Las críticas a estos Equipos Psicosociales abarcan numerosos aspectos y ciertamente ponen en solfa la idoneidad de los mismos con su diseño actual. Veamos, de la mano de la AEAFA (Asociación Europea de Abogados de Familia), algunas de ellas:

1.- La existencia de estos equipos judiciales en su configuración actual no está amparada por ninguna disposición con rango de ley. Constituyen una anomalía en el conjunto de los peritos judiciales, pues en el resto de peritaciones judiciales, el juez los llama y llegan por orden aleatorio desde una lista a la que estos peritos profesionales colegiados que se apuntan con antelación, además, sus dictámenes no son pagados por quien solicita su intervención, es decir, a diferencia de los demás peritos judiciales, los Equipos Psicosociales se pagan con dinero del contribuyente, no de quien demanda su intervención.

2.-Su status laboral corresponde al de personal contratado al servicio de cada Administración de Justicia de cada Comunidad Autónoma. No son funcionarios de carrera y no tienen plaza alguna en propiedad, sino que han sido contratados en su día a través de una bolsa de trabajo de entre licenciados en sus respectivas especialidades que acreditaron determinada cualificación, no particularmente especializada a la labor que desempeñan.

3.-En algunos juzgados de grandes poblaciones, cada juzgado de familia tiene adscrito un Equipo Psicosocial concreto cuyos despachos están instalados en la misma sede judicial. Esto adultera más su intervención, pues inevitablemente cada equipo tiene sus propios sesgos decisorios, esto es, siempre resuelven aproximadamente igual, lo que hace previsible su actuación frente al juez y al fiscal, que también presentan su estilo. Esto ocasiona que la justicia se aplique con matices según cada juzgado concreto.

4.- Los psicólogos y trabajadores sociales de estos equipos están sujetos a la obligación general de todos los peritos judiciales de entregar la documentación con arreglo a la cual han elaborado el informe. Si no ponen tales pruebas a disposición de las partes o del Juez, su trabajo no puede ser objeto de control, de revisión o de valoración contradictoria por otros peritos, con lo que cualquier error, impericia, negligencia, o falta de imparcialidad quedan siempre impunes. Por el contrario, los restantes peritos judiciales sí están obligados por la ley procesal civil a poner a disposición del tribunal las pruebas sobre las que han formado su criterio técnico. Algunos abogados han venido pidiendo en los últimos tiempos de los jueces que los psicólogos y los trabajadores sociales entreguen junto con los informes finales los test completos y las notas de las entrevistas a los progenitores y a los niños. Esta documentación ha permitido demostrar en algún caso que la técnica de algunos peritos respondía a rutinas preestablecidas que no permitían alcanzar ninguna conclusión de valor científico.

5.- Un mismo Equipo Psicosocial no puede dictaminar dos veces sobre la misma familia. Con carácter general las leyes procesales establecen que cuando un perito externo ha realizado anteriormente un dictamen sobre una determinada materia, la parte perjudicada por su opinión puede recusarle ante el juzgado, es decir, oponerse a que el mismo perito vuelva a informar sobre la misma materia. Se trata con eso de evitar que en el segundo dictamen su opinión esté contaminada por lo que ya apreció la vez anterior y vuelva a opinar lo mismo. Ha habido dudas sobre si esta norma se debía aplicar a los equipos psicosociales de los juzgados de familia, pero alguna resolución reciente de los juzgados de familia ha decidido claramente que los psicólogos y los trabajadores sociales de los equipos judiciales se equiparan a estos efectos a los peritos externos.

6- La AEAFA viene recibiendo denuncias desde hace tiempo acerca de una concreta actuación de algunos Equipos judiciales al emitir informes periciales en los pleitos por custodias de menores eluden designar la patología que sufren los menores como SAP (Síndrome de Alienación Parental).

 

José R. Barrios