En este artículo no pretendo añadir nada a lo que ya se ha dicho y escrito sobre la salida de España del rey emérito Juan Carlos I. En el mismo solo trato de ofrecer mis reflexiones personales sobre los pros y los contras de realizar ahora un referéndum dicotómico entre monarquía o república. Unas reflexiones que llevo haciéndome desde que murió el general Franco en el año 1975. En aquel momento defendí que una monarquía que no respetaba el orden sucesorio, no era una monarquía legítima. A su vez, también consideré que una monarquía instaurada por una dictadura era incompatible con una democracia, aunque el monarca impuesto renegara rápidamente de los principios fundamentales que juró respetar y defender, como así sucedió. Asimismo, me pareció que el procedimiento elegido para conferir un barniz democrático a la monarquía (introducirla en la carta constitucional para su refrendo posterior por el pueblo español) no era el más apropiado. Entonces, y ahora también, defendí que antes de aprobar la nueva carta constitucional hubiera sido necesario la celebración de un referéndum en el que se preguntara a la ciudadanía si prefería que España fuera una monarquía o una república. ¿Tiene sentido celebrar ese plebiscito hoy, tal y como exigen los jefazos de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno? Rotundamente, creo que no es el momento si lo que se pretende es democratizar la jefatura del estado. En un caldo de cultivo como el actual, en el que los líderes políticos que solicitan ese referéndum actúan como césares autoritarios y excluyentes para imponernos un falso relato de la historia mediante el control de los medios de comunicación, resulta imposible que pueda nacer un régimen político más democrático que el que tenemos.

Estoy de acuerdo con Spengler cuando en su obra titulada “La decadencia de occidente” (vol. I, 1918; vol. II, 1922), afirmó que el cesarismo político es un fenómeno que se produce en todos los sistemas democráticos porque es consustancial a la propia democracia, pero al mismo tiempo es el germen de todas las dictaduras. Dicho autor se quejaba entonces de que la lucha electoral suele ser una guerra civil en la que cada jefe de partido utiliza las armas más perversas para que el lobby del que depende consiga el poder y se perpetúe en el mismo. En las democracias cesaristas el líder de los partidos se apoya en séquitos de aventureros sin escrúpulos para los que el pueblo es solo un objeto al que hay que conquistar y adormecer. El proceso para conseguir el objetivo siempre es el mismo: al principio, se elabora un programa y se hace ver que el líder está al servicio de ese programa; luego, el contenido del programa se olvida y en su lugar adquiere importancia el control del relato y de los tribunales de justicia; finalmente, el programa desaparece del recuerdo y la organización labora por sí sola (vol. II, págs. 537-570).

Suele existir un amplio grado de acuerdo entre los estudiosos del tema en que las fuentes teóricas en que se basan quienes pretenden la ruptura definitiva de la democracia liberal tal y como había sido entendida a partir de la revolución francesa, son el marxismo, el existencialismo, el estructuralismo y el postmodernismo. “Fue en la década de los años sesenta y setenta del siglo XX cuando las élites occidentales abdicaron definitivamente de sus orígenes… Los valores de la cultura occidental, como la aceptación crítica del pasado y la permanente evolución cultural, que servían para tomar lo existente como punto de partida e ir incorporando elementos nuevos, dieron paso a la idea de que la sociedad debía ser construida partiendo de cero. Ya no se trataba de matizar y perfeccionar el conocimiento de los hechos, como hacían los historiadores más rigurosos, sino de reescribir la historia por completo y de establecer la creencia de que nada sucedió como nos lo habían contado” (J. Benegas, “La ideología invisible, 2020, pág.72). Es en ese contexto teórico en el que se justifica la necesidad de aprobar una ley de memoria histórica que permita interpretar la historia al gusto de los césares con mando en plaza, tachar de esclavistas a los personajes históricos mediante el bochornoso recurso de juzgar los hechos del pasado con pautas éticas actuales, y para expulsar del juego político a quienes no aceptan las falsas y mitológicas identidades, creadas por los nuevos césares sin ninguna base científica, mediante el fácil recurso de cargarles el sambenito de fascistas.

Según Kaiser, los dogmas de esta doctrina populista son el empoderamiento de la mujer sobre el hombre, la defensa de las identidades sexuales entendidas no como un fenómeno biológico sino como una construcción social y la aceptación acrítica de estos mitos: el macho opresor, el esclavismo histórico propiciado por el hombre blanco y la negación teórica de las diversidades individuales (La neo-inquisición, 2020). Esta negación motiva que incluyan a las personas con algún tipo de discapacidad en esferas sociológicas concebidas y estructuradas por y para las personas que se sitúan en el centro de la clásica campana de Gauss, o que la meritocracia deje de ser un criterio válido para el desempeño de puestos relevantes. “Ese falso igualitarismo, que busca nivelar a las personas a través de la ley en lugar de hacerlas iguales frente a la ley, ha sido siempre la ideología más destructiva de la democracia” (A. Kaiser: La tiranía de la igualdad, 2020, pág. 143). A esos dogmas habría que añadir este otro: la implementación del discurso del odio contra quienes discrepan de las verdades tenidas como tales por los nuevos césares de la política populista, mediante el control de la mayor cantidad posible de medios de comunicación, lo cual conlleva la pérdida de la libertad de expresión y, como corolario, la anulación de la democracia liberal.

Como es bien sabido, en nuestro país esa ideología la utilizó el gobierno de Rodríguez Zapatero para cuestionar el proceso democrático surgido con la muerte del general Franco, en 1975, y para iniciar el proceso de la ruptura de la unidad de España. Sin embargo, ese cesarismo iconoclasta y rupturista con los valores básicos de la cultura occidental jamás se había manifestado de forma tan virulenta y pestilente como está ocurriendo actualmente en nuestro país. No hay que ser muy críticos ni muy inteligentes para percatarse de que el objetivo de los dos caciques que controlan el consejo de ministros no es el de modernizar y democratizar la jefatura del estado, sino la demolición del régimen surgido de la Constitución de 1978 para transformarlo en una república cesarista de corte bolivariano, en la que los dos principios fundamentales de la cultura democrática occidental (el respeto de la propiedad privada y la aceptación del libre-mercado  como base de la economía) desaparecerían del horizonte jurídico, siendo sustituidos por los dogmas mencionados en el párrafo anterior. Es bastante obvio que un referéndum promovido por los líderes que apoyaron la investidura de Sánchez como presidente de gobierno, en el que haya que optar por la monarquía o por la república, sería un plebiscito tramposo, ya que en el supuesto de que gane la opción republicana solo serviría para imponernos un nuevo régimen político cuyos fundamentos coincidirían milimétricamente con los descritos a lo largo de este artículo. Desde mi punto de vista, lo sensato sería plantear un cambio parcial de la actual Constitución, referido a los ámbitos que se han quedado obsoletos, respetando el procedimiento que la propia carta constitucional determina. Es en ese contexto reformista y respetuoso con la legalidad vigente donde deberían plantearse los cambios que se consideren oportunos en relación a la jefatura del estado. En el actual infecto y demagógico magma político en el que nos tienen sumidos, prefiero una democracia coronada, a pesar de ser yo un republicano convencido, antes que una democracia cesarista, neocomunista y bolivariana.