Hay que destacar que el articulo 28.2 de la Constitución Española establece que "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses". Este artículo debe interpretarse a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, que ajustó la norma legal reguladora del derecho de huelga al marco constitucional.

 

La huelga, técnicamente, es un mecanismo que el ordenamiento jurídico le atribuye a los trabajadores para que puedan defender sus intereses provocando que el empresario deje de obtener los beneficios resultantes del empleo por cuenta ajena que realizan. Esta idea, ciertamente, es clave, aunque es cierto que existe un gran debate en torno a las huelgas de los estudiantes universitarios. La Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 indica que “El derecho constitucional de huelga se concede para que sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales” y que la “huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso”, siendo necesario saber que “puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general, en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos”. Además, la resolución afirma que “si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores, y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales”.

 

Realmente, las huelgas políticas, que incluyen las tienen como objetivo defender los actos independentistas, son ilegales. Así se establece en la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, ya que, por ser la huelga un medio para la defensa de los derechos de los trabajadores, la misma no se puede instrumentalizar con finalidades políticas que se encuentren fuera de la necesaria protección de los derechos laborales.

 

El control judicial posterior debe servir para verificar el verdadero sentido de las huelgas. Para cada caso concreto, el órgano jurisdiccional competente deberá verificar la verdadera finalidad de la huelga, indicando si es legal o ilegal. La declaración de ilegalidad implica, entre otros efectos, la procedencia del despido de cualquier trabajador que haya intervenido en la huelga.

 

Debe tenerse claramente marcada una idea. La protección del derecho de huelga requiere que se impida cualquier acto que implique abuso de ese derecho o que se utilice con finalidades ilegítimas.