(I)

La comunidad autónoma de Andalucía es sin duda una tierra especial, llena de encantos, contrastes y tradiciones. Por tanto, sorprende que sus representantes regionales aprobasen hace tres años una ley memorística sobre las secuelas de la represión en la pasada guerra civil; pero de sólo uno de los bandos enfrentados (Ley 2/2017, de 28 de marzo), omitiendo incomprensiblemente las barbaridades cometidas en su territorio por la izquierda revolucionaria; plegándose dócilmente a un plan moderno de monitorización social, cuyos contornos totalitarios y antidemocráticos han sido diseñados por un partido político, cuya conducta durante aquella difícil etapa de nuestra historia fue francamente horrorosa.

Frente a determinadas teorías modernas, elaboradas para edulcorar y minimizar esa persecución izquierdista ahora ignorada, hemos de precisar que dicha violencia no surge siquiera como respuesta instintiva al alzamiento militar de 1936, como bien reconoce el Obispado de Málaga en 1938, pues si fuese así nos estaríamos olvidando, torticera e injustificadamente, de la notable influencia que el anarquismo ha tenido en la sociedad andaluza, así como del ímpetu revoltoso de numerosos elementos de extrema izquierda, durante los años previos a la guerra y que incluso entusiasmaron a los técnicos de la Internacional Comunista o Comintern. Coyuntura que corroboraba, en julio de 1931, el informe del gobernador civil de Sevilla para su estudio por el Gobierno provisional de la República, donde se exponía la constatación de una guerra intestina de cariz revolucionario, protagonizada por los anarquistas y comunistas de la provincia, ocasionando graves daños personales y económicos.

Como es sabido, tras la proclamación de la II República, la violencia extremista fijó su atención en las propiedades particulares y en los edificios religiosos, cobrándose de paso la vida de algunos andaluces; incluso antes de que el Frente Popular accediese al poder tras las elecciones adulteradas de febrero de 1936, surtiendo poco efecto las medidas de orden público adoptadas con el fin de frenar la subversión. Con todo, se preparaba un estallido revolucionario, muy drástico y agresivo, para los meses siguientes, según la documentación incautada a determinados activistas por las tropas de Queipo de Llano en las primeras semanas de la guerra. Tanto fue así que el Gobierno portugués expuso ante el Comité de No Intervención de Londres en octubre de 1936 los preparativos y el modus operandi: en marzo, dos navíos soviéticos habían desembarcado material bélico clandestino para las milicias del sur, constituyéndose células locales armadas y municionadas, las cuales disponían de un plan de ataque con instrucciones detalladas; y hasta se habían confeccionado listas de personas a quienes ejecutar, encabezadas habitualmente por el médico de cada localidad. Pues bien, que existía un proyecto premeditado de aniquilamiento lo prueba igualmente las tempranas profanaciones y destrucciones, así como el número excesivo de decesos, atribuidos a las fuerzas revolucionarias en aquellas circunscripciones provinciales rápidamente liberadas por las tropas blancas; a saber: 107 asesinatos en Cádiz, 117 en Huelva y 542 en Sevilla.

La cuantía de todas estas matanzas suma miles de víctimas, pudiendo contabilizarse de forma provisional 10.752 homicidios rojos para el periodo bélico, así como un número indeterminado de óbitos violentos durante la etapa republicana y la posguerra, que seguramente cifren varias centenas más. Pues bien, fue la provincia malacitana la que más sufrió los experimentos represivos del social-comunismo, con cerca de tres mil quinientas víctimas; y eso que fue prácticamente liberada en 1937. Le siguen, en orden de importancia, las provincias del interior, infiriéndose de alguna fuente hasta un quántum  de quince mil sacrificados; si bien, Jaén tendría un mínimo de 2371 muertos y Córdoba, más de dos mil doscientos masacrados. Menos fallecidos se registran en las provincias orientales de Granada y Almería, con cerca de dos mil asesinados, parte de ellos relacionados con el escalofriante campo de exterminio de Turón.

Con todo, hubo personas que se opusieron a esta terrorífica violencia, como el cónsul de Italia en Málaga, cuya acción humanitaria salvó innumerables familias, siendo condecorado con la Cruz Blanca del mérito militar por la Junta de Defensa Nacional presidida por el general Cabanellas.

(II)

La descripción de muchos de los crímenes y ejecuciones practicados es literalmente espeluznante, hasta el punto que su comprobación por las tropas liberadoras convenció a al Ejército del Sur para imprimir una serie de folletos, donde quedasen reflejados siquiera algunos de los detalles más escabrosos: nos referimos a los avances del Informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del mediodía de España…, editados en la capital hispalense. Pues bien, basta con hojear tales opúsculos para catalogar la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía como arbitraria y ofensiva para los deudos de los perseguidos. Y es que parece un norma más propia de un sultanato medieval que de un país libre, pues pretende que el pacífico ciudadano olvide necesariamente los gravísimos crímenes, los numerosos destrozos artísticos y hasta los incontables latrocinios perpetrados en la pasada guerra civil por los partidos y sindicatos de izquierda de la región, en detrimento de la represión conducida por el Ejército vencedor, más intensa pero mucho menos cruel. En pocas palabras: constituye la eficaz herramienta de un novedoso credo político, tan vano como intransigente; y que, en puridad, ha de calificarse como nocivo para la moral pública de cualquier nación amante de la paz y el progreso.

Creo que la mejor forma de recordar el martirologio de tantas víctimas anónimas, cuya ignorancia pretende perpetuarse ahora mediante ucases liberticidas, es ceder la pluma a quienes conocieron aquellas barbaridades de primera mano, como fue el caso del abogado católico Manuel Siurot, uno de los firmantes fundadores del Grupo de Democracia Cristiana, quien en 1937 daba fe de lo espantoso que estaba siendo el terror rojo andaluz, para mayor descrédito de nuestra clase política, con la siguiente enumeración sobrecogedora:

Las mutilaciones, las personas quemadas vivas, los vientres abiertos palpitantes y rellenos de cal… Hay un pobre guardia civil que está sentado en el suelo y para martirizarlo le han clavado en cada ojo astillas como clavos grandes, que le dan la semejanza de un monstruo (…) Todo lo que el poeta de la Divina Comedia y los pintores medievales inventaron para martirizar literariamente, artísticamente, a los condenados al infierno, ha sido sobrepasado, vencido en el horror de una realidad increíble, por estos fantásticos doctores en el arte del verdugo y del dolor. Unos pobrecitos malagueños por el solo hecho de ser personas de orden fueron fusiladas por los rojos. Los alegres espectadores que asisten al acto expresamente, cantan, bailan y ríen mofándose de las víctimas entre descarga y descarga; y unas mujeres rojas, en las caras sangrientas y todavía calientes y temblorosas de los fusilados, han hecho sus necesidades mayores y menores mientras los hombres las aplaudían (…) En un pueblo de la serranía penibética, un rojo degüella a su víctima; pone los labios en la brecha del cuello, bebe la sangre del moribundo y se la escupe (…)

 

Ciertamente, son detalles absolutamente dantescos; pero ni siquiera llegan al grado de sadismo y perversión que alcanzó la masacre de la familia de Francisco García Pérez, un industrial de Alhaurín el Grande en 1936. Su domicilio fue asaltado en la madrugada del 29 de septiembre por una cuadrilla de izquierdistas, siendo ejecutado de inmediato, infligiendo a su joven esposa embarazada, Antonia Bonilla, intolerables suplicios: fue violada por el Lima antes de ser martirizada y tras descerrajarle un tiro fue arrastrada aún moribunda en dirección al cementerio, donde le abrieron el vientre, extrayendo el feto cuya carne vendieron como embutido… seccionándole también los dedos, las orejas y las muñecas para apoderarse de los anillos, pendientes y pulseras; no contentos con ello, los miembros del pelotón decidieron dar muerte al cuñado y a un hermano de la infeliz, rematándolos a tiros y pedradas en presencia de familiares menores de edad.

(III)

Otro aspecto muy reseñable de la opresión vivida en el territorio andaluz bajo el látigo de la izquierda frentepopulista fue la destrucción del tesoro artístico regional, con pérdidas muy lamentables, principalmente en las provincias de Sevilla y Málaga; pues la furia revolucionaria no se pararía en barras ante las obras de arte sacro, cometiendo innumerables profanaciones y sacrilegios, como lo ocurrido en el pueblo de El Carpio, donde se sustrajo de la iglesia parroquial una imagen valorada entonces en dos millones de pesetas, propiedad de la Casa de Alba; al igual que los incendios destructores del camerino de la Macarena en Sevilla y el Cristo de la Rábida o la destrucción de un altorrelieve del escultor Martínez Montañés, ubicado en la capital onubense; en Jaén, desaparecieron varios lienzos de Romero de Torres… Y es que la religión y los católicos fueron sañudamente perseguidos en el mediodía peninsular, profanándose o devastándose todas las iglesias de las provincias de Almería y Jaén, con destrucción de la preciosa custodia de la catedral de Jaén y la sustracción de la de Baeza, causando pérdidas superiores a los veinte millones de pesetas; 288 templos lo fueron en la provincia cordobesa, 246 en la de Sevilla y 67 en la de Huelva; también 48, en la demarcación provincial de Granada y hasta diecisiete, en la de Cádiz. Con todo, la persecución se mostraría más despiadada en la provincia de Málaga, con la profanación de 297 edificios sagrados, irrogándose unas pérdidas materiales de cerca de diez millones de pesetas.

Necesariamente ha de mencionarse el padecimiento soportado por el estamento religioso, merced a un acosamiento salvaje y degradante: en la Archidiócesis de Sevilla, los sacerdotes y seminaristas inmolados sumarían 27 mártires; en la Diócesis de Málaga serían eliminados 179 religiosos, tras someterse a bárbaros tormentos; en la de Córdoba, 106 y en la de Jaén, 145. Por último, en la diócesis de Granada fueron asesinados alevosamente 23 religiosos y en la de Almería, un centenar.

La propiedad privada tampoco quedó a salvo en la España más meridional, cometiendo las milicias rojas multitud de saqueos y fechorías, hasta en las localidades más humildes. Así, en la villa de Ardales ocasionaron a la población unas pérdidas de tres millones de pesetas, de las de entonces. En Alhaurín el Grande, las milicias izquierdistas saquearon todas las casas, ensañándose con las de los ejecutados, desvalijando de paso la sucursal del Banco Central y una fábrica de aguardiente, de la que sustrajeron 150.000 pesetas; en  Arriate, 250.000; en Bracana, 376.000; en Mijas, medio millón de pesetas y en la localidad granadina de Montefrío, un millón como mínimo, etc. Por lo demás, la incautación de alhajas, cajas de seguridad y depósitos bancarios también fue importante en las provincias de Almería y Jaén, según se documenta en la Causa General, sobresaliendo la apropiación violenta de cerca de ocho millones de pesetas en valores depositados en la Caja Diocesana de Jaén.

Pues bien, con todos estos horrendos sucesos en el caudal hereditario de la izquierda andaluza, parece como si la referida ley de memoria ideológica quisiera encalar tales atrocidades, proscribiéndolas de nuestra memoria o considerándolas como meros excesos de celo, poco significativos para las generaciones actuales; todo ello en beneficio de una supuesta libertad y democracia que los conocedores del mundo británico desconocemos.

Y es que la palabra ‘democracia’ se instrumentaliza en esta norma, vaciando completamente su contenido, con la finalidad de que olvidemos definitivamente los religiosos martirizados de Málaga, los prisioneros quemados vivos en Arahal o Almargen, los rematados a hachazos en Espejo y Antequera, los dos niños gemelos masacrados en Torredelcampo, los asesinados en la prisión de Montoro, los arrojados a los pozos de Tabernas, los despeñados y las amputaciones horribles de Coín, los asaltos criminales al convento jienense de la Merced y a la cárcel de Úbeda, la flagelación de un anciano de Baeza, la abertura en canal del cura de Cabra del Santo Cristo, la extirpación de órganos genitales en Campillo, el soldado linchado en Peñaflor, el adolescente decapitado en Guadalcanal, el crucificado en las proximidades de Málaga, los enterrados en vida de Alhaurín de la Torre y Turón, el suplicio del octogenario párroco de Adra … En fin, el sacrificio de tantas personas sometidas a terribles vejámenes y humillaciones en la región andaluza a partir del verano de 1936.

En definitiva, se trata de una repugnante interpretación del vocablo democracia, en sentido inverso a lo que debiera entenderse en consonancia con la filosofía tradicional y el Derecho natural. Y es que, a estas alturas del siglo XXI, la discriminación inmisericorde con la mitad de los fallecidos de una guerra civil, concluida hace la más de ochenta años, representa cuando menos un proceder cínico, arbitrario y tiránico, por muchos adjetivos democráticos con que queramos perfumarlo y adornarlo.