La votación del día 9 de noviembre de 2014 terminó provocando la imposición de condenas de inhabilitación por delitos de desobediencia a dirigentes catalanes como Artus Mas y Francesc Homs, que organizaron la consulta utilizando dinero público de los catalanes. Como no hubo acusación por delitos de malversación de caudales públicos, que se pudieron cometer por la aplicación indebida de fondos presupuestarios, no hubo condena de prisión para los acusados, pero si que se iniciaron, posteriormente, actuaciones por el procedimiento de exigencia de la responsabilidad contable para reclamar el pago de 5,5 millones de euros a los encargados de realizar los actos encaminados a la celebración de la votación.

 

Podría decirse, partiendo de las ideas expuestas por juristas como José Ramón Chaves y Francisco Sosa Wagner, que la responsabilidad contable se ha configurado con un remedio para resarcir los daños y perjuicios patrimoniales causados a los recursos públicos, consiguiendo, del modo más eficiente posible, la restauración de los mismos al momento anterior a aquel en el que se produjo la conducta lesiva. El artículo 1902 del Código Civil es bastante contundente, ya que establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, pero el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, es más específico en lo que se refiere al asunto de la votación del día 9 de noviembre de 2014, pues indica que el que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.

 

Hay que destacar que podría haberse buscado una condena de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, ya que no habría impedido la recuperación del dinero, aunque parece que no querían publicar fotos de dirigentes autonómicos llegando a centros penitenciarios por motivos mediáticos. El artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1982 establece que la jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal, señalando que, cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

 

Los dirigentes catalanes independentistas, a través de diferentes plataformas, están intentando impulsar una campaña para que, una vez más, los ciudadanos de Cataluña paguen con su propio dinero por los graves errores de sus representantes secesionistas. Ya se ha recaudado una cantidad muy próxima a la reclamada por el Tribunal de Cuentas, así que habrá que comenzar a plantearse si Artur Mas y sus amigos van a pagar algo efectivamente o si van a esperar para poder pagar por su responsabilidad contable utilizando, únicamente, dinero ajeno. Atendiendo a las costumbres ya vistas en los gobernantes catalanes, caracterizadas por aprovechar el dinero de los demás para satisfacer intereses propios, puede deducirse la verdadera intención de aquellos que se califican como defensores de los catalanes.