriminatoria por razón de sexo y que además obvia otras formas de violencia intrafamiliar, como la que se puede dar en el seno de parejas homosexuales- o la llamada “ley trans” -que desdibuja irracionalmente la naturaleza propia del ser humano, pudiendo provocar graves perturbaciones psicológicas en adolescentes inmersos en el proceso de consolidación de su propia personalidad”-. Asimismo, en su permanente intento de generar el caos social como medio para lograr sus objetivos, UP ha conseguido que el Gobierno de P. Sánchez renuncie a su misión de defensa del orden y persecución de la delincuencia, como se demuestra con la pretendida reforma de la “Ley de Seguridad Ciudadana”, la cual no hace otra cosa que disminuir la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fomentar la criminalidad.

Por lo que respecta a Cataluña, estamos asistiendo a un proceso de construcción nacional de carácter supremacista, el cual -tras el fracasado golpe de Estado y ante la carencia de identidad cultural e histórica- sitúa a la lengua catalana como eje vertebrador. En consecuencia, se está ejecutando en Cataluña una operación de “inmersión lingüística” que, más allá de procurar la extensión del uso del catalán, básicamente consiste en la eliminación del castellano en todos los ámbitos de la vida, si bien con particular ímpetu en el mundo de la enseñanza, como se refleja en la brutal campaña de acoso y derribo desarrollada por las fuerzas independentistas contra la familia de Canet de Mar que ha solicitado que su hijo reciba el 25% de su educación en español, acogiéndose al derecho que le asiste tal y como ha establecido el Tribunal Supremo. Ante esta situación de permanente hostilidad independentista, el Gobierno socialcomunista, en lugar de defender los intereses de la nación española y velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, lo que hace es destinar a Cataluña prácticamente la mitad del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, mientras negocia con los líderes independentistas la transferencia de hasta 56 competencias más, lo cual supone el definitivo desmantelamiento del Estado en territorio catalán. A la luz de lo expuesto, parece evidente que lo que está sucediendo en Cataluña no se debe al ímpetu, siempre escaso, de los felones, sino que tiene más que ver con la indecencia de un presidente como P. Sánchez cuyo proyecto político pasa fundamentalmente por mantenerse en el poder a cualquier precio.

En lo relativo al País Vasco, debido a que el Concierto Económico Vasco le proporciona un privilegiado tratamiento fiscal, el meollo de las negociaciones entre el Gobierno vasco y el Gobierno español actualmente se centra en todo aquello relacionado con ETA. Ello es así, porque el independentismo vasco, en este caso de tintes definitivamente racistas, para construir un relato mínimamente honorable necesita borrar su pasado por estar íntimamente ligado al terrorismo etarra, ya que, como bien dijo ese siniestro personaje que era Javier Arzalluz, mientras unos sacudían el árbol (ETA), otros recogían las nueces (PNV). En consonancia con este planteamiento, el Gobierno socialcomunista se ha embarcado en una política de intercambio de “votos por presos”, dando lugar a un bochornoso espectáculo, que ha alcanzado su punto álgido con el ignominioso discurso del siempre deplorable Odón Elorza. Así, el Gobierno de P. Sánchez ha transferido las competencias en materia de Prisiones al Gobierno vasco, con los consiguientes beneficios penitenciarios para los presos etarras. A su vez, en lugar de prohibir los homenajes a los terroristas liberados, el Gobierno socialcomunista, pretende banalizar el mal causado por ETA, para lo cual, mostrando un grado máximo de indigencia moral, no ha dudado en tildar de “hombre de paz” a un personaje como Otegi, condenado por terrorismo, ensalzando asimismo las inexistentes cualidades democráticas de una organización filoterrorista como es Bildu.

En definitiva, con su interesado sometimiento a los enemigos de España, P. Sánchez ha demostrado hallarse en el noveno círculo del infierno, ese que Dante Alighieri reservó para los traidores.