Como consecuencia de la indignación provocada en la ciudadanía por los numerosos caso de corrupción en los que estaban inmersos tanto el PSOE como el PP, los dos grandes partidos políticos que desde la transición han venido alternándose en el poder, surgió en marzo de 2014, un nuevo partido político con el nombre de Podemos. La recién nacida formación rápidamente se posicionó en el espectro político como el partido de la “gente” harta de la corrupción de los partidos tradicionales, los cuales, junto a los grandes empresarios, venían a constituir la “casta” corrompida por la fuerza del poder y el dinero.

Causa sorpresa que un partido con un discurso radicalmente posmarxista -es decir, populista, colectivista, identitario, demagógico y maniqueo- fuera considerado por la caverna mediática de la izquierda, secularmente vinculada al PSOE, como la formación que había venido a nuestro país para cambiar la forma de hacer política y desterrar para siempre la corrupción. De hecho, en el colmo del disparate, algunos periodistas, por supuesto con una falta de objetividad a prueba de bombas, definieron a Podemos como el partido de la regeneración democrática y a su secretario general, Pablo Iglesias, como paladín de los desfavorecidos y látigo de los corruptos.

La sorpresa inicial no fue sino la antesala del estupor al comprobar que este sujeto, de aspecto desaliñado y verborrea macarra, no solo era un firme defensor del chavismo bolivariano, sino que, como puso de manifiesto el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) había recibido de la dictadura teocrática de los ayatolás iraníes -bien de forma directa, bien a través de su productora televisiva 360 Global Media-,  la nada despreciable suma de 9,3 millones de euros, con la finalidad de contribuir a la desestabilización de los países occidentales mediante la consolidación de partidos de izquierda radical.

A pesar de ello y gracias al altavoz proporcionado por la izquierda mediática junto a una muy hábil utilización de las redes sociales, el caso es que su discurso rupturista caló en una parte de la población particularmente desencantada con el bipartidismo, de tal forma que en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015 Podemos consiguió el 20,68% de los votos, logrando así 69 escaños en el Congreso de los Diputados.

Con el paso del duro activismo callejero y asambleario al confortable hemiciclo con sus siempre cercanos círculos financieros, algo comenzó a cambiar, no en el discurso, que continuó por la senda populista, pero si en la manera de conducirse en la sombra de sus dirigentes, los cuales comenzaron a avanzar en el nada sinuoso proceso de mutación de gente en casta. Y es que, como era de esperar, la corrupción llamó a la puerta de Podemos y por todos es sabido lo difícil que resulta resistirse a los homéricos cantos de sirena.

De esta forma, el manto de la corrupción comenzó a cubrir a la formación morada y así lo puso de manifiesto José Manuel Calvente (JMC), a la sazón coordinador del Equipo Jurídico y responsable de Protección de Datos de Podemos, cuando, en octubre de 2019, remitió al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una denuncia interna en la que refería la existencia de irregularidades financieras en el seno del partido. Tras esta denuncia, concretamente a principios de diciembre de ese mismo año, JMC fue despedido y tres días después P. Iglesias aseguraba que dicho cese se debía a que el interesado había acosado sexualmente a Marta Flor, abogada del partido, dándose la paradoja de que el expediente que justificaba el despido se inició con posterioridad a su cese. Obviamente JCM negó tales acusaciones, lo cual no impidió que Marta Flor presentara una querella contra el mismo por los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones. Finalmente la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa Mª Freire, a instancias de la fiscalía, dictó un auto por el que se decretaba el sobreseimiento de la causa al no encontrar indicios de delito, entendiendo la juez que el despido se debió a “una lucha de poder interno”.

Este caso ilustra elocuentemente la maquiavélica forma de proceder de la cúpula de Podemos, pues demuestra fehacientemente que son capaces de llegar al extremo de intentar hundir socialmente a una persona con la espuria finalidad de tapar sus fechorías.

Evidentemente, cuando la degradación moral entra en una casa es para quedarse y el siguiente caso pronto llegó a los juzgados. Así, dentro de la investigación al comisario José Manuel Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, intentaba establecer quién había robado el móvil de la asesora de Podemos Dina Bousselham para filtrar datos comprometedores para P. Iglesias, como, por ejemplo, comentarios machistas sobre la periodista Mariló Montero que aparecieron en okdiario. Ante tal situación, Podemos se presentó como perjudicado en la causa, significando que estaba siendo víctima de las “cloacas del Estado”. Sin embargo el caso dio un giro copernicano cuando el juez descubrió que la tarjeta del teléfono de Dina llegó al Grupo Zeta y éste, por medio de Antonio Asensio, se lo entregó a P. Iglesias. El líder podemita retuvo la tarjeta varios meses, como él mismo reconoció, para finalmente entregársela, eso sí, completamente destruida, a la propia Dina. Posteriormente, en una de sus comparecencias ante la Audiencia Nacional, Dina reconoció que ella misma había realizado pantallazos de su móvil, para luego difundirlos, con lo que venía a negar que fuera el comisario Villarejo el que entregara los chats de Dina a okdiario. Como consecuencia de todo ello el juez retiró a P. Iglesias la condición de perjudicado en la causa, siendo, de esta forma, expulsado como acusación particular por no respetar las reglas de la buena fe procesal.

En definitiva, P. Iglesias, antes de las elecciones de abril de 2019, se presentó ante los ciudadanos como una víctima de lo que denominó “policía patriótica”, cuando en realidad sabía que no era así, por lo que al fraude de ley añadió el fraude electoral, en una clara demostración de una falta absoluta de escrúpulos y un desprecio total a los ciudadanos.

Con todo, estos dos escándalos judiciales no fueron más que el desagradable anticipo de lo que estaba por llegar, esto es, la existencia de claros indicios de irregularidades financieras en el seno de la formación morada. Así, el Tribunal de Cuentas (TdC), en julio de 2020, emitió un informe en el que se señalaba que Podemos presentaba pagos irregulares, así como contratos no justificados relacionados con las elecciones generales de abril de 2019. En total los gastos irregulares ascendían a 425.037 euros, de los cuales destacaba una partida por valor de 363.000 euros entregada a la empresa Neurona Consulting, la cual, vinculada a la izquierda latinoamericana, había realizado trabajos para los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales. El TdC constató que la documentación aportada por Podemos no acreditaba la prestación real de servicios por parte de la citada empresa, dándose además la circunstancia de que Podemos ordenó contratar a la filial española de NC un mes antes de que ésta se registrara en España, como se demuestra en un borrador del contrato definitivo. Para empeorar las cosas el Sepblac descubrió que la mayor parte de este dinero acabó en una empresa tapadera mejicana, llamada Creative Advice Interactive Group, que apenas tenía actividad. Todo lo expuesto llevó al TdC a considerar que Podemos había cometido falsedad en documento mercantil, por considerar ficticia la contratación de NC.

La investigación del TdC se vio acompañada por la presentación de una denuncia, sólidamente documentada, por parte de JMC contra Podemos, en la que se desvelaba la existencia de una trama corrupta dentro del propio partido, todo lo cual llevó al juez del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escamilla, a imputar a Podemos como persona jurídica, así como a tres altos cargos del partido (concretamente a Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicaciones de Vicepresidencia del Gobierno, Daniel de Frutos, tesorero de Podemos y Rocío Val, gerente de Podemos) por administración desleal y malversación de fondos, poniéndose así de manifiesto, una vez más, el elevado grado de fraudulenta hipocresía que impera en el partido morado.

Ante tal avalancha de líos judiciales, Podemos no solo ha sido incapaz de dar a la ciudadanía unas explicaciones mínimamente razonables de lo acontecido en sede judicial, sino que ha basado su defensa en una continua y vergonzante descalificación de jueces y medios de comunicación no afines, en el más puro estilo chavista. Pero es que, como dijo Víctor Hugo en Los miserables, “Hay personas que observan las reglas del honor como quien observa las estrellas, desde muy lejos” y, a tenor de los acontecimientos, parece ser que ese es el perfil de las personas que están instaladas en la cúpula podemita.

En conclusión, Podemos, el partido que según la monserga progresista había nacido para regenerar la democracia, nada más comenzar a disfrutar de las mieles del poder, se convirtió en el partido de la degeneración de la política, cosa, por otra parte, nada sorprendente si tenemos en cuenta que P. Iglesias, su líder indiscutible desde la Asamblea de Vistalegre II, no es otra cosa que el resentido hijo de un terrorista que tiene en las cloacas su hábitat natural.