Durante la inauguración oficial de la nueva Fiscalía Europea (EPPO), celebrada en Luxemburgo, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, comentó a varios periodistas que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la demanda presentada por Hungría y Polonia sobre el mecanismo de condicionalidad del estado de derecho llegaría a finales de verano o a principios del otoño. En repetidas ocasiones, la comisaria ha dado por hecho el resultado de la sentencia en contra de los demandantes, lo que significaría la aplicación de este mecanismo de condicionalidad y que podría llevar a una congelación de los fondos que reciben de la UE. Para Jourová, que describió la creación de la EPPO como un hecho sin precedentes y extraordinario en la historia de Europa, la no incorporación de Hungría y Polonia a la nueva EPPO es una muestra evidente de las deficiencias del estado de derecho en ambos países.

Hungría, Polonia, Dinamarca, Suecia e Irlanda son los únicos países que han decidido no incorporarse a la EPPO, una organización que supervisará las investigaciones de cualquier posible mal uso de los fondos de la UE. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, se unió a las críticas de Jourová, señalando que estos países están obligados a entablar relaciones con la EPPO y colaborar con ella porque la protección del presupuesto es un esfuerzo conjunto. El tono de la UE con respecto a Hungría y Polonia es el de la amenaza permanente. Lo cierto es que ambos países no han cuestionado hasta ahora a los organismos de investigación europeos, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en materia de investigaciones financieras en el gasto de fondos europeos, pero las nuevas declaraciones de Jourová incidiendo en la aplicación de las sanciones en la inauguración de la EPPO parece una señal más de que nos encontramos ante una nueva herramienta de Bruselas para perseguir al disidente, es decir, a todos aquellos gobiernos que no estén dispuesto a plegarse ante la agenda globalista.

El primer Fiscal jefe de la EPPO es la jurista rumana Laura Codruta Kövesi, que ya había sido nombrada fiscal general europea en octubre de 2019. Durante la toma de posesión de su nuevo cargo, Kövesi afirmó que la EPPO es “el primer instrumento de la UE para proteger el estado de derecho”. Como jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía (DNA), Kövesi lanzó una verdadera persecución contra la vida política rumana, incluyendo acusaciones en masa. En 17 meses abrió tres veces más casos que en los tres años anteriores, incluyendo a 1.138 personas entre los que había 24 alcaldes, cinco diputados, dos exministros y un antiguo primer ministro. Muchas de estas acusaciones fracasaron ante los tribunales y Kövesi fue acusada por sus críticos, especialmente los socialdemócratas que fueron los más afectados por sus actividades, de estar llevando a cabo una caza de brujas política. Sus actuaciones provocarían su sustitución al frente de la oficina anticorrupción en julio de 2018, recibiendo en ese momento el apoyo de la Open Society que se opuso a su destitución. Esto no tuvo nada de sorprendente, puesto que las ONG de la red Soros trataban a la DNA como su partido político. Un año después, Kövesi era elegida fiscal general europea. Además, el 5 de mayo de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una institución comprometida por el informe Puppinck, daba la razón a Kövesi en su demanda contra Rumanía por su cese como fiscal anticorrupción. En su resolución, el TEDH tuvo en cuenta “las observaciones presentadas por la Open Society Justice Initiative, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos, que fueron autorizadas a intervenir por el presidente de la sección”. Es decir, tres ONG de la red Soros. 

Vera Jourová felicita a Laura Kövesi por su primer nombramiento en 2019

La vinculación con Soros no ha pasado desapercibida en Hungría. En julio de 2020, el presidente del parlamento húngaro, László Kövér, la acusó de ser un “agente extranjero” y comparó sus métodos con el del dictador comunista Ceausescu. Kövér afirmó que la fiscal rumana se hizo famosa “lanzando docenas de juicios políticos contra los que pertenecían al bando político opuesto. Entre otros contra los alcaldes húngaros (en Transilvania). Fueron acusados de manera totalmente injusta, arrebatados a su familia al amanecer por una unidad de policía, etc. Durante este tiempo, cientos de miles de llamadas fueron interceptadas como resultado de la colaboración entre la DNA y la Securitate. Si el camarada Ceausescu estuviese vivo, le agradaría ver lo que está pasado en Rumanía”.

Los medios se han apresurado a señalar que Hungría y Polonia, los demás países no existen, se oponen a la nueva fiscalía europea porque están en puestos destacados de las listas de los organismos de vigilancia anticorrupción de International Transparency (Transparencia Internacional, la coalición global contra la corrupción), una ONG dirigida por Michiel van Hulten y que en su lista de donantes menciona a la Foundation Open Society Institute (FOSI), la Open Society Institute, Development Foundation, la Foundation to Promote Open Society y la Open Society Initiative for Europe. De nuevo, el largo brazo de la red Soros que tiene en sus manos al juez, al fiscal y al organismo “independiente” que hace la denuncia. Hungría y Polonia no pueden colaborar con un proyecto que, pese a toda la propaganda publicada en los grandes medios, sólo es una herramienta más en manos de sus peores enemigos.