La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado una sentencia para condenar a María Victoria Pinilla, que fue alcaldesa de La Muela, y a otras personas, entre las que hay que incluir a funcionarios y a empresarios. En ese municipio, el ayuntamiento se enriqueció, durante varios años, de la actividad urbanística.

 

Hay que destacar que la resolución dictada por el órgano jurisdiccional que ha conocido del enjuiciamiento del asunto establece como hechos probados los relativos al desarrollo de diversas conductas vinculadas con la corrupción urbanística. Principalmente, se determina, según los medios de comunicación, la existencia de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal, de modo que el estudio del caso sirve para analizar una gran cantidad de conductas tipificadas como delito en el Código Penal.

 

Debe mencionarse la colección de condenas. María Victoria ha sido sancionada con 17 años de prisión, no siendo la única que, por la resolución judicial, debiera ir a la prisión.

 

La sentencia la Audiencia Provincial de Zaragoza es el resultado de un proceso penal que se ha ido desarrollando durante años. El origen, por lo tanto, puede encontrarse en actos que se produjeron hace mucho tiempo. Sin embargo, es cierto que, según el abogado de la que fue alcaldesa de La Muela, se va a utilizar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para atacar el fallo condenatorio del tribunal que ha enjuiciado el caso.

 

Realmente, la interposición del recurso de casación puede emplearse para que se corrijan errores procesales cometidos por los órganos jurisdiccionales que han analizado la instrucción y el juicio oral. También puede utilizarse con la intención de lograr retardar la firmeza de la resolución, apurando, si es posible, la contundencia en la aplicación de alguna circunstancia atenuante que, conforme al artículo 21 del Código Penal, pueda haberse apreciado.

No solo ha existido corrupción urbanística en La Muela. En la distintas Comunidades Autónomas, son muchos los municipios en los que se han producido actos urbanísticos contrarios al ordenamiento jurídico.

 

El sistema normativo actual no impide de un modo contundente la corrupción urbanística, pero no se cambia para evitar problemas urbanísticos en el futuro. Por este hecho, es adecuado pensar que, al igual que hace varios años se ejecutaron actividades de corrupción urbanística cuyos efectos se están observando ahora, en un futuro no muy lejano podrían repetirse las tendencias locales que buscaban explotar el urbanismo para lograr que unos pocos sujetos puedan lograr una gran fortuna en perjuicio de los intereses generales relacionados con el correcto funcionamiento de las Administraciones Públicas y con la economía sostenible.