Hay que conocer la historia de España de estos últimos cuarenta años, y hacerse cargo de las costumbres que han arraigado durante su transcurso, para comprender bien lo que representa toda la farsa montada por la antiespaña en torno de esta Ley de Memoria Democrática. 

La LMD viene a resumir la situación actual de nuestra patria, así como la calidad humana de sus dirigentes y de sus electores. Una época y unos personajes protagonistas de las más dañinas calamidades. La organización social del reino, en vez de crear un mundo libre para los hombres libres, se complace en ofrecerlos una vida corrupta, sin esperanza y sin futuro. La justicia, por su parte, pone en práctica, a través de su venalidad y su desprecio del Derecho, la más viciosa impunidad a favor del delito. 

Todo lo depravado aparece, así, en el horizonte patrio, encadenado a la despótica barbarie de gobernantes y jueces -y educadores-, que no dejan de manifestar su envilecimiento contra lo natural y razonable, dejando maltrecha a la nación y acreditando sus méritos para pasar a la historia como ejemplos de lo que no debiera ser de este mundo, pero que precisamente adquiere su sentido dentro de su mundo malsano. 

De este modo, con vándalos e inciviles rigiendo los destinos del pueblo, los símbolos y valores representativos de lo noble se derrumban en el fracaso. El mundo de la truhanería tiene de todo esto un concepto propio y un objetivo definido; una visión aguda, capaz de penetrar audazmente en los vivos perfiles y sentimientos de la plebe. Se saben carroña y ven a la muchedumbre como despojo o carroña, y que de la carroña todo lo que brota es negativo, y así convierten la convivencia en algo fatigoso y desventurado. 

Pero tal vez, sin nadie sospecharlo, la LMD, por su decisiva trascendencia, y por coincidir con el profundo deterioro económico del país, suponga un interesante momento de reflexión, el punto de partida regenerativo. Con su aprobación, estos lacayos del Sistema están subrayando su debilidad argumental y su miseria moral. Muy inseguros deben estar ya de su relato histórico y muy convencidos del desprecio del común hacia su autoritas, si han decidido prohibir el conocimiento de la propia etopeya, imponiendo una realidad a la carta para ocultarla. 

Si es cierto que uno de sus engaños más definitorios es obligarnos a creer como fe lo que contra los ojos vemos, que es lo que pretenden con su último engendro legal, también es cierto que supone una de las muestras más reveladoras de su inconsistencia doctrinal y política. La prueba determinante de que su fortaleza se limita a la maquinaria de intimidación, al poder del chantaje, a los medios coactivos; sabiendo, además, como saben, que tratar de oponerse a lo natural y razonable es trabajo sin provecho, como querer atar y poner puertas al humo. Y que sin su capacidad para el ensañamiento y para la vindicta ideológica serían sólo meros cuervos, que huelen la carne de lejos y no valen para otra cosa que para picarla y echarla a perder. 

Frente a todo ello, es obvio que las clases sociales y su actitud política constituyen un fenómeno complejo. Y no menos obvia es la certidumbre de que las masas son difíciles de dominar, que incluso cuando se sublevan siguiendo consignas ajenas, acaban por ir por su propio camino, sobre todo cuando las circunstancias las colocan en una situación desesperada. Pero dicho esto, es conveniente recordar también que todo rey -todo jefe de Estado- sólo puede serlo con el consentimiento explícito o implícito del pueblo, pues no hubo ni hay ni habrá jamás hombre que haya nacido o nazca con la corona en la cabeza y el cetro en la mano. 

La primera personalidad política de una nación ha de aparecer unida al pueblo por un contrato mutuo, escrito o no: el pueblo tiene que respetar al jefe superior, pero éste a su vez debe respetar las leyes naturales y divinas, ya que si no lo hace se convierte en un tirano o en un pelele de otras fuerzas seculares superiores, más o menos ocultas, y entonces el pueblo está obligado a oponérsele. Esta teoría, fundamentalmente religiosa, ha sido y es la guía de todos los rebeldes contra cualquier dinastía o poder. La autoridad viene de Dios, del ejemplo moral, y sólo en nombre de unos valores sagrados -y naturales- los ciudadanos pueden y deben sublevarse, en justa acción reivindicativa. 

Aun sin el protagonismo de lo religioso en la política, el Estado debe entenderse como una comunidad de familias que reconocen un poder soberano, en el que se integran; y cada una de estas familias se basa en el principio de la justicia y de la propiedad privada: el patrimonio y el Derecho son, por tanto, las instituciones primordiales, mientras que la soberanía es la condición necesaria para la existencia y la unidad del Estado. Soberanía limitada sólo por la ley de Dios y la ley natural. 

Esta soberanía la pueden ejercer diversas formas de gobierno, siendo la ideal aquella en que los ciudadanos obedecen las leyes de la autoridad reconocida, y ésta las leyes naturales. Lo contrario, pues, supondría un despotismo. Y dentro de la ley natural, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son esenciales. La soberanía se fundamenta en la razón y en la religiosidad innata al ser humano, más que en la teología, y para que ésta quede limitada, la ley divina y la ley natural han de confundirse. 

Por otra parte, así como debe preconizarse la libertad religiosa dentro del Estado, toda ciencia política ha de construirse a partir de la geografía y de la historia. De ahí que uno de los más importantes fundamentos de los Estados es acomodarlos a la naturaleza del pueblo; y los edictos y ordenanzas a la naturaleza de los lugares, de las personas y de los tiempos, considerando por encima de todo la unidad en la diversidad. 

Después de más de cuarenta años de corrupción a todos los niveles, no sólo institucional, las modernas reivindicaciones separatistas y autonómicas que, durante estas últimas décadas, han conseguido priorizarse apoyadas en la propaganda antiespañola y en la propia y paradójica financiación del Estado, a mayor gloria del enriquecimiento y la tiranía de sus promotores, y con objeto de arruinar y destruir a España, han perdido fuerza y razón, como han demostrado los escándalos y crímenes permanentes que su devastadora quimera ha generado. 

Es por ello posible que las oligarquías que nos han arrastrado a la ruina actual, vean en un futuro próximo, si no inminente, cómo se alza en contra suya un movimiento de revuelta social. Pensemos en algo que es muy cierto y que la experiencia nos ha demostrado a lo largo de la historia: los gobernantes no pueden desobedecer las leyes sin que los gobernados les desobedezcan a ellos. Y, si ha lugar, como es el caso, los juzguen y encarcelen. 

Así, desde todos los puntos de vista, tanto políticos, como económicos, como educativos y judiciales, incluso desde la estricta religiosidad que se pretende amputar, los años de corrupción y crimen, han venido preparando a la soberanía española para aceptar e iniciar la obra unificadora y regeneradora necesaria.