Después de protagonizar en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, motivo por el cual fue encarcelado durante 2 años, Hugo Chávez Frías se vio obligado a optar por la vía democrática para alcanzar el poder. De esta forma, con la victoria electoral del Movimiento V República, H. Chávez fue investido presidente de la República de Venezuela en febrero de 1999, manteniéndose en el cargo hasta su fallecimiento en 2013. Nada más instalarse en el Palacio de Miraflores el dirigente venezolano, a pesar de haber sostenido un discurso de tintes populistas durante la campaña electoral, se comprometió a defender la democracia, desechando avanzar por la senda del comunismo, como había hecho Fidel Castro, al cual tildó de dictador. Sin embargo, muy pronto sus actos dejaron de corresponderse con sus palabras, demostrando que su promesas era tan solo un barniz con el que ocultar sus propósitos totalitarios.

Así, el carácter autoritario y mesiánico de H. Chávez se hizo patente cuando poco después de su investidura, concretamente en noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, con mayoría chavista, aprobó que Venezuela pasara a llamarse República Bolivariana de Venezuela, comenzando de esta forma un camino sin retorno hacia el populismo socialcomunista, el cual, a la postre, habría de constituir el núcleo esencial de su actividad al frente del Gobierno venezolano. Así, para fortalecer su hegemonía, H. Chávez dedicó no pocos esfuerzos a aglutinar bajo su mando a todas las fuerzas de izquierdas, cosa que logró con la constitución del llamado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), convirtiéndose de esta forma en un nuevo y genuino representante latinoamericano del llamado socialismo del siglo XXI, cuyas funestas consecuencias son fácilmente objetivables por cualquier analista político mínimamente riguroso.

Estas actuaciones, la una de marcado carácter simbólico, la otra de profundo calado político, se acompañaron en el ámbito económico de una serie de medidas que explican a la perfección el fracaso del proyecto chavista. Así, sentando las bases de la debacle venezolana, lo primero que hizo H. Chávez fue poner en marcha el llamado Sistema de Democratización del Empleo (SDE), básicamente consistente en aumentar la plantilla de trabajadores del Estado. La empresa principalmente afectada por dicha medida fue PDVSA, esto es, la empresa pública encargada de extraer el petróleo venezolano. La aplicación del SDE trajo consigo el que en un breve lapso de tiempo la plantilla de la petrolera se multiplicara por cuatro, sin que ello se acompañara de un aumento proporcional de la producción. De hecho, lo que ha venido sucediendo desde la llegada del chavismo al poder no ha sido otra cosa que una continua disminución de la extracción de crudo, situación ésta que ha convertido PDVSA en la petrolera con mayores costes de producción del mundo.

Junto a esta medida, a todas luces insostenible en el medio plazo, H. Chávez procedió a implementar una política de expropiación de empresas privadas, las cuales, debido a la deficiente gestión por parte del Estado, pronto acabaron siendo deficitarias, de tal forma que la inmensa mayoría de ellas terminaron desapareciendo.

De esta forma, la economía venezolana pasó a depender casi exclusivamente de la industria petrolera, hasta el punto de que en 2012 el 95% de las exportaciones venezolanas eran de petróleo. En esta situación, mientras el precio del petróleo se mantuvo alto, la economía venezolana iba capeando el temporal. Sin embargo, en 2014, ya con el chavista Nicolás Maduro en el poder, el precio del petróleo cayó en picado y la economía venezolana se desplomó. Para paliar esta situación el Gobierno de N. Maduro procedió a una subida de impuestos, pero dado que ya no quedaban prácticamente empresas privadas y, además, la clase media estaba en peligro de extinción, la recaudación vía impositiva resultó insuficiente para aliviar las cuentas de un Estado cuyo gasto se había disparado durante la última década. Ante semejante escenario, N. Maduro recurrió a lo que recurren todos los mandatarios socialcomunistas, esto es, por un lado, a emitir deuda pública, la cual fue a parar principalmente a manos rusas, y, por otro lado, a implementar una política monetaria expansiva, consistente en inyectar liquidez mediante la impresión de dinero. Ambas medidas, como no podía ser de otra forma, tuvieron consecuencias nefastas para la economía venezolana, con la consiguiente repercusión social.

La masiva impresión de dinero, junto a la práctica desaparición del sector privado y la ineficacia de un sector público hipertrofiado, trajo consigo una hiperinflación galopante y la subsiguiente devaluación del bolívar. Debido a ello, Venezuela se vio incapaz de atender sus obligaciones de pago de la deuda pública, motivo por el cual el Gobierno ruso se hizo cargo de la gestión de PDVSA, quedándose así Venezuela sin el control de su única fuente de ingresos.

Si en el terreno económico la situación era alarmante, en el ámbito político la situación se tornó intolerable. Así, después de que la oposición al régimen chavista obtuviera una mayoría aplastante en las elecciones de 2015 para la elección de los parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN), el Gobierno venezolano nombró a la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin otro requisito que su afinidad al chavismo, con la finalidad de impedir el normal funcionamiento del Parlamento recién formado. Así, el TSJ dictó una resolución por la cual se impedía que cuatro diputados del Estado de Amazonas tomaran posesión de su cargo en la AN, evitando con ello que la oposición a N. Maduro tuviera la mayoría cualificada que las urnas habían establecido. A su vez, durante los siguientes meses, el TSJ emitió hasta 50 resoluciones orientadas todas ellas a vaciar de competencias a la AN y así evitar que ejerciera las funciones que le correspondían. Posteriormente, ya en 2016, el Consejo Nacional Electoral, también en manos chavistas, ordenó la paralización de toda actividad parlamentaria encaminada a llevar a cabo un Referéndum Revocatorio, impidiendo que los venezolanos, tal y como recoge su Constitución, pudieran manifestar en las urnas si estaban de acuerdo o no con que N. Maduro siguiera en su cargo. Ya en 2017, el TSJ se atribuyó las funciones de la AN, lo cual fue considerado por la comunidad internacional como un autogolpe de Estado. A su vez el Gobierno chavista convocó unas elecciones, absolutamente fraudulentas por la imposibilidad de la oposición a concurrir a las mismas, para constituir una Asamblea Nacional Constituyente, con la excusa de redactar una nueva Constitución, que sorprendentemente fue incapaz de elaborar durante sus 3 años de funcionamiento, lo cual vino a demostrar que su verdadera finalidad no era otra que silenciar a la oposición para evitar que N. Maduro tuviera que dejar la presidencia de Venezuela. El 5 de enero de 2019 la legítima AN eligió como presidente al opositor chavista Juan Guaidó, que actualmente ejerce el cargo de presidente encargado de Venezuela, siendo reconocido como tal por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. Sin embargo, en una nueva muestra de totalitarismo, N. Maduro fue elegido el 10 de enero de 2019 presidente de Venezuela tras convocar unas elecciones que la comunidad internacional considero fraudulentas por no gozar de las mínimas garantías democráticas, ya que no podían concurrir a ellas los principales representantes de la oposición, bien por estar encarcelados (como Leopoldo López) o inhabilitados (como Henrique Capriles) o en el exilio (como Julio Borges). Para rematar la campaña de deconstrucción de la democracia, en enero de 2020 -mientras la Guardia Nacional Bolivariana, para impedir la reelección de Juan Guaidó, solo permitía el acceso a la sede de la AN a los parlamentarios afines al régimen chavista y a los opositores previamente sobornados en el curso de la llamada “Operación Alacrán”- el chavista Luis Parra, que había sido nombrado parlamentario de forma ilegal por no contar con los votos necesarios para dicho nombramiento, fue elegido sin quórum presidente de la AN.

En definitiva, a lo largo de su andadura el chavismo ha conseguido no solo suprimir la democracia, convirtiendo a Venezuela en una dictadura socialcomunista, sino que también ha logrado la impresionante hazaña de llevar al país con mayores reservas de petróleo del mundo a la bancarrota. Así, en el último lustro el PIB venezolano ha caído más del 50% y la tasa de paro se ha situado en el 47,9% de la población. Además, todo ello se ha producido mientras los medios de comunicación libres han desparecido o están amordazados y Caracas se ha convertido en la ciudad más violenta de Latinoamérica y la tercera del mundo, con una tasa de homicidios del 99,98 por 1.000 habitantes, con el agravante de que las Fuerzas de Acciones Especiales, adscritas al chavismo, han sido responsables de buena parte de los asesinatos cometidos.

Siendo todo lo expuesto de una gravedad infinita, el dato que mejor refleja la actual realidad venezolana es la inmensa miseria que ha traído consigo el chavismo, ya que tras dos décadas en el poder la pobreza extrema ha pasado del 10,7% al 79,3%. No puede extrañar por ello el enorme drama que supone el hecho de que más de 5 millones de venezolanos se hayan visto obligados a emigrar a otras latitudes, en un éxodo que no parece tener fin.

Dice el refranero español que “No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”. Es posible que el pueblo español, como los 3 monos de Nikko, prefiera “no ver, no oír, no decir” y permita que de la mano de la coalición socialcomunista, con el inestimable apoyo de los independentistas, España se convierta, al igual que Venezuela, en una república totalitaria, con la mayoría de la población en las colas del hambre. Si es así, solo cabe concluir que en el pecado llevaremos la penitencia. Pero, si por el contrario aquellos que creemos en la libertad somos capaces de enfrentarnos a la marea roja con la fuerza de la razón como estandarte, más allá del resultado final, nadie podrá acusarnos de no haber estado a la altura de las circunstancias por falta de coraje.