La Comunidad valenciana se ha convertido en un semillero de las peores catástrofes contra los derechos sociales a sanidad y salud pública de los que cotizaron toda una vida; nuestros mayores. Los gestores de la región valenciana, socialistas catalanistas y ultra izquierdistas separatistas de Compromis, se han embarcado en la política pirata de los recortes en sanidad cerrando en época estival centenares de consultorios médicos locales de zonas rurales. Mientras, la Vicepresidenta autonómica y Consejera de “Igualdad y políticas inclusivas” Mónica Oltra anuncia que la “renta valenciana de inclusión” – paguita de hasta 532 euros- será otorgada a un mayor número de inmigrantes ilegales. Además, los ilegales podrán encontrarse con la “otra paga”: el “ingreso mínimo vital” recientemente aprobado por el gobierno social-comunista español.

La gravedad e implosión de la peste vírica china del coronavirus provocó que las órdenes dictadas por la Consejera de Sanidad valenciana Ana Barceló se basaran en “concentrar todos los médicos y recursos” en centros de salud hospitalarios para atender la urgencia sanitaria, cerrando los recursos sanitarios de poblaciones reducidas llamados “consultorios”. Se alegó el “carácter provisional” de la medida.

Los habitantes de las localidades pequeñas se vieron abocados a acudir, en caso de urgencia, a los ambulatorios o centros de salud de otros pueblos próximos determinados por su departamento sanitario correspondiente. Esta política derivó en un particular “sálvese quién pueda” que costó vidas a muchos ante la imposibilidad de tener una atención sanitaria inmediata en su localidad.

Las barrabasadas del gobierno valenciano no terminaron en el caos en la atención sanitaria a los más débiles. Aprovechando el miedo social y el estado excepcional a que dio lugar el Estado de alarma, el gobierno valenciano acusó a los médicos contagiados por Covid 19 de haberse infectado “en sus casas” o “durante las vacaciones”. Escondió al primer muerto oficial por coronavirus en España cuyo fallecimiento se produjo el 13 de febrero. Mintió hasta el 10 de marzo – cuando ya había pasado la “fiestecita” del 8 M feminista- celebrando “mascletás” y diciendo que las “fallas se celebrarían sin problemas” –pese a que Italia estaba ya confinada y los carnavales de Venecia habían sido suspendidos-. Compraron miles de mascarillas fake y las distribuyeron caducadas. Mintieron cuando afirmaron haber hecho suficientes pruebas PCR para pasar a la “fase 1” –por eso estuvimos una semana más en fase 0-. Y, finalmente, mintieron sobre sus propósitos “temporales” de cerrar los consultorios de los pueblos pequeños, muchos de ellos todavía clausurados y sin fecha de apertura determinada.

Volatilizando el derecho social a una sanidad pública inmediata y diligente como se reconoce en la Constitución y en la ley general de Sanidad, el gobierno social catalanista valenciano de Chimo Puig y Mónica Oltra ha cerrado consultorios médicos locales en una política artera que dejara sin esperanza, sin atención sanitaria inmediata y sin calidad de vida en las zonas rurales a los estratos más débiles y con menor movilidad: ancianos, dependientes o personas sin vehículo propio. La España “vaciada” rural por la que tanto clama la izquierda va a quedar más vaciada que nunca.

Se liquida el derecho a asistencia sanitaria local universalizada en la geografía española desde que la ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 articulara una sanidad general para todos los españoles donde no faltaba la consulta médica en cada población de España.

Las peregrinas excusas que los corifeos izquierdistas otorgan a la pérdida de los consultorios médicos locales están basadas en la culpabilización a la “herencia recibida de manos del PP” (que dejó la generalidad valenciana en 2015) o, para colmo de la estupidez, en que la comunidad “está infrafinanciada” y “hay que concentrar los recursos para una mejor atención”. El manido: “no tenemos dinero…España nos roba”.

El gobierno ultra izquierdista valenciano sí que tiene dinero, en cambio, para gastarse en 3 años más de 260 millones de euros en la “renta valenciana de inclusión” que por impulso de Mónica Oltra se aprobó en 2017, y que otorga pagas de 532 euros a inmigrantes ilegales empadronados un año en cualquier municipio de la geografía valenciana. Más de 100 mil familias inmigrantes se benefician de esa renta, superior en muchos casos al importe mencionado al completarse con otras ayudas de ámbito local, y que no exige permiso legal de residencia ni tiene límite temporal, pues es una ayuda permanente no basada en la búsqueda activa de empleo.

El “Ingreso mínimo vital” aprobado recientemente por el gobierno español, que otorgará una renta permanente de hasta 1000 euros a ilegales “víctimas de trata de seres humanos” con el consiguiente efecto llamada ya generado, es una copia del modelo de paga clientelar implantada por Mónica Oltra la cual, pretextando querer ayudar a los parados de larga duración, convirtió la “renta valenciana de inclusión” en un subsidio permanente para inmigrantes ilegales.

Hace unos días, ni corta ni perezosa, Mónica Oltra ha salido en defensa de su “paga estrella” y ha clamado por la regularización inmediata de los 629 inmigrantes del “Aquarius”. Cabe recordar que el Aquarius fue el famoso buque de la “ONG” que, ante la prohibición de desembarcar a falsos naufragos en los puertos europeos, recibió el afecto de Pedro Sánchez y el gobierno valenciano para llevar a los inmigrantes al puerto valenciano. Fue en junio de 2018. Los 629 inmigrantes africanos no eran refugiados evadidos de ninguna guerra, sino ilegales cooptados por una mafia de tráfico de personas, y su periplo a bordo del buque Aquarius camino a Valencia atentó contra el derecho internacional al no ser llevados al puerto más cercano y seguro sino a un viaje largo y angosto a través del mediterráneo. Los inmigrantes ilegales no fueron expulsados de España: se les brindó sanidad gratuita, manutención y alojamiento. A partir de ahora, además, todos ellos tendrán la “renta valenciana de inclusión”, sufragada por el contribuyente valenciano y así lo ha anunciado Mónica Oltra.

Mientras el dinero para inmigración es anunciado a bombo y platillo por Pablo Iglesias y Mónica Oltra, los ancianos de las zonas rurales que cotizaron toda una vida y los estratos sociales más débiles perderán –hasta no se sabe cuándo- consultorios médicos locales por una práctica de filibusterismo rapiñero que detrae los recursos públicos de dónde hacen falta para invertirlos en filias ideológicas. Una vez más, y como hicieron celebrando el 8 M que produjo el contagio masivo de Madrid y el 62 por cien de infectados en España, la clase política más ruin y abyecta de la historia antepone ideología sobre la salud y la vida.