Se ha difundido información relativa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con la que se han resuelto los recursos de apelación interpuestos por los abogados de la defensas de los tres ex futbolistas de la Arandina, condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de agresión sexual cometidos contra una chica menor de 16 años. El tribunal ha estimado íntegramente el recurso de apelación de Raúl Calvo y parcialmente las peticiones de Carlos Cuadrado y de Víctor Rodríguez, ya que el órgano jurisdiccional que ha revisado la sentencia dictada en la primera instancia considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual cometido en la persona de una joven menor de 16 años y ha apreciado como circunstancias atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima. De ese modo, ha condenado a las penas de cuatro años de prisión a Carlos y de tres años a Víctor, con las penas accesorias de: inhabilitación especial para el derecho al sufragio; prohibición de que se comuniquen por cualquier medio o instrumento informático o telemático contacto, escrito, verbal o visual con la menor; prohibición de acercarse a ella, a su domicilio, colegio y a cualquier otro que sea frecuentado por la víctima a una distancia inferior a mil metros y durante un periodo de ocho años; libertad vigilada por un período de cinco años; e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior a tres años al de la duración de la penas de privación de libertad impuestas respectivamente.

Hay que tener en cuenta que los tres chicos acusados por el Caso Arandina fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos con la pena de prisión de 38 años para cada uno por la comisión de tres delitos de agresión sexual contra una joven, ya que se consideró a cada uno autor de un delito de agresión sexual y cooperador necesario de los delitos contra la libertad sexual de la víctima cometido por los otros chicos, basándose el tribunal, únicamente, en el testimonio de la víctima, que presentaba lagunas y defectos de coherencia. De este modo, se utilizó el razonamiento sugerido como más correcto en la Sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 4 de julio, que tuvo que resolver el caso de la Manada de un modo distinto por lo que el Tribunal Supremo entendió como un error del Ministerio Fiscal, que solicitó en el caso desarrollado en Pamplona penas más bajas por considerar que hubo un solo delito continuado por parte de los acusados.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, según la nota de prensa difundida, no considera probada la existencia de intimidación, al apreciar las contradicciones que se ponen de manifiesto entre su declaración, en la que atribuye los actos sexuales que hizo con los tres condenados al bloqueo causado por el miedo, y la conducta observada tanto en los momentos anteriores, en los que intercambió mensajes de contenido sexual con uno de ellos y aceptó acompañarle a su casa el día siguiente, como en los inmediatamente posteriores, en los que abandonó el salón para mantener voluntariamente una relación sexual completa con uno de ellos en una habitación contigua, alardeando posteriormente ante sus amistades. Esas contradicciones dejan expuestas fisuras en la credibilidad de la declaración de la víctima, que no se ve corroborada por los elementos periféricos a la misma, ya que las declaraciones testificales transmitiendo lo que les relató la propia menor y los mensajes telefónicos cruzados en un primer momento no permiten afirmar que en el salón de la casa la chica actuara contra su voluntad al estar atenazada por el miedo generado por intimidación ejercida por los chicos investigados, de modo que la versión que la víctima transmitió luego a sus padres y a la orientadora que le trataba en Madrid con posterioridad y que se presentó por el Ministerio Fiscal en el juicio no parece ajustada a la realidad.

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es más adecuada que la dictada por la Audiencia Provincial de Burgos. Las razones son claras, pues la resolución del Tribunal Superior de Justicia descarta la intimidación que fundamenta la sanción por agresión sexual y condena a dos de los acusados y condenados en la primera instancia por un abuso sexual sobre la menor que encuentra su causa en la falta de validez del consentimiento sexual prestado por las personas menores de 16 años conforme al artículo 183 del Código Penal.

Es cierto que, por el artículo 183 quater del Código Penal, que establece que “El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez”, podría haberse justificado, ante la existencia de consentimiento de la niña, la absolución, ya que los jóvenes investigados eran muy próximos a la menor por la edad y por el grado de madurez. Sin embargo, no parece un error aplicar únicamente una circunstancia atenuante por ese precepto en relación con el artículo 21.7º de la misma norma, que siempre será mejor que un castigo por agresión sexual partiendo de una declaración escasamente consistente de la víctima sobre la existencia de la intimidación, que permitió que la Audiencia Provincial de Burgos impusiera penas de prisión de 38 años que han quedado sin efecto.