Se ha podido saber que Seprotec, que es la entidad privada que se encarga de proporcionar traductores a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid, no está prestando un servicio adecuado. Por algunas declaraciones se ha logrado demostrar que muchos de los traductores que intervienen en diversos procesos judiciales no tienen las aptitudes profesionales necesarias para ejercer su profesión.


Muchos traductores abandonaron su trabajo en el ámbito procesal por las malas condiciones laborales y, con la externalización del servicio de traducción se ha reducido la calidad de las traducciones, ya que la entidad encargada de contratar a los intérpretes no realiza controles adecuados para garantizar que cada uno de ellos domine el idioma por el que se ofrece para trabajar.

El artículo 17.3 de la Constitución Española establece que “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”. Además hay que decir que existe el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye, conforme al artículo 24.2 de la Constitución Española, el desarrollo de procesos con todas las garantías. Puede pensarse perfectamente que la traducción resulta indispensable en muchísimos casos para que pueda evitarse la vulneración de derechos fundamentales, principalmente en los casos relacionados con los procesos penales.

La relevancia de la traducción en los procesos penales se puede comprobar fácilmente a través de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. La transposición de estas Directivas, que desarrollan dos aspectos esenciales de la defensa en el proceso penal, implica un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este proceso y del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal de modo que permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa.

El derecho del investigado o acusado a ser asistido por un intérprete se extiende a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. También afecta a las conversaciones con el abogado y a los documentos que incidan sobre el proceso penal.

Es cierto que algunas personas han protestado por las condiciones profesionales de los traductores. Sin embargo, no parece que la Comunidad Autónoma de Madrid esté dispuesta a entrar en un conflicto con Seprotec para mejorar las circunstancias.

Las Comunidades Autónomas, al ejercer las competencias que tienen en materia de suministro de medios personales y materiales a los órganos jurisdiccionales deben lograr, directa o indirectamente, que haya intérpretes que hagan su trabajo adecuadamente, garantizando los derechos fundamentales e impidiendo la indefensión de aquellas personas que requieren una traducción para poder entender y poder ser entendidos.