Tras el fallido golpe de Estado perpetrado el 1-O de 2017 por los partidos independentistas catalanes, el Rey Felipe VI salió el 3-O al rescate del orden constitucional vigente, pronunciando un discurso en el que, sin aludir en ningún momento a la cobarde monserga del diálogo con los sediciosos, garantizó la unidad de la nación española. El discurso tuvo un efecto movilizador extraordinario, hasta el punto de que unos días después más de un millón de personas –hasta ese momento enmudecidas por la dictadura silenciosa que siempre ejercen los partidos nacionalistas sobre la ciudadanía- inundaron las calles de Barcelona  portando banderas españolas al grito de ¡Viva el Rey! y ¡Viva España!

El PP, sin entender el profundo calado de los acontecimientos acaecidos, no supo aprovechar que el viento había girado, para soplar a favor del constitucionalismo, que ellos junto a otras voces defendían, y solventó el asunto con un par de discursos faltos de pasión y enjundia, mostrándose nuevamente incapaz de afrontar de una vez por todas la batalla ideológica y plantar cara a la supuesta supremacía moral de la que alardean tanto las izquierdas como los nacionalistas de toda índole y condición.

Sin embargo, los partidos independentistas catalanes y vascos, así como la izquierda radical, con Podemos a la cabeza, entendieron perfectamente que la monarquía constituía la clave de bóveda de la estructura constitucional del Estado español y, más allá de todo eso, supieron ver que era el elemento aglutinador del conjunto de la ciudadanía españolista, constitucionalista y democrática. En consecuencia, la campaña de acoso y derribo de la Corona, que ya venía desarrollándose por parte de dichos grupos adictos al conflicto, no hizo sino recrudecerse, dividiendo, ya de manera irreversible con su estrategia frentista, al conjunto de la ciudadanía española.

No debe extrañar a nadie, por tanto, que tras las elecciones generales de noviembre de 2019, Pedro Sánchez, una vez investido presidente de la nación, contraviniendo todas y cada una de sus promesas electorales, formara un gobierno de coalición PSOE/Podemos de inevitable carácter socialcomunista, siempre dependiente del apoyo, nada gratuito, de partidos nacional-separatistas, como el PNV, nacional-golpistas, como ERC y filoterroristas, como Bildu. Todo ello ha supuesto el advenimiento de un nuevo Frente Popular, semejante al constituido en 1936, cuyas infaustas consecuencias son de sobra conocidas por toda persona mínimamente documentada.

Desde su conformación el nuevo Frente Popular no ha hecho otra cosa que intentar por todos los medios posibles menoscabar el crédito de la monarquía y realzar el valor de la república, con la inequívoca finalidad de demoler el régimen de 1978 –aprobado de forma abrumadoramente mayoritaria por el conjunto de los españoles en el referéndum para la ratificación de la Constitución- y así eliminar la monarquía parlamentaria e instaurar una república plurinacional y socialpopulista.

En realidad actualmente el debate entre monarquía y república es puramente artificial y estéril, dado que en los países desarrollados las monarquías han adquirido la forma de monarquías parlamentarias, caracterizadas, como señaló Adolphe Thiers, por el principio de que “el rey reina pero no gobierna”, razón por la cual son conceptualizadas por distintos politólogos como “repúblicas coronadas”. Así, según la Constitución española, el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española, ostentando asimismo la más alta representación en materia de relaciones internacionales, mientras que al presidente del Gobierno le corresponde la toma de decisiones en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, dado que en todo régimen parlamentario la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno no recaen en la misma persona, la principal diferencia es que en las monarquías parlamentarias la elección de la jefatura de Estado se rige por el principio hereditario, mientras que en las repúblicas parlamentarias el jefe de Estado es elegido por el propio parlamento. En cualquier caso, ambos sistemas de gobierno son igualmente democráticos y, por tanto, legítimos, si bien en España la figura del Rey representa la tradición y tiene, por ello, un carácter consuetudinario, situándose así por encima de controversias partidistas ocasionales, facilitando todo ello que pueda actuar como moderador en situaciones de elevada tensión entre diferentes formaciones políticas, como así han dejado señalado pensadores de la talla de Benjamin Constant o Max Weber. La demostración de las bondades de las monarquías parlamentarias y su encaje con la democracia se ve reflejada en el Democracy Index elaborado por The Economist, según el cual de los 20 países más democráticos del mundo 9 se corresponden con monarquías parlamentarias, ocupando Noruega el primer lugar de la lista y España un meritorio 17º puesto.

A pesar de todo ello, los ataque a la monarquía por parte de los enemigos internos de España han continuado de forma incesante, hasta el punto de que Podemos ha pedido sea despenalizado el delito de injurias a la Corona, con la evidente intención de así, desde su demostrada maldad, poder insultar al monarca desde la más absoluta impunidad. El último episodio en este asedio a la monarquía ha tenido lugar al vetar el Gobierno la presencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona, con la peregrina excusa de que ello servía para velar por la convivencia en Cataluña. Finalmente el acto fue presidido por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el cual, en su discurso, aparte de lamentar la ausencia del monarca, vino a poner de manifiesto que “la presencia del Rey (…) va mucho más allá de lo protocolario, tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la Ley en beneficio de todos los españoles”.

Ante tal muestra de apoyo por parte de tan alto dignatario los aullidos de podemitas e independentistas, con la aquiescencia de P. Sánchez, se oyeron hasta en Sebastopol, ya que lo sucedido volvía a poner de manifiesto que el Rey constituía un auténtico dique de contención para sus perversos intereses políticos. Así, mientras ese maestro de la petulancia en que se ha convertido Gabriel Rufián decía que el Rey era el diputado número 53 de Vox y que solo había sido votado por Francisco Franco, demostrando su absoluto desconocimiento de la historia, Pablo Iglesias, preso en su delirio liberticida, incitaba a sus huestes a trabajar para avanzar hacia su anhelada república.

Ante la gravedad de lo que de un tiempo a esta parte viene sucediendo en España es necesario realizar un profundo análisis de la situación, para, de esta forma, encontrar la respuesta adecuada al problema que se nos plantea.

En este sentido cabe señalar que si bien socialistas, comunistas e independentistas coinciden en el objetivo, esto es, en el derrocamiento de la monarquía, difieren en cuanto a motivaciones y meta.

Así, los independentistas viven en su particular delirio supremacista, xenófobo y racista, alimentado por un relato basado en el falseamiento de la historia y en la invención de un enemigo culpable de todos sus males, en este caso España, mientras sus líderes se ven impulsados por una suerte de teleologismo, que les hace creer que su destino es el de conducir a su pueblo a la Arcadia prometida, donde, liberados de la tiranía del enemigo opresor, reinará la paz y la felicidad en medio de un ambiente idílico.

Por su parte Podemos, partido fruto de la indignación y la frustración, se ve liderado por un individuo como Pablo Iglesias educado por un padre terrorista en el rencor, el resentimiento y el afán de revancha, lo cual le hace incapaz de reconocer los logros de la ilustración y la democracia, permaneciendo anclado, como todo comunista que se precie de tal, en el discurso del odio hacia todo aquello que se interponga en su afán de imponer una república colectivista y totalitaria.

En cuanto al PSOE, dada su fagocitación por el sanchismo, solo cabe analizarlo atendiendo a las pautas de actuación de Pedro Sánchez y su grupo de acólitos. Señalaba Max Weber, en La política como vocación, que todo político en el ejercicio de sus funciones debe conjugar de forma equilibrada la “ética de la convicción” con la “ética de la responsabilidad”, ya que ambos conceptos no son opuestos, sino complementarios. El problema es que Pedro Sánchez, dada su acentuada egolatría derivada del narcisismo patológico que padece, carece de ambos tipos de ética, por lo que se conduce con una absoluta falta de escrúpulos. Como resultado de todo ello muestra una necesidad constante de reconocimiento, que inevitablemente deriva en un desmedido afán de poder. En consecuencia, es fácil entender que, con la actual ley electoral en la mano y teniendo en cuenta el fin del bipartidismo, solo el apoyo de populistas e independentistas le garantiza el cumplimiento de su meta, que no es otra que alcanzar y mantenerse en el poder, independientemente de las nefastas consecuencias provocadas por su indecente proceder, pero es que, como ha dejado dicho Voltaire, “La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano”.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto solo cabe concluir que España se enfrenta en el momento actual a una crisis de tal magnitud que se juega el caminar por la senda del progreso y la convivencia o convertirse en terreno de tiranía y miseria. Esta y no otra es la disyuntiva a la que, con las armas de la pasión, el coraje y la razón, debe enfrentarse el constitucionalismo democrático con el Rey Felipe VI a la cabeza. Por ello, en este punto más que nunca vienen a colación las palabras del almirante español Blas de Lezo al señalar que “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”.

Por mi parte y para terminar solo decir que mi lealtad y compromiso no están de forma específica e incondicional con la monarquía, sino de manera absoluta y definitiva con España y la libertad. Qui intellectum habeat, ut intellegant.