La mayoría de los gobiernos democráticos entienden que participar de las elecciones es un derecho consagrado a la ciudadanía, pero no una obligación, y mucho menos una responsabilidad cuyo incumplimiento es pasible de sanción civil o penal, algo que desafortunadamente dista mucho de la realidad local en Latinoamérica, planteando la necesidad de un verdadero debate sobre el tema.

El eterno cruce de los pros y contra del sistema de voto voluntario en detrimento de los fundamentos del voto obligatorio ha suscitado una infinidad de material de estudio en todo el mundo, sin embargo, es una minoría los que aún defienden la obligatoriedad como un deber propio de la democracia, una afirmación que de ser cierta claramente no podría explicar democracias robustas como la que disfruta gran parte del mundo, incluso en mayoría. 

Partiendo de este somero supuesto es fácil entender que la obligatoriedad no es parte vital de la democracia, sino por el contrario un elemento enraizado en un vetusto sistema que a costa de la libertad brinda una falsa legitimación política, y que no hace más que violentar un elemento clave de lectura, la participación ciudadana, estrechamente vinculada con la confianza con la casta política.   

Partiendo del informe 2021 de la ACE Electoral Knowledge Networ, de los 224 países relevados 24 mantienen un sistema de sufragio obligatorio, de los que solo 9 aplican sanciones ante el incumplimiento del voto, un dato no menor es que la mayoría de estos países están en Latinoamérica.

Por otro lado, debido a la baja cantidad de países que mantienen un sistema obligatorio de sufragio, son aún menos los que en su trayectoria han cambiado de un sistema a otro, por ejemplo, Australia 1914, Holanda en 1967, Guatemala en 1985, Filipinas en 1986 y Venezuela en 1993, cambios que se debieron a un contexto social y político particular, afectando directamente en la participación electoral.

Este es el punto clave, y de fondo, el sistema de sufragio obligatorio es evidentemente conveniente para los partidos políticos, aumentando bajo todo punto de vista el caudal de votos netos, lo que implica poder detentar una falsa legitimidad que al mismo tiempo socava la noción misma de la libertad de elección, obligando al elector a votar por un candidato cuando quizás no quiera votar por ninguno.

En este apartado es importante analizar un tema igual de importante, el votante indiferente, que engloba a todos los ciudadanos que no tienen ánimo de votar por ningún candidato y emiten el sufragio sólo impulsados por la misma obligatoriedad impuesta, en este caso el votante, como es de suponer, votaría por un sin número de razones lejanas a un correcto análisis político, el candidato más carismático, la boleta más cercana, de elegir al azar favoreciendo al candidato que se encuentre el mayor número de boletas, o incluso al que alguien les aconsejo algunas horas antes etc. razones que no buscan un mejor gobierno sino simplemente cumplir con una obligación sin fundamento serio, en otras palabras estos votantes representan un gran cúmulo de ciudadanos "fáciles de convencer" mediante mera demagogia y marketing político, sea cual fuera el trasfondo real.

En este punto tenemos que pararnos a pensar ¿es el sistema de sufragio obligatorio el mejor previsto? Evidentemente no, pero es el sistema más conveniente para todo el espectro político, y quizás por ello una tiranía olvidada que persiste en una gran mayoría de países latinoamericanos, y que hoy está en debate en Chile donde extrañamente se propone volver a un sistema obligatorio para combatir la baja participación electoral.