Todos conocen lo que ha ocurrido en los primeros meses del año 2016, en los que ha sido imposible alcanzar un pacto para poder seleccionar debidamente a los miembros de un nuevo Gobierno. Se han producido muchas reuniones y, teóricamente, las negociaciones han sido largas y tensas, siendo cierto que, probablemente, no se han articulado correctamente las ideas para programar los acuerdos, pudiendo ser la razón la falta de verdadero interés o el exceso de confianza, dependiendo de los casos.

 

España se caracteriza por tener un sistema político bastante peculiar y poco beneficioso para los intereses de los ciudadanos. El presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados, de modo que es indispensable que haya acuerdos que alcancen, como mínimo, el voto favorable la mayoría simple de los diputados.

 

Por este mecanismo de elección, parece que es el Parlamento el que controla al Gobierno, existiendo instrumentos que refuerzan esta idea. Sin embargo, esa idea es consecuencia de una simple apariencia, pues, realmente, es el Gobierno el que controla el Parlamento, salvo que se puedan conseguir acuerdos de concesión de la composición del ente ejecutivo quedando, miembros de los partidos políticos que apoyen el nombramiento del presidente del Gobierno, en la oposición y sin cargos en el principal órgano ejecutivo de España.

 

Una opción es la que se refiere a reformar la Constitución para que sean los ciudadanos los que elijan directamente al presidente del Gobierno estatal, como ocurre en otros Estados, de un modo con el que la democracia se vería reforzada, consiguiéndose también la reducción de las facultades de los partidos políticos para incidir en la configuración de los entes ejecutivos y, consecuentemente, se podría incrementar la separación de poderes. Esta regla también se podría implantar para las Comunidades Autónomas.

 

La sustitución de las elecciones generales por unas elecciones presidenciales y otras legislativas tendría numerosas ventajas y escasos inconvenientes. En un país como España resultaría adecuado este sistema, aunque será complicado que una propuesta así pueda tener materializarse, ya que perjudicaría a personas con una gran capacidad de influencia en los poderes públicos.

 

Los objetivos privados no deben tener preferencia frente a los objetivos públicos, aunque existe el riesgo de que este hecho se produzca. Para evitarlo, hay que reducir la libertad de las formaciones políticas, que, generalmente, tienen la labor de alcanzar finalidades poco relacionadas con los intereses generales.