Siempre es útil fijar con claridad y exactitud el significado de las palabras y la naturaleza de las cosas que ellas refieren. Hablamos sobre todo de definir conceptos que, cuando afectan y tienen relación directa con la vida de las personas resultan de suma importancia. Por ello y ante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, sucesora de la vigente y conocida como de Memoria Histórica, surge también la necesidad de una cierta precisión semántica.

Según el texto del proyecto presentado por el Consejo de Ministros, este apela “al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con esta Ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y se amplían los derechos humanos y libertades constitucionales. Asimismo, es objeto de la Ley el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Dictadura franquista.

Según lo expresado, más allá de las aparentes buenas intenciones manifiestas, la Ley se limita a un período histórico concreto, obviando a otro y que dio paso al condenado. Se da por hecho que la Segunda República fue un régimen democrático que velaba por los derechos y libertades de los ciudadanos donde regía el ordenamiento jurídico con todas las garantías. La Historia, con sus herramientas de investigación y documentación, demostró la falsedad de ese relato.

La revisión de la Historia realizada por el poder político y su interpretación ideológica, con la intención de reescribirla como única y oficial, solo sucede en los regímenes más totalitarios y tiránicos. Este tipo de manipulación parte de una falacia, como lo es la misma denominación de las leyes. La conocida como Memoria Histórica es un ejemplo de ello, ya que la memoria, el recuerdo, es una facultad individual y subjetiva del ser humano. La Historia es una disciplina científica que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado, ya sean políticos, sociales, económicos o culturales de un pueblo, y como ciencia, posee una metodología de investigación contrastada y documentada. Por lo tanto, hablar de Memoria Histórica es un contrasentido.

Lo mismo sucede con la idea de Memoria Democrática, ya que la democracia es un sistema político, una forma de gobierno en el cual la soberanía reside en el pueblo, ejercida directamente o por medio de representantes, donde se reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por ello, la subjetividad de la memoria no se puede adecuar a la neutralidad documental de las fuentes con las que trabaja la Historia y mucho menos puede emplearse para recordar nada desde los organismos gubernamentales y estatales, por más bondades pretendidas.

Nada tiene de democrático la imposición de una visión oficial de la Historia, que es patrimonio de los historiadores y no del poder político. La prohibición de la interpretación y de la expresión acerca de una visión del pasado, e incluso del presente, que no concuerde con la oficial, es la muestra evidente del más infame régimen despótico. Cuando ello sucede, se acaba con los derechos fundamentales, como son los de la igualdad ante la ley, libertad de expresión, reunión, asociación, prensa y acceso a fuentes alternativas de información, opinión, y también con la libertad académica.

El proyecto de Ley también anula condenas y sanciones aplicadas durante ese período declarándolas ilegítimas. Se aplica una discriminación selectiva, parcial y arbitraria respecto a las víctimas, ya sean de un bando u otro, o poniendo el acento en las mujeres, también con el mismo criterio de parcialidad. Todo lo que escape de los limites ideológicos de la izquierda pasa a ser delictivo y por lo tanto condenable con inasumibles sanciones económicas, que culminan finalmente en la muerte civil de quién vulnere la norma.

La ingeniería social, vehiculada mediante el discurso único, también tiene lugar en el proyecto de ley, ya que esta visión oficial de la Historia posee “una finalidad pedagógica de fomento de los valores democráticos y de convivencia, distintas medidas relacionadas con los diferentes ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación, divulgación y otras formas de sensibilización. El objetivo es promover, fomentar y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”.

Nos encontramos así con el adoctrinamiento por parte del Estado, también en las aulas, como se puede entender según lo publicado en la web oficial de La Moncloa: “el deber de memoria se cumplirá con la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), el fomento de la investigación y la creación de un centro documental en Salamanca que abarque desde 1936 a 1978”. Es evidente que la intención del gobierno es que la Historia sea democrática o que no sea. El proyecto manifiesto tiene todas las características de una auténtica aberración ideológica de fanatismo fundamentalista.

La Ley contempla además la resignificación del Valle de los Caídos, con lo que implica semántica e ideológicamente “resignificar” los hechos históricos. Resignificar quiere decir cambiar el sentido, manipular ideológica y políticamente, borrando la parte incómoda del pasado para deconstruir el presente y remplazarlo por lo único permitido oficialmente. Es colocar un ladrillo más en la construcción del muro totalitario del nuevo régimen de lo políticamente correcto.

El texto va más lejos aún, ya que “Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La denominación tradicional del llamado "Panteón de Hombres Ilustres" se modifica y pasa a llamarse "Panteón de España". Su finalidad será mantener el recuerdo y la proyección de los representantes de la historia de la a democracia española”, y además contempla explícitamente con la “extinción de fundaciones, por no constituir fin de interés general, la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas. En esa extinción también entra también la Fundación Nacional Francisco Franco.

El respeto a los muertos ha sido desde siempre el principio que rige y determina al ser humano y la civilización. Cuando esto desaparece y se profundiza la ignominia con la profanación de los muertos bajo el amparo legal, se entra en un terreno en el que no cabe ni siquiera definición alguna para semejante barbarie. “La ley establece que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante”. Ya se actuó en este sentido, sin la necesidad de esta ley, con la exhumación de los restos mortales del Jefe del Estado de la llamada Dictadura. Ahora seguirán, según lo anunciado, con la profanación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera; una víctima de los antepasados de los mismos que hoy determinan qué es democrático, verdadero o legal según su discrecionalidad ideológica y política.

Lo que sigue en la resignificación es el derribo del símbolo religioso cristiano de la Cruz del Valle de los Caídos, la más grande del mundo, y ello bajo el paraguas de la aprobación de un nuevo régimen jurídico y el silencio cobarde la autoridad eclesiástica. Esto no es una especulación ya que la posibilidad de que esto suceda ha sido reconocida por el mismo Gobierno. Nada que no encaje con el omnipresente parámetro de la única visión ideológica del poder de la izquierda globalista, tendrá lugar en la legislación del aún Reino de España.

Cuando se rescribe la Historia, se implanta y acepta un neolenguaje para definir arbitrariamente lo que sea, cuando el poder político carece de límite y control sin consecuencia alguna, cuando se pierden derechos fundamentales como la expresión libre del pensamiento con el riesgo de cometer delito, cuando las mayorías permanecen en silencio, inmóviles e impasibles, y todo ello envuelto en un marco de una cierta legitimidad, la distopia totalitaria es un hecho consumado.

Aunque muchas veces frente a la avalancha de despropósitos no lo parezca, aún quedan resquicios, huecos legales, donde los ciudadanos con espíritu libre y crítico pueden ampararse ante el totalitarismo creciente del discurso único de lo políticamente correcto. Romper el silencio es lo primero. Lo siguiente es impedir la humillación con el rechazo explícito al borrado de la verdad y la libertad. Tenemos la ventaja de tener la verdad de nuestro lado y solo con ella podremos impedir que nos arrebaten la libertad.