El Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que indica que, en un sistema democrático, no se puede aplicar la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”, porque “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”. La resolución fue emitida por la Sala V, de lo Militar, para resolver un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Militar Central, que estimó a su vez el recurso presentado por un guardia civil contra la sanción de reprensión que le impuso el jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por una falta leve de desatención del servicio.

 

La sentencia comentada indica que en un sistema democrático “prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad”, ya que “nadie está por encima de la ley”. Esa afirmación es totalmente acertada, pues se ajusta a las reglas básicas que rigen el funcionamiento del sistema jurídico español.

 

Diversas normas son las que hablan del obligado cumplimiento del ordenamiento jurídico. Principalmente, debe destacarse el artículo 9.1 de la Constitución, que establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, aunque hay otros preceptos de la misma norma, como los artículos 103 y 117, que se refieren a la vinculación legal de la Administraciones Públicas y de los jueces, respectivamente.

 

La idea que se encuentra detrás del razonamiento del Tribunal Supremo es muy sencilla. Las leyes son aprobadas por los Parlamentos, entre los que se incluyen el estatal y los autonómicos, y, como los parlamentarios que los componen son los representantes elegidos por los ciudadanos a través de votaciones periódicas, libres, iguales, directas y secretas, se entiende que las mismas leyes han sido verificadas por los propios ciudadanos, entre los que se debe existir una plena igualdad ante las normas.

 

Toda estructura jerárquica, con independencia de su naturaleza pública o privada, deberá respetar siempre el ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus funciones, sin que sea posible admitir la imposición de órdenes cuyo cumplimiento genere resultados prohibidos por las normas aplicables. De este modo, se consigue garantizar que los mandatos particulares no sean contrarios a las leyes, que han sido aprobadas por representantes legítimamente elegidos.