Es precisamente en tiempos de pandemias sanitarias y catástrofes económicas, máxime si éstas están causadas en gran parte por la ineptitud de un Gobierno cuando la labor de la abogacía independiente y profesional se vuelve no ya necesaria, sino imprescindible y urgente.

Ocurre en estos días que numerosos bufetes de prestigio se han visto desbordados por las consultas de particulares y asociaciones de diversos ramos. Ante esta coyuntura que resulta obvia, no obstante, frente a esto, el Gobierno ha entrado en pánico, el miedo a asumir la responsabilidad por cada muerte de un anciano por falta de previsión en los medios ha hecho poner en pie de guerra a un sinfín de despachos de abogadas feministas que asesoran a más de las 20.000 asociaciones feministas repartidas por España, lo que constituye la red clientelar de compra de votos a cambio de jurisprudencia antivarón.

Estos bufetes de letradas feministas, subvencionadas desde tiempos de Felipe González, muchas recién llegadas al ejercicio de su profesión y hoy casi a punto de jubilarse, toda una vida al servicio de la infamia, dedican sus últimas jornadas profesionales, aun en tiempo de Alarma Nacional, a coordinar su inquina y ahora ponen en su punto de mira a sus compañeros letrados, aquellos que socorren a la población de un Gobierno homicida por imprudente.

¿Qué pretende esta panda subvencionada que ha llevado una vida de holganza por su sueldo mensual garantizado por el Estado, que las familias no defiendan el honor de sus muertos, sacrificados innecesariamente por falta de respiradores?,¿qué miles de enfermeras contagiadas no reclamen su derecho a trabajar con seguridad para su salud?,¿qué miles de familias que vivían socorridas por la pensión del abuelito queden ahora en la indigencia por una muerte prematura e innecesaria de su querido sostenedor?...

La profesionalidad de aquellos bufetes de prestigio está muy por encima de los torticeros y burdos ataques de estas letradas especializadas en destruir familias que sólo pretenden cumplir las órdenes que desde arriba llegan al objeto de que no se les interrumpa la mamela.

Boicotear el asesoramiento y la información que se proporciona desde la abogacía a los ciudadanos, por preservar un modo de vida subvencionado, eso es comprensible, pero se muestra como un servicio mercantilista, inmoral y asocial.

El miedo del Gobierno a rendir responsabilidades es innegable, la defensa del Gobierno por su red de despachos de letradas feministas era de esperar después de tantos decenios manteniéndolos cual harén de concubinas leguleyas prestas siempre a agradar a su pagador de mil modos y posturas, pero el papel de los grandes profesionales de la abogacía de este país adquiere una dimensión colosal en estos días de emergencia nacional, de ahí que sean solicitados por particulares, autónomos, empresas...una sociedad civil maltratadas por los políticos del Consejo de Ministros, que busca desesperadamente ayuda técnica y solvente.

Los ciudadanos reclaman su derecho a la protección frente a un Estado irresponsable y a la deriva, que ha truncado sus proyectos de vida y ha acelerado la muerte de sus seres más queridos, ellos son los que se organizan y montan plataformas, los que se mueven hasta acudir a un abogado que los proteja y asesore.

Y son precisamente las abogadas feministas que trabajan para el Gobierno las que se aprovechan de un estado de debilidad de la ciudadanía, de su salud en caída libre y de su próxima miseria material, de eso se aprovechan para torpedear y obstaculizar la labor del resto de letrados, los que viven de su trabajo y los que bien cumplen su Código Deontológico en plazos y resto de articulado.

Estas leguleyas del feminismo español, letradillas bienpagás, cuando las sacas de las cuatro normas que repiten en corta pega, aquí y allá, durante años, y de súbito pretenden justificar, explicar el porqué de su ataque al resto de compañeros, entonces caen de bruces en el mayor de los ridículos, entran en un interminable listados de falsedades y se les ve el plumero a leguas, también su falta de rodaje y nulo instinto profesional, es decir, su ridícula e inservible labor de rescate al Gobierno.