Siempre hemos sabido del odio visceral de la maldita “podemía” y sus marcas afines hacia las fuerzas del orden, las fuerzas armadas y todo aquello que represente el imperio de Ley que, de acuerdo con sus sectarios principios ideológicos, constituyen un peligro para el ejercicio de las libertades del pueblo.

Evidentemente, como buenos bolcheviques, tales principios cambian de forma radical en cuanto llegan al poder en cuyo caso, excusándose en la falacia de que tanto la policía como los ejércitos son populares, crean un Estado policial puro cuyo sustento, al más rancio estilo dictatorial, lo constituyen, precisamente, tanto las fuerzas de orden público, como las fuerzas armadas.

Sin embargo, mientras permanecen en la oposición o incluso cuando forman parte minoritaria del gobierno, utilizan el discurso de la represión policial como argumento para ganarse el voto de los idiotas y de los marginales a los que les prometen todo tipo de libertades como instrumento falaz para hacerse con el poder.

Ejemplos hay muchos, especialmente en Hispanoamérica donde países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, Perú y suponemos que en breve Chile son fieles ejemplos de lo que decimos, en los que sus fuerzas del orden y sus ejércitos son los garantes no solo de la merma de libertades del pueblo y de todo aquel que no comulgue con la ideología inquisitorial del régimen, sino también el soporte de las corruptelas de sus gobiernos.

De todas formas, tampoco tenemos que irnos tan lejos. No podemos olvidar lo sucedido tras el triunfo amañado y fraudulento del frente popular en las elecciones de febrero de 1936 que trajo consigo la extrema politización de una parte de las Unidades de Asalto del Cuerpo de Seguridad a las que accedieron un buen número de elementos procedentes de las juventudes socialistas y que luego, convertidos en comités revolucionarios del Cuerpo, pasaron a cuchillo a muchos de sus Jefes y Oficiales como sucedió en Valencia, eso sin contar que una parte de los asesinos de Calvo Sotelo procedían de sus filas.

Y como ahora no podía ser menos, nos encontramos con ese proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana vigente, mediante el cual las fuerzas de seguridad se verán desprovistas de una buena parte del principio de autoridad para beneficio de la delincuencia en general, los ilegales, los ocupas, los perroflautas y todo el lumpen tan próximo a la miserable “podemía”.

Estas modificaciones, de consuno con los socialistas -el partido más corrupto que ha dado la historia reciente de España-, provocarán, caso de aprobarse, cosa que no dudo que sucederá habida cuenta de quienes están presentes en el Congreso -golpistas, filoterroristas, traidores a la Patria, etc.-, una importante merma en las capacidades de la Policía que redundará en perjuicio de los ciudadanos de orden en general.

La inseguridad jurídica que provocará la entrada en vigor de estas modificaciones, así como la discrecionalidad en la aplicación de la nueva normativa constituirán serios obstáculos para dar fiel cumplimiento de la legalidad vigente, lo que provocará serios impedimentos para que las fuerzas del orden cumplan con su función de garantes del ejercicio de las libertades de la ciudadanía.  

Dentro de las modificaciones previstas destacan, entre otras, la limitación drástica de los medios antidisturbios utilizados por la Policía para disolver algaradas, movimientos sediciosos o concentraciones de carácter ilegal lo que implicará que mientras las fuerzas del orden no podrán recurrir más que al “cuerpo a cuerpo” para enfrentarse con los revoltodos, que siempre los superarán en número, estos seguirán valiéndose de cualquier medio agresivo contra los actuantes -piedras, vallas, botellas incendiarias, bolas de acero, etc.- como vienen haciendo hasta la fecha.

De esta forma, tipejos como el macho alfa, otrora el de la melena sucia, podrá emocionarse, una y mil veces, al ver como sus huestes de indeseables delincuentes patean a un policía.

También, dentro de estas perversas modificaciones, destaca la que pone en duda la credibilidad del atestado policial o lo que es lo mismo la veracidad del aporte documental del policía actuante lo que, en la práctica, supone que para poder practicar una detención o presentar a un presunto delincuente ante la Autoridad judicial hará falta una suerte de segunda opinión, como en una revisión médica, que avale la denuncia del actuante, en consecuencia el principio de autoridad que respalda las acciones de la policía quedará difuminado, inmerso en una especie de limbo legal.

Sin duda esta modificación permitirá que delincuentes como el de las rastas o aquella individua podemita que agredió a una policía en Madrid se vayan de rositas al no dar credibilidad al testimonio policial, salvo que se aporten testigos que avalen el atestado.

Otra innovación que pretenden introducir en el nuevo texto legal es la de tener que justificar cualquier cacheo rutinario que se pretenda hacer, como si tratar de localizar un arma blanca o de fuego entre las ropas de un individuo que se considera sospechoso no sea justificación bastante para realizar tal diligencia.

Esta gentuza no sabe, aunque yo creo que sí, que cuando se realiza un cacheo no se hace por rutina ni con el ánimo de molestar a nadie, se hace simplemente porque existen indicios, aunque sea por ese sexto sentido policial, que indican que el cacheado no es trigo limpio y gracias a eso se han recuperado muchos efectos sustraídos, se han evitado males mayores y la comisión de muchos delitos.

También van a quedar fuera del ámbito de esta Ley las sanciones por tenencia de sustancias estupefacientes, siempre y cuando se puedan amparar en la falacia de que su destino es para uso y consumo propio, sin que se especifique cual es la cantidad no sujeta a sanción ya que puede darse el caso de que, intervenida un cantidad importante de sustancia en poder de un consumidor, este argumente que ante el riesgo de desabastecimiento, como en el caso del papel higiénico, o simplemente porque la compra al por mayor le sale más rentable adquirió una mayor cantidad.

Otro aspecto hecho a la medida de la “podemía” y sus afines es el relacionado con las sanciones a imponer a los infractores, si es que los hay, que irán en función de su capacidad económica con lo cual a cualquier “perroflauta” o ilegal le saldrá muy barato cometer cualquier infracción o saltarse la norma a la torera ya que su responsabilidad económica será mínima.

De igual modo, a partir de que estas modificaciones entren en vigor, cualquier ciudadano, delincuente o no, terrorista o no, podrá grabar sin cortapisas la imagen de cualquier servidor del orden con el riesgo que ello entraña de ulteriores represalias incluso a las familias de los actuantes.

Todo ello, provocará que las fuerzas del orden antes de actuar se lo piensen dos veces en evitación de asumir riesgos innecesarios lo que irá en detrimento, como hemos señalado, de la gente de orden que se verá notablemente desprotegida, en beneficio del lumpen y de la delincuencia en general que campará a sus anchas.

Es posible que el imbécil ese de la pluma blanca traté con esta medida de atraerse el voto de un sector determinado de la población, especialmente los más jóvenes, con el fin de mantenerse en el machito; sin embargo, el objetivo que persigue la maldita “podemía” es el de hacerse con el poder para convertir a España en una dictadura bolchevique-bolivariana a imagen y semejanza de esos países hispanoamericanos, siguiendo las consignas del grupo de Puebla y del foro de Sao Paulo.

Es posible que haya llegado el momento de decir basta a todos estos atropellos que solo benefician a los delincuentes.