Cayetana Álvarez de Toledo radiografía en su obra recién publicada ("Políticamente indeseable") la realidad interna del PP de hoy, donde impera el látigo de ese "fullero compravotos" de Murcia que no tiene límites en sus ambiciones de Poder.
 
Yo no sé si don Teo tiene cortijo en su pueblo de Cieza, ni si tiene alguna finca de caza por Murcia o sus alrededores.
Pero lo que sí sé, lo que ya está a la vista de todos, es que el don Teo García Egea, el fullero compravotos de Murcia, se ha creído que el PP es su cortijo particular y que como dueño y señor puede hacer lo que le dé la gana (sobre todo si el verdadero dueño no quiere saber nada y vive por y para soñar en llegar a la Moncloa).
Por ello nos complace reproducir uno de los 12 capítulos que Doña Cayetana incluye en su libro. El que titula como "CINISMO" y describe su personalidad, o lo que sea, de Don Teo, con verdadera gracia y estilo.
Estoy seguro que si le meten el diente no lo dejarán hasta el final.

CINISMO 

Teodoro García Egea llegó al hotel Wellington exhibiendo su sonrisa de crooner, se cruzó con un empresario y le dio una fuerte palmada en el hombro. Luego me vio. Buscamos un rincón tranquilo en el lobby y nos sentamos. Era nuestra primera reunión a solas después de casi un año conviviendo con cierta dificultad a las órdenes de Pablo Casado, y teníamos algunos asuntos que aclarar. Un par de días antes, el 22 de enero de 2020, el diario La Razón me había dirigido su enésima crónica-misil. «Dedicatorias», las llamaba Pilar. Como era habitual, iba cargada por la periodista Carmen Morodo y todo indicaba que la fuente era el secretario general del PP: «Génova frena el pulso de Álvarez de Toledo por tomar el mando». La leí con atención, ansiosa por averiguar en qué consistía exactamente eso de «tomar el mando». A ver si había encabezado un asalto a la Bastilla popular sin enterarme. Pero nada. El texto apenas hacía alusión al titular, más allá de este párrafo genérico: «La nueva portavoz ha tenido ya sus primeros roces con Génova, donde no están de acuerdo en que maneje a su libre albedrío la política del Grupo, sin someterse a la uniformidad de la estrategia del partido. Ella quiere mandar. En Génova discuten que no acepte que por encima de ella hay otra autoridad».

 

«Génova»: poder fáctico o flácido fácilmente identificable. A partir de ahí, Morodo glosaba unas declaraciones del concejal del PP en Barcelona Josep Bou. Derechón de origen e iracundo de carácter, también empresario y amigote de Teodoro, al concejal Bou no le había gustado mi candidatura. ¿Mis simpatías fascistas? ¿Mi moral ultraortodoxa? ¿O tal vez demasiado libertina? ¿Mi acreditada soberbia? No exactamente: «Los catalanes queremos gente de casa y ella no era la mejor persona para hacer proselitismo entre los electores de Cataluña», sentenció. Y también: «El PP tiene que tener gente de aquí, que sea catalana, que tenga apellidos catalanes y que hable en catalán». Eso sí, tuvo la gentileza de reconocer que sí «podía servir para Madrid, Ciudad Real o Toledo». Lo de Toledo sería por mi apellido, olé.

 

Oliendo sangre, la mía, el periodista Mariano Calleja de ABC había aprovechado una comparecencia de Teodoro para preguntarle por estas declaraciones, tan sutilmente evocadoras de la xenofobia contra la que algunos nos dedicábamos a luchar en Cataluña: «El señor Bou, concejal del PP en Barcelona, ha criticado la candidatura de Álvarez de Toledo porque no es catalana ni tiene apellidos catalanes. Entre Bou y Álvarez de Toledo, ¿dónde se posiciona usted?». Su respuesta fue especialmente elocuente: no contestó.

 

La crónica de Morodo no ofrecía ningún detalle de mis intenciones subversivas porque no había nada que contar. Cuando digo nada es nada. Salvo que rogar a Pablo Casado, prácticamente de rodillas, autorización para fichar una directora de Comunicación, un director de Gabinete y dos asesores de los quince que podía pagar el Grupo Parlamentario pudiera asimilarse a un asalto a la cúpula. Llevaba ya seis meses como portavoz del PP en el Congreso y todavía no tenía un jefe de prensa con la autoridad y experiencia que recomendaban mi cargo y exposición a los ataques externos. E internos. No es que esperara un milagroso blindaje frente a las críticas, que además asumía como una consecuencia natural de mi escarpada personalidad y papel en la política. Pero sí necesitaba un mínimo parapeto, un filtro. Alguien que cogiera el teléfono a los periodistas y que, frente a la montaña de mentiras y bobadas que se escribían sobre mí, al menos contrapusiera los hechos. Porque, además, y en contraste con mis predecesores —pienso especialmente en Eduardo Zaplana o en Soraya Sáenz de Santamaría— hablar con los periodistas nunca formó parte de mis aficiones o costumbres como portavoz. Podrán confirmarlo los perjudicados, ávidos de información y cotilleos. Jamás llamaba. Jamás filtraba. Ni contra nadie ni en defensa propia. Había levantado mis dos campañas electorales a pulso. Titulando y corrigiendo casi cada nota de prensa. Poniendo cada tuit. Rezando laicamente para que los hechos se abrieran paso entre los prejuicios, las etiquetas y los tópicos. Y ahora ni siquiera tenía a Pilar, flamante diputada por Madrid. No habían pasado ni quince días desde las elecciones generales de noviembre cuando Isabel Borrego la echó de su despacho contiguo al mío, aduciendo que estaba terminantemente prohibido compatibilizar cargos. Terminantemente, terminantemente... El jefe de Gabinete de Casado, Pablo Hispán, también salió elegido diputado y no dimitió.

 

El viejo recelo antisorayista seguía vigente. Más bien, había mutado en un visceral recelo anticayetanista. «Va por libre, va por libre, va por libre...», le decían a Casado, si es que no directamente: «Va a por ti, va a por ti, va a por ti...». El Yago de Génova. Aunque los celos eran de Otelo.

 

La idea de que yo pretendía «eclipsar» a Casado es uno de los mayores equívocos de mi paso por la portavocía del Grupo Popular y su incidencia en mi relación con Pablo quizá sólo sea comprensible con la ayuda de un diván. Él sabía perfectamente que yo no aspiraba al poder ni mucho menos a sustituirle. Lo sabe cualquiera que me conoce. Soy una truth-seeker, como me llamó un día Pedro Jota, una buscadora de la verdad, una idealista. Es decir, una perdedora. Me mueven las causas no completamente perdidas, pero sí en grave riesgo de perderse: la épica. Y si no soy un genio gestionando equipos, mucho menos facciones. Sin embargo, las altas instancias de Génova decretaron que yo era un sujeto bajo sospecha. Un peligroso foco de poder paralelo. Una rival. Y así Teodoro García Egea pudo ir avanzando, como uno de esos rulos o apisonadoras que utilizamos los toledanos para convertir nuestros pedregales en praderas, hacia su objetivo final: limitar al máximo mi autonomía, influencia y margen de maniobra. Desgastarme ante la opinión pública. Convertirme en un bonito florero. Sólo me quedó mi voz. Y no siempre.

 

Cuando recuerdo lo que ocurrió durante el debate de investidura de Sánchez se me escapa una sonrisa un poco absurda. Es tradición que después de escuchar el solemne discurso del candidato a presidente del Gobierno, y antes del espectáculo pirotécnico de la tarde, los portavoces de todos los grupos parlamentarios comparezcan en rueda de prensa para hacer una valoración exprés, Y así uno tras otro fueron desfilando por lo que se llama «el escritorio». Todos menos yo. Teodoro decidió que aquel era su día, su rueda, su prensa y su Congreso, y se plantó delante de las cámaras. Al vernos, él haciendo un sutilísimo balance del discurso de Sánchez, yo como una margarita o un cardo a su lado, varios diputados me llamaron, estupefactos. El propio Pablo me lo preguntó en el escaño:

 

—Pero ¿cómo es que no das tú la rueda de prensa?

—Teodoro se ha empeñado.

—No es posible.

Lo fue porque él se lo permitió.

 

Sánchez fue investido en plenas fiestas de Reyes. Para rey mago y del mambo, él. No se lo perdonaré jamás... Esta vez, no habrá Fortuny redentor. Sin inmutarse, Sánchez rompió su promesa electoral de no pactar con Iglesias y zurció con comunistas, separatistas y batasunos lo que, más que un Gobierno, es una versión blanca, o en b, del Procés que ha sumido a Cataluña en la decadencia. Consciente de que empezaba una legislatura especialmente áspera y crítica para el constitucionalismo, le pedí a Pablo una reunión para zanjar de una bendita vez el engorro de la intendencia. Fue en un despacho de la séptima planta de Génova y duró varias horas. Además de Pablo, estaban Teodoro, Pablo Hispan y Guillermo Mariscal. Guillermo y yo expusimos con detalle las necesidades del Grupo y las mías propias, que como he dicho eran las mínimas imprescindibles para poder operar. Pragmático y bienhumorado, Guillermo hizo un encomiable esfuerzo para tender puentes y avanzar soluciones. Todo en vano. Teodoro no estaba por la labor de ayudarnos. Ni, en realidad, tampoco de fortalecer al Grupo. De hecho, en su estrategia de bulldozer, llegó a plantear que la Asesoría Parlamentaria dejara de estar físicamente en el Congreso, a disposición de los diputados, y se trasladara a Génova, deduzco que a su servicio. Era un disparate logístico —los diputados necesitan a los asesores cerca, para recabar documentación, pulir iniciativas, redactar enmiendas—y me opuse tajantemente. No fue hasta que Teodoro se marchó de la reunión cuando Pablo se relajó y, con su acreditada empatía, nos prometió ayuda, apoyo, refuerzo, todo. La mañana siguiente nos encontramos con la filtración a La Razón: «Génova frena el intento de Álvarez de Toledo...». Cuando la vio, Pablo montó en cólera. O eso me contó. Y así es como acabamos Teodoro y yo sentados frente a frente en el hotel Wellington para hacer las paces a instancias del jefe.

 

Llegué a la cita con buen ánimo y, sobre todo, con unas ganas infinitas de que remitiese el fuego amigo para poder dedicarme a lo importante: la Oposición al Gobierno. Como Teodoro sonreía tanto pensé que él también. Pero en dos minutos comprobé que el Profident y el puñal son compatibles. No sólo rechazó mis fichajes, sino que arremetió contra toda la dirección del Grupo Parlamentario. Salvo de Isabel Borrego, habló mal de todos. Dijo que no trabajaban, que no servían, que era imprescindible sustituirles. A Mariscal lo machacó. Yo no daba crédito. Primero, porque era mentira: Mario, Carlos, Marta, Macarena, Sandra, Iñaki y por supuesto Pilar eran diputados serios, solventes y rocosos, que controlaban a la perfección sus respectivas áreas. Y, segundo, porque todos ellos habían sido nombrados por la propia Génova. Incluido Mariscal, que en contra de mis prevenciones iniciales había resultado ser un excelente secretario general. Los defendí uno a uno, y ya estaba a punto de contraatacar cuando Teodoro, gran aficionado a los deportes de riesgo, se me adelantó cogiendo al torito de La Razón por los cuernos:

 

—Quiero decirte que no tengo ni idea de dónde ha salido ese titular. Apenas tengo relación con periodistas. Y con Morodo, ninguna.

 

En ese instante: ¡plin! Nuestro Ironman había dejado su teléfono móvil sobre la mesa y le entró un mensaje. Los dos giramos a la vez la mirada hacia la pantalla. En letras nítidas e iluminadas, un nombre: «Carmen Morodo». Miré a Teodoro. Me miró. Y sonrió.

 

Unos días después, mis hijas dormidas, las luces de Las Salesas todavía encendidas, escribí unas notas bajo el título Sí, por libre, que guardé bajo contraseña en mi ordenador. Este párrafo:

 

El acoso de los barones nunca me ha importado. Es su forma de hacerse valer. Varones Dandy contra el chico que les ganó el Congreso, a unos por Soraya interpuesta y al otro por brumosa y lacrimógena incomparecencia. Lo que sí me ha sorprendido, y nunca comprenderé del todo, es la actitud de eso que llaman Génova: una mezcla de Teodoro García Egea, sus apparatchiks y las redacciones de algunos periódicos.

 

No era ingenuidad, sino hastío. Conocía bien las viscosas relaciones entre la política y el periodismo. Uno de los motivos por los que abandoné El Mundo fue precisamente para evitar esa zona gris en la que el columnista se convierte en activista de una causa. Aunque lejos de mí comparar el limpio compromiso ideológico que me empujó a sumarme al PP y la sucia confusión entre información y matonismo que tuve que soportar como portavoz. Esa confusión es una forma de corrupción. Los mentideros: políticos y periodistas que se utilizan mutuamente y se dan de comer unos a otros sin el más mínimo pudor. Siempre hay un político dispuesto a dar al periodista el entrecomillado que busca. Eso sí, oculto en el burladero del off the record. Y, en sentido contrario, siempre hay un periodista dispuesto a poner su crónica al servicio de las más ínfimas vendettas internas de un político. Me dirán que la colusión político-periodística es tan vieja como los dos oficios. Desde luego. Pero su intensidad y la desvergüenza con la que se exhibe se han multiplicado exponencialmente como consecuencia del Big Bang tecnológico y la propagación del virus populista por todos los recovecos del ecosistema mediático. Este otro Proceso también lo viví de cerca.

 

La primera vez que abandoné el periodismo por la política fue en el verano de 2006. Tomé la decisión en Mallorca, tras la enésima conversación con Ángel Acebes, en la pequeña playa del mítico Hotel Formentor, entonces encantadoramente délabré y cambiando de manos. De ahí me fui con Joaco y unos amigos a pasar unos días a Orvieto. El Duomo, con su fachada de azúcar glas multicolor y, dentro, un prodigio escatológico de Luca Signorelli. Y aquella casa de ensueño, La Sorgente: cocina grande, librería llena y jardín umbrío. Guardo un vídeo en el que aparezco tumbada sobre la hierba hablando de mi inminente incorporación al PP. Nuestra perra Peseta corre por detrás con su sonrisa de loca, como contagiada por la euforia. Sí, tenía el ánimo resuelto y la ilusión virgen. Y aun así volví a Madrid con el vértigo en la boca.

 

Mi primera obligación era comunicar la decisión a mi jefe y director. Lo encontré sentado frente a un macizo de periódicos nacionales y extranjeros, con su clásico atuendo de verano: traje claro, camisa a rayas, corbata con corazones y enfáticos tirantes. Al verme se puso de pie:

 

—¿Qué tal, Cayetana? Cuéntame.

—Vengo a contarte que dejo el periódico. Me voy al PP.

 

Pedro Jota empezó a girar sobre las baldosas como una peonza, sus manos enganchadas a los tirantes.

 

—Pero ¡¿te has vuelto loca?¡ ¡¿No te das cuenta de que el periodismo es política sin responsabilidad?!

—Precisamente, precisamente...

 

Llevaba seis años trabajando en El Mundo, casi todos en la sección de Opinión. Primero como becaria, luego como editorialista y por fin como columnista y jefa de sección. Entonces no me lo parecía, pero formábamos una muy motley crew: Pedro García Cuartango, Lucía Méndez, Eduardo Inda, Irene Lozano, Eduardo Suárez y Fernando Múgica, nuestro añorado Mugi. Elegante, romántico y aventurero, era el pulpo en el garaje de Opinión. Había encallado ahí tras una larga etapa como fotógrafo y corresponsal de guerra, y observaba el paisaje, y a sí mismo, con un adorable punto de ironía. En sus editoriales siempre dejaba, a modo de señuelo, algún error monstruoso. Para que, a la hora temible de las correcciones, tras su cotidiano partido de pádel en el Abasota, Pedro Jota sólo se fijase en la aberrante frase-trampa y dejara pasar lo demás.

 

El pluralismo y el espíritu de desafío eran lo mejor de El Mundo. Heterogéneo, combativo, con un posicionamiento ideológico con el que me identificaba plenamente —firmemente constitucionalista, liberal en lo económico y también en lo moral—, las discusiones en la redacción eran siempre vivas y vibrantes. Pedro Jota mandaba, pero no a la siciliana. No había omertá. Lo que sí exhibía era una querencia sensacionalista puramente pícara. Podría haber sido un formidable director de tabloide británico. De hecho, la anglofilia fue lo primero que nos unió, cuando al terminar mi doctorado en Oxford y, desorientada sobre qué camino seguir —el académico o el terrenal— fui a verle y salí con un trabajo de becaria bajo el brazo. Recuerdo mi primer sueldo —sesenta mil pesetas—, lo mucho que me cuidó Cuartango, y el acre olor a tabaco negro en el pelo y en la ropa al regresar a casa cada noche, pasadas las diez. Me traía en su coche Lucía, con la que llegué a tener una honda amistad. Me acompañó en momentos felices y yo a ella en los duros. Y a veces, al leer algunas de sus crónicas, me he preguntado qué no me perdonó.

 

Mi relación con Pedro Jota llegó a ser no diré familiar, pero sí de una confianza distinta a la que cualquiera de los dos mantenía con otros miembros del periódico. Su entonces mujer, Ágatha Ruiz de la Prada, y Joaco son primos, y se quieren mucho. Los cuatro hicimos un viaje juntos a Londres. Nos hospedamos en el viejo Carlton, el club de Churchill, ídolo común de Pedro Jota y mío, y al día siguiente les hice un gran tour de Oxford, con almuerzo en casa de los Elliott incluido. Unos años después, Pedro Jota convocó una manifestación en defensa de su piscina de Mallorca, una joya incrustada en las rocas que la izquierda separatista, disfrazada de ecologista, pretendía expropiar. Allí fuimos Joaco y yo, disciplinadamente, No olvidaré la foto del diputado de ERC, Joan Puig, asaltando la piscina a nado desde el mar, con el carné del Congreso en la boca y el traje de baño a medio culo. Ni el vibrante discurso con el que Pedro Jota nos arengó a su tropa, un remedo del alegato de Enrique V la víspera de la batalla de Agincourt. En la voz de Laurence Olivier o de Kenneth Branagh:

 

This story shall the good man teach his son, 

And Crispin Crispian shall ne'er go by, 

From this day to the ending of the world, 

But we in it shall be remember'd— 

We few, we happy few, we band of brothers; 

For he to-day that sheds his blood with me 

Shall be my brother; be he ne'er so vile, 

This day shall gentle his condition; 

And gentlemen in England now a-bed 

Shall think themselves accursed they were not here, 

And hold their manhoods cheap whiles any speaks 

That fought with us upon Saint Crispin's day. 

 

De pie a nuestro lado, Tristán murmuró: «Hoy papá se ha pasado».

 

Pedro J. Ramírez tenía, como pocas personas que conozco, la habilidad churchilliana de inspirar y movilizar a las multitudes mediante la palabra. Y otras dos, igualmente notables: un ojo de águila para la noticia y una capacidad prodigiosa para titular. Información, síntesis y agudeza. Su problema es que no se contentaba con ser el primero en contar una historia. Quería hacer él la Historia, con mayúsculas. No buscaba sólo la influencia a la que puede aspirar el mejor periodista de su generación. Quería ser un king-maker y un king-breaker, Tenía una política editorial. Política, en el sentido literal del término. Y le acabó costando el puesto. Sentí enormemente su destitución como director de El Mundo. Y también cómo él abordó la mía como portavoz: con un artículo menos de insider que de político sin responsabilidad.

 

El lunes 4 de septiembre de 2006 me incorporé a mi nuevo lugar de trabajo: la mítica séptima planta de Génova 13. El gran Partido Popular. Todavía deambulaba por la selva política con aire de Mowgli antes de conocer a Baloo. Como nunca había hecho información política, sólo editoriales y artículos de opinión, no conocía la vida interna del partido —sus corrientes, fisuras y facciones— y mucho menos los entresijos de las relaciones con la prensa. Dos días después, el ABC publicó el siguiente titular: «Malestar en sectores del PP por fichar Acebes a una periodista de El Mundo y la COPE». Me quedé de piedra. ¿Malestar? ¿Por el fichaje de una modesta periodista como modesta jefa de Gabinete de un secretario general sin ambiciones políticas propias y una lealtad literalmente a prueba de bomba? Luego lo entendí. El director de ABC era José Antonio Zarzalejos, que llevaba varios años en una feroz guerra mediática con Pedro Jota y, sobre todo, con Federico Jiménez Losantos, de quien yo también era colaboradora y muy amiga. En el PP alguien quiso hacerle un favor y el pato lo pagué yo.

 

Cuando regresé a El Mundo, casi diez años después, yo ya no era la misma —más curtida, menos ingenua—, pero el periodismo tampoco. A sus viejos vicios se habían sumado los del nuevo populismo: la exaltación sentimental, la afición a la caza de brujas, una polarización salvaje y un desprecio suicida por la verdad. La vieja frontera entre la opinión y la información había desaparecido y la objetividad ya no contaba ni como aspiración. Lo viví en las tertulias de televisión, a las que empecé a acudir con cautelas pronto confirmadas. «Tú te sientas a la derecha y tú a la izquierda». Nos colocaban a un lado u otro de la mesa en función de nuestra presunta adscripción ideológica, para subrayar el carácter deportivo, binario, irreconciliable del debate público. Para potenciar la confrontación y limitar cualquier fuga o destello de autonomía intelectual. La polarización da audiencia y la audiencia hoy es dios.

 

El tema estrella en la época era la corrupción. Recuerdo una mañana en el plato de la Cuatro. Junto al teleprompter del presentador, invisible a los ojos de los espectadores, brillaban dos pantallas. Una de ellas proyectaba nuestro propio programa. La otra, La Sexta en directo. De pronto escuché la voz del productor: «¡Mete otra de corrupción, mete otra de corrupción, que la competencia arrecia!». Y así, por exigencias del share, cambiamos de asunto y nuestro programa empezó a escupir imágenes de políticos esposados entrando en furgones policiales. Y el debate se calentó. Y la bronca arreció. Y la audiencia se disparó. Eran tiempos de indignación social, claro. Y de purificación, bien. Pero en la misma red cayeron culpables e inocentes a los que nadie se molestó en pedir perdón. El caso paradigmático, por su crueldad y desenlace, fue el de Rita Barberá.

 

Rita, alcaldesa por antonomasia, fuerza de la naturaleza, popular hasta la médula, murió de un infarto, sola y moralmente hundida en una habitación de hotel frente al Congreso. Incapaz de derrotarla políticamente, la izquierda valenciana había decidido acabar con ella mediante groseras acusaciones de corrupción, que los tribunales tumbarían demasiado tarde. Las televisiones agitaron, las redes multiplicaron y la derecha se plegó. Estuve con ella unas semanas antes de su muerte en un acto en el Parlamento. Era un espectro, una sombra, un deshecho. Lo que más le dolía, lo que estaba deshaciéndola, era el abandono de los suyos y teóricamente afines. Partidos que se proclamaban serios e ilustrados, defensores de los procedimientos y las garantías judiciales, se habían dejado arrastrar por una jauría mediática dirigida por la izquierda. Ciudadanos había llegado a convertirla en el símbolo de la putrefacción de los viejos partidos y de su propio compromiso regenerador. La cuenta de Twitter de Albert Rivera rebosaba comentarios y hashtags contra Rita. Dirigentes del partido justificaban su linchamiento «en la percepción de la gente de que España es una ciénaga de corrupción». «La indignación exige sacrificios», te decían, «un justo por tres pecadores». Y el PP se sumó a la orgía populista, por puro pavor. Durante meses los medios jalearon a un grupo de jóvenes dirigentes del PP, que se proclamaban nuevos y limpios por oposición a Rita y al pasado. «Los renovadores del PP exigen a Barberá,,.». «Los renovadores del PP repudian que Barberá...». Entre ellos figuraban los vicesecretarios Casado y Maroto, zarandeados por la ola.

 

Tras la muerte de Rita, Albert Rivera declaró que «cuando una persona se muere no se pueden sacar conclusiones políticas». En un artículo en El Mundo argumenté lo contrario: se podía y se debía. Rita Barberá no era un símbolo de la putrefacción del sistema público español, sino del populismo que lo contaminó hasta la médula y que tuvo en las televisiones su gran propagandista y altavoz. El estallido tecnológico alumbró un sinfín de medios buitres que se alimentaban de cadáveres desprovistos de la menor presunción de inocencia. Y los medios tradicionales, asfixiados por la competencia, se sumaron a la fiesta. Prácticamente ningún medio contrapuso a esta bacanal colectiva una reivindicación racional, justa y valiente de los hechos. Poquísimos periodistas defendieron los fundamentos básicos de un Estado de derecho: la presunción de inocencia o la diferencia entre un investigado, un imputado, un procesado y un condenado. Nadie explicó que la nueva política debía ser un antónimo del populismo. Incluso su antídoto. Y así fue cuajando, y convirtiéndose en norma, un periodismo amarillento, gritón, militante y de gatillo fácil. En aquella época su objetivo eran los presuntamente corruptos. Ahora son los presuntamente machistas, homófobos o racistas. Del crimen económico al crimen identitario: las modas cambian, pero el método es el mismo. Lo pensé a raíz del episodio del chico de Malasaña al que le grabaron el culo a cuchillo con la palabra «maricón». Qué espectáculo el de la izquierda política y mediática lanzándose en tromba contra Vox y contra Ayuso a cuenta de lo que resultó ser un acto consentido de sadomasoquismo. Y qué lamentable y sintomática la incapacidad de los periodistas escolares para reconocer su error.

 

Otra víctima de libro —y lo tuvo, pero para defenderlo: Un buen tío, de Arcadi Espada— fue Francisco Camps. Todavía hoy la percepción general sobre Camps es que una red corrupta dirigida por uno de sus amiguitos del alma le pagó trajes por valor de treinta mil euros. ¡Treinta mil euros en trajes! Ni Imelda Marcos. Nadie recuerda que Camps fue absuelto en siete de los nueve casos que le llevaron al banquillo (los otros dos siguen tramitándose y con buenas perspectivas para el acusado) y, específicamente, en aquel que le costó la dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana, de nuevo con la complicidad pasmada del PP.

 

Es sabido que los periódicos precondenan a cinco columnas y luego evacúan las absoluciones con un breve para absolverse a sí mismos. El director de El País que, portada tras portada, destrozó la vida política de Camps no recibió la más mínima sanción moral. Al revés. Después de unos años coordinando nada menos que la Escuela de Periodismo de El País, Javier Moreno volvió a la dirección del periódico. Brevemente, es cierto. Pero impunemente. Esta sí que es una novedad de nuestro tiempo: la mentira no sólo no se castiga, sino que se premia. En el periodismo. En la política. Y hasta en el sagrado ámbito del proceso penal, donde los hombres se juegan la libertad y unos juegan con la libertad de los hombres.

 

En plena barahúnda política y mediática a cuenta del Caso Gürtel, fui a ver al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Apenas nos conocíamos, pero nos caíamos bien. Hablamos largamente. Me impresionó la naturalidad con la que reconocía su impotencia ante la infiltración del populismo en los juzgados. Grabaciones al por mayor. Instrucciones chapuceras. Imputaciones de quita y pon. Registros a posteriori y para la galena. Es decir, para las televisiones. Y sobre todo un festival de filtraciones. La lista de casos da para otro libro. Pienso en mi amigo y exjefe Ángel Acebes. Durante nueve años —nueve— arrastró la cruz de una condena mediática hasta que por fin la Audiencia Nacional lo absolvió de un delito que simplemente no pudo cometer porque los hechos no pudieron existir: no estaba donde dijeron que estaba cuando no se cometieron unos hechos inventados. Puro surrealismo judicial. Me acuerdo también de otra excompañera y también amiga, Lucía Figar. Joven, inteligente, rutilante, su carrera política quedó destruida por una instrucción laberíntica, caótica y chapucera que todavía colea. Y hasta de Rodrigo Rato, exministro de Economía. Su mujer, periodista, se enteró de que iban a detenerlo por un colega del diario El País, que a su vez se enteró por una fuente del propio Gobierno de Rajoy, que a su vez lo supo por un chivatazo de la Policía judicial. Volvió corriendo a casa y se encontró con una batería de cámaras apostadas a las puertas del edificio, listas para disparar a su marido con la mano de un policía en el cogote. La foto de una época vil. Los cargos que justificaron la espectacular detención de Rato decayeron a los quince días. Otros prosperaron, desde luego. Entró en la cárcel y sigue cumpliendo condena. Rato es el ángel caído del PP y una decepción especialmente dolorosa para quienes le tratábamos y admirábamos. Pero la corrupción de un hombre no justifica la destrucción del sistema. Para tener sentido y validez, el reproche moral y penal debe partir del respeto moral y penal a los hechos.

 

Recuerdo la impresión que me produjo la lectura del auto del instructor de su caso, el juez Antonio Serrano-Arnal, en respuesta a las maniobras de un sector de la UCO para convertir el caso Rato en un caso Gobierno de Aznar. Creo que fue la primera vez que alguien con autoridad y responsabilidad decía públicamente «basta» a las investigaciones prospectivas, al siniestro uso del condicional en los atestados policiales y a la confusión entre las conjeturas y los hechos propios de una nueva Inquisición, No se puede decir que su ejemplo haya cundido. Lo he dicho hace un momento. Las causas han cambiado: antes eran los delitos económicos, ahora los identitarios. Pero el método es idéntico: el auto de fe en la plaza pública que hoy pavimentan las redes sociales y la televisión.

 

Unos meses antes de mi regreso a la política, cuando todavía escribía en El Mundo, la periodista Sonsoles Ónega me invitó a la tertulia de Ya es mediodía, su nuevo programa en Telecinco. Curtida en el periodismo de tribunales, era una profesional rigurosa y una buena persona, y acepté pensando que las dos aguantaríamos la presión. Pero en muy poco tiempo, dos o tres semanas, el dios share impuso su ley y el programa viró hacia la estridencia y la banalidad, y decidí abandonarlo. Cuando le comuniqué a la productora mí decisión, me contestó con afecto y amabilidad: «Lo entiendo, Cayetana, este tipo de tertulia no es para ti». Me lo tomé como un cumplido y hasta como una liberación. Incluso empecé a fantasear con algún día poder hacer yo entrevistas en televisión, como se hacían antiguamente y siguen haciéndose en otros países: hondas, pausadas, incisivas, distinguiendo el tuit del titular y la pregunta inteligente de la meramente impertinente. Algún día, quizá, tal vez.

 

Mi vuelta a la política supuso un reencuentro, más bien un encontronazo, con el populismo mediático, y ahora desde el otro lado de la cámara. He contado el episodio a la salida de la presentación del libro de Federico: cómo unos canallas del programa Todo es mentira me persiguieron con una bandera y una alcachofa mientras una ambulancia se llevaba a Santiago Trancón. Unos días más tarde una reportera del mismo programa me abordó a mi llegada al homenaje anual a Miguel Ángel Blanco con preguntas sobre mi presunto nombramiento como portavoz. Le expliqué adonde y a qué venía. Pero insistió. Una y otra vez, a empujones mientras entrábamos por la puerta de un pequeño centro municipal en el distrito de Chamartín. Se lo repetí: «Vengo a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA, mártir de la democracia». Y entonces la chica me espetó: «¡Cashetana, por favor, es muy importante!». Frené en seco, la miré glacialmente y le pregunté: «¿Has utilizado un acento argentino?». Balbuceando, reculó: «No, no, perdón, en ningún momento...». Pero entonces recordó que estábamos en directo y con una sonrisa burlona añadió: «¿Me ha salido bien?». Giré la cara y seguí de largo. Cinco minutos más tarde, reapareció, ya sola, sin cámara ni máscara, con la cabeza gacha: «Lo siento de verdad, Cayetana. Es mi trabajo. Me lo exigen».

 

Jóvenes periodistas mal pagados y dispuestos a humillarse hasta la indignidad con tal de abrirse camino en la selva mediática. De chicos y sobre todo de chicas así se alimentan muchas cadenas. La Sexta, con el agravante tan progre y feminista de que sólo las contratan guapas. El problema es que los políticos también nos dejamos humillar. Entramos al trapo. Contestamos. Acudimos a los platos como un buscavidas más. Vociferamos. Renunciamos a los hechos y a los argumentos. Estamos más pendientes de lo que dicen de nosotros en Twitter que de si lo que decimos nosotros es útil, exacto y veraz. Y, sobre todo, hacemos lo imposible por quedar bien con los periodistas. Queremos que nos consideren simpáticos, empáticos, guais, sus colegas. Y lo único que conseguimos es que nos desprecien. Unos y otros: los medios de comunicación, que nos tratan como a ganado, y también los ciudadanos, que encuesta tras encuesta expresan su hartazgo y desconfianza en la clase política. Sí, los políticos hemos participado activamente en el proceso que ha arruinado nuestro prestigio. Por la implicación de una ínfima minoría en deplorables prácticas corruptas, evidentemente. Pero todavía más por la respuesta que en conjunto hemos dado a la corrupción: ejemplarizante, es decir injusta, legitimadora de consignas y proyectos antisistema, y favorable a la propagación de la histeria mediática. Una histeria que tiene de hipocresía tanto como de negocio. El cinismo mediático es un cáncer para la democracia.

 

A modo de contraste y bálsamo, cada tanto hay que ver la entrevista en la que una periodista sueca le pide a Margaret Thatcher que dé un sahíto, «a little jump». «Es simpático —le insiste—, una forma de ver el lado humano de los políticos, hasta Gorbachov lo ha hecho». La respuesta de Thatcher es un seco y formidable alegato contra el populismo. «No se me ocurriría hacer semejante cosa. Me parece una bobada y una puerilidad. Yo doy grandes saltos adelante, no saltitos en estudios. [...] Si diera un saltito, lo único que demostraría es que quiero ser vista como alguien normal o popular. Y yo no necesito probar nada. [..,] Y tampoco quiero perder el respeto de quienes me lo llevan guardando tantos años». Thatcher, desafiante, adulta y cada vez más admirable en contraste con la política contemporánea. Pensé en ella cuando el verano pasado, para una entrevista en El Mundo, me pidieron que me hiciera una foto con unas gafas de buzo. Es decir, que hiciera el ridículo. La política necesita una revolución de la seriedad, O los políticos empezamos a tomarnos a nosotros mismos en serio o nadie más lo hará.

 

Pocas democracias han eludido el virus populista. Tampoco en esto es España un caso excepcional. El delirante laberinto constituyente en el que se ha metido Chile, por ejemplo, tiene mucho que ver con el sometimiento de los políticos a la dictadura de la turba tuitera. Por no hablar de la deriva de Estados Unidos. ¿Quién es Trump sin Twitter? Sin embargo, el caso español sí se distingue de otros en un sentido muy importante. Aquí, el populismo de izquierdas converge con el nacionalismo, que es el populismo por excelencia y que, sin embargo, lleva décadas gozando del monopolio de los sentimientos, de una inaudita supremacía moral y del respaldo de los principales grupos de comunicación del país. He mencionado la confesión que me hizo Juan Luis Cebrián sobre el Caso Banca Catalana. Aquí va completa:

 

—Sus memorias revelan un hecho clave: usted accedió a no publicar informaciones sobre Banca Catalana por presiones de Pujol.

—Sí, me llamó Paco Fernández Ordóñez y me dijo que Pujol estaba inquieto por la posición de El País sobre Banca Catalana. Me invitó a comer y aparecieron cinco representantes de Pujol. Se me pidió que dejara de publicar las informaciones y así lo hice. En el libro reconozco que fue un crimen de leso periodismo.

—¡Y de lesa democracia!

 

La izquierda mediática fue determinante en la legitimación y consolidación del nacionalismo como aliado estructural de los sucesivos gobiernos españoles y marco general de referencia. Y también en la demonización de media España. Otra de las confesiones de mi amigo Cebrián:

 

—¿A qué responde su animadversión hacia Aznar? Lo compara con Franco. Lo llama «mediocre» por oposición a su abuelo. Dice que García Márquez y Clinton lo despreciaban... Parece una obsesión.

—La confrontación con Aznar fue fruto del caso Sogecable. Y contribuyó decisivamente a la identificación de Prisa con el PSOE.

—Pero el caso Sogecable empieza en 1997. La identificación de El País con el felipismo y su enfrentamiento con Aznar son anteriores.

—Yo no digo que no tenga obsesiones. Todo el mundo las tiene. Una de las cosas buenas que aprendí de Polanco y del mundo de la empresa es que hay que ser realistas. Tienes que saber cuándo pierdes dinero. Saber por qué te va mal. Yo procuro no ser sectario. Pero es evidente, y lo contaré en el segundo volumen, que Aznar lideró una conspiración contra nosotros con el caso Sogecable. Lo cuenta el propio Pedro Jota en uno de sus libros. Cuando Aznar estaba en la Oposición, Polanco y yo nos reuníamos a menudo con él. Cenas de matrimonios. Al principio venía también Gallardón, hasta que Aznar decidió sustituirlo por Rato.

—Quizá porque El País decidió que Gallardón debía ser presidente del Gobierno y él no.

—Ja ja. Es posible, aunque no hubo una «operación Gallardón». Cuando Aznar se instala en la Moncloa, nos convoca nuevamente a los matrimonios. Nos dice: «Sois las primeras personas a las que invito a cenar aquí con nosotros». La relación era razonable. El choque frontal llega con el caso Sogecable.

 

Miembros del Gabinete de Aznar en Moncloa, hombres inteligentes, leales y nada sospechosos de contemporización con Prisa, se atrevieron a sugerirle, por escrito y con su firma, que abandonara lo que consideraban una inaceptable estrategia de acoso ideológico. Pero la batalla continuó, azuzada por el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Y Prisa, el sectarismo encendido, se tomó venganza. Fueron tan salvajes y sostenidos los ataques que recibió de El País y la Cadena SER, que en la campaña de las elecciones generales del 2000 Aznar se negó a conceder entrevistas a ningún medio del grupo. La guerra culminaría cuatro años después, en las jornadas de agitación y propaganda del 11 al 14 de marzo de 2004, cuando el presunto periodista, activista de sus negocios, Antonio García Ferreras proclamó desde los micrófonos de la SER que en los trenes de Atocha había terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos y que el Gobierno estaba ocultándolo por un sucio cálculo electoral.

 

Yo trabajaba entonces en El Mundo y escribí a seis manos, con Lucía Méndez y Fernando Garea, una larga crónica sobre aquellos días, los más tristes e infames de toda la etapa democrática. Recuerdo perfectamente cómo el entonces secretario de Organización del PSOE, José Blanco, llamó al periódico con datos de la investigación que el Gobierno todavía no tenía. Y cómo los medios de Prisa y otros igualmente afines a la izquierda luego retorcieron y radiaron esa misma información para alentar el cerco a la sede de Génova y las agresiones contra los candidatos del PP. La sima del cinismo. El punto más bajo al que ha llegado un sector del periodismo español.

 

Y aun así el PP siguió sin contraponer a la hegemonía mediática de la izquierda una alternativa. Es un asunto a la vez fascinante y deprimente. A diferencia de la izquierda, la derecha política en España exhibe hacia su base social un desprecio ontológico. Como si la considerase cultural, estética e incluso moralmente inferior al electorado de su rival. «Esas oyentes de Federico, ufff; esos lectores del ABC, hummm...». Durante años, el PP dio por hecho que la derecha seguiría votándole en bloque, hiciera lo que hiciera. Recuerdo una reunión en Génova con Pedro Arriola, el célebre sociólogo de cabecera del partido. Yo no era más que una gabinetera, pero tras escucharle sentar cátedra durante una hora sobre las bondades electorales del perfil bajo y la necesidad de seducir al votante del PSOE con políticas socialdemócratas, apunté tímidamente: «Yo creo que el votante cautivo no existe». Arriola hizo una pausa, me miró de arriba abajo, y siguió con su perorata.

 

A los medios liberales y conservadores les sucede algo parecido: todavía ninguno de ellos ha ahormado una alternativa cultural al marco que desde hace cuatro décadas domina el Grupo Prisa, con sus intelectuales, sus escritores, sus premios y su hegemonía. Salta a la vista en las páginas de las secciones de Opinión y Cultura. Es rarísimo encontrar en El País una entrevista, reseña o tribuna de un intelectual español de derechas. El Mundo y el ABC, en cambio, se jactan de dar cancha y Cavias a columnistas y autores de izquierdas o nacionalistas. Lo primero es sectarismo, claro. Lo segundo podría ser un loable compromiso con el pluralismo si no exhibiera los ribetes del desistimiento.

 

Yo estaba en la tertulia de la COPE cuando, tras la traumática derrota de 2004, Aznar se refirió al Grupo Prisa como «el poder fáctico fácilmente reconocible». Los eufemismos son siempre una concesión. Envalentonan. Tres años después, el entonces todopoderoso Jesús Polanco llegó a acusar al PP de querer «volver a la Guerra Civil», No lo hizo en una charla de bar, sino ante la Junta General de Accionistas del Prisa. Y añadió: «Es muy difícil ser neutral cuando una de las partes considera que todo vale con tal de recuperar el poder [...]. Si estos señores recuperan el poder, van a venir con ganas de revancha, y a mí, personalmente, me dan mucho miedo. El apoyo a manifestaciones como la del otro día es franquismo puro y duro». Se refería a la manifestación del 10 de marzo de 2007 contra la decisión de Zapatero de excarcelar al terrorista Iñaki de Juana Chaos para lubricar sus negociaciones con ETA. En la época yo trabajaba ya en la secretaría general del PP y contribuí con orgullo a la organización y logística de esa marcha, emocionante y masiva. Y también a la drástica respuesta del PP a Polanco. La decisión se tomó en Valladolid, en un sanedrín convocado de urgencia por Rajoy, y el encargado de anunciarla fue mi amigo Elorriaga en calidad de vicesecretario de Comunicación: un boicot temporal a los medios de Prisa de discutible utilidad práctica, pero de un rotundo valor político. Hay que hacerse respetar.

 

La relación de Rajoy con los medios desafía los análisis simplistas. Por una parte, fue capaz de superar tres crisis solapadas —la recesión económica, la abdicación del rey Juan Carlos y el golpe de Estado en Cataluña—, con la oposición frontal de El Mundo y de Federico. A Pedro Jota le ganó el pulso. Por otra parte, su actitud hacia los periodistas tenía un punto de distancia y hasta de displicencia que, en esta época de conchabanza y compadreo —Teo y sus amigotes, el ya defenestrado Iván Redondo y los suyos—, adquiere una reconfortante dimensión contracultural. Pero, por otra parte, Rajoy contribuyó de forma determinante —y no sólo por pasiva— a la consolidación de un ecosistema mediático profundamente hostil a la verdad y a los valores constitucionales.

 

Dos anécdotas que ilustran una categoría.

 

En la primavera de 2014 acudí en nombre de Libres e Iguales a ver al presidente de Radio Televisión Española. Me acompañó mi amiga Isabel Benjumea, posteriormente fundadora de la Red Floridablanca y hoy eurodiputada. Queríamos preguntarle a Leopoldo González-Echenique, un pulcro abogado del Estado cercano a Soraya, por los planes de la televisión pública de cara al referéndum ilegal del 9 de noviembre en Cataluña. Que nos contara qué estrategias tenía RTVE para contrarrestar las campañas de la Generalidad: «España nos roba», «La revolución del somriures», «Volem votar»... O al menos para reivindicar en positivo los espectaculares logros de la España constitucional. No sé, como mínimo volver a emitir la serie de Victoria Prego sobre la Transición... Nada. La única preocupación de la dirección de RTVE era evitar un estallido sindical en respuesta a los recortes presupuestarios impuestos por la crisis. Una actitud defensiva, de cúpula bajo asedio. Y eso que el PP tenía mayoría absoluta. Al final de la reunión, gentilmente, un poco para aplacarme, Leopoldo me dijo: «Si quieres, dame los teléfonos de los miembros de Libres e Iguales y vemos si podemos ir colocándolos en algunas tertulias». Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Albert Boadella, Nicolás Redondo... ¿Tertulianos? Y como si el mayor tsunami de desinformación de la Europa contemporánea pudiera neutralizarse con cuatro gotas de razón.

 

La consecuencia de la abdicación mediática del Gobierno fue lo que todo el mundo, literalmente, pudo ver el 1 de octubre de 2017. Y lo que nadie, literalmente, pudo ver siete días después. Las imágenes de policías aporreando a votantes se emitieron en bucle, en el marco cognitivo definido por el separatismo y por La Sexta: el infame y autoritario Goliat reprimiendo al heroico y demócrata David. En cambio, jamás se vieron las imágenes de los policías heridos. Ni tampoco las de Barcelona colapsada por la movilización cívica más espectacular desde 1977. Y esto porque Televisión Española, con su presupuesto multimillonario y su mastodóntica estructura, no fue capaz de mandar un solo helicóptero a grabarla. Así se construyó el mito de los sucesos de octubre, que fue asumido por medio mundo, incluido el propio Gobierno español. Enric Millo, entonces delegado de Rajoy en Cataluña, llegó a pedir perdón por las cargas policiales. Y de las declaraciones de Pablo Casado tres años después no quiero hablar más. Tampoco él, me parece. El pasado 25 de mayo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo avaló, en una sentencia reconfortante y fundamental para España, la actuación policial del 1 de octubre. Ni porras desproporcionadas. Ni violaciones de los derechos humanos, Ni motivo alguno para avergonzarse o pedir perdón. Nadie del PP dijo nada.

 

La segunda anécdota es del 23 de julio de 2015. Aquel día le dirigí al presidente Rajoy una carta privada. No la de mi despedida del partido. Otra anterior.

 

Querido Presidente:

 

Te escribo para informarte de unos hechos que, a mi juicio y creo que al de cualquier persona ecuánime, son democráticamente inaceptables. Si se denunciaran públicamente provocarían un escándalo político. Por eso te los cuento a ti.

 

El viernes 17 me contactaron del programa Las Mañanas de Radio Nacional de España. Querían entrevistarme el lunes para hablar de la situación política y, concretamente, del desafío secesionista en Cataluña. Y acepté encantada.

 

Sin embargo, el sábado por la noche, casi a las diez, recibí una llamada del director de Radio Nacional, Alfonso Nasarre, a quien apenas conozco pero del que tenía buena opinión. Después de disculparse por la hora intempestiva me preguntó: «Sabes que el lunes te va a entrevistar una sustituía de la periodista habitual, ¿no?». Le contesté que lo sabía y que no tenía ningún inconveniente. Entonces añadió: «Verás, es que no me fío de ella. Preferiría que te entrevistara más adelante el propio Alfredo Menéndez». La excusa me pareció tan burda que le respondí:

 

«Alfonso, ¿cómo no te vas a fiar de una periodista a la que has nombrado tú? Es evidente que el problema soy yo; no queréis que hable en Radio Nacional».

 

Tuvimos una larga conversación, cordial en el tono pero devastadora en el contenido, en la que Alfonso reconoció que personas del Gobierno no quieren que yo comparezca en la radio y televisión públicas. Es decir, reconoció que se me censura.

 

Esto es insólito. A la radio y televisión públicas acuden, por supuesto, los socialistas, los separatistas más radicales, los populistas de Podemos, incluso individuos de Bildu que no han condenado los asesinatos de nuestros compatriotas y compañeros. Pero una diputada del Partido Popular, portavoz de un movimiento cívico que defiende la legalidad constitucional, no puede hablar en Radio Nacional. ¿Por qué? ¿Porque Libres e Iguales denunció la falta de contundencia del Estado el 9-N? ¿Porque como diputada del PP he pedido una renovación integral del partido? ¿Porque en nuestra reciente conferencia política insistí en la necesidad de dar la batalla de las ideas frente al populismo?

 

Presidente, la censura de la que soy objeto es un atropello. Demuestra que la radio pública incumple las exigencias básicas de un medio de calidad —respeto al pluralismo y atención a la actualidad Informativa— y está al servicio de intereses particulares. Esos intereses ni siquiera son los del PP, el partido en el que milito y por cuyo éxito trabajo. Son los intereses de personas concretas que quieren silenciarme. Como le dije a Alfonso, esta utilización inmoral y mezquina de los medios del Estado me produce una desolación profunda.

 

Presidente, la política de comunicación del Gobierno deja mucho que desear. Y no me refiero ahora a la condescendencia del Gobierno ante la propagación del populismo y la puerilidad en buena parte de las televisiones privadas. Me parece todavía más grave que el Gobierno haya renunciado a hacer de Radio Televisión Española un instrumento —de los más poderosos con que cuenta un Estado— para la defensa y promoción de los valores constitucionales. En este sentido, creo que la censura que te detallo es síntoma de una abdicación global.

 

Hoy en España se puede atacar la democracia y la legalidad desde los medios públicos, pero desde esos mismos medios no se puede reclamar al Estado que sea más firme en defensa de la democracia y la legalidad. O al menos yo no puedo. A esta perversión hemos llegado.

 

Comprendo que cualquier Gobierno lleve mal las críticas y más cuando provienen del partido que lo sostiene. Sin embargo, las mías siempre han evitado el sectarismo, la mala fe y el frívolo afán de incordiar. Todos mis comentarios, reflexiones, artículos y comunicados, personales y en nombre de Libres e Iguales obedecen a dos motivaciones: la responsabilidad cívica y la inquietud política.

 

Manuel Valls ha explicado que se hizo francés por adhesión a una comunidad libre. Puedo decir lo mismo de mi decisión de hacerme española. Por eso defiendo la Constitución del 78. Por eso soy exigente con el Estado, con el Gobierno, con mi partido y con mis conciudadanos. Y por eso no puedo aceptar que se me silencie por expresar discrepancias que sólo buscan la mejor defensa de España y de la libertad.

 

Yo quiero lo mejor para mi país. Sé que tú quieres lo mismo. Y esta coincidencia es el sentido último de que te haya escrito esta carta.

Con todo afecto, CAYETANA

 

Rajoy no me contestó. Ni siquiera acusó recibo. No es que yo esperara tres folios de respuesta. En un rapto de ingenuidad o de injusticia, llegué a pensar mal de sus secretarias. Ninguna es como Maribel, antes con Acebes, luego conmigo, la mejor de España. Pero unos meses después, en enero de 2016, sucedió el episodio del falso Puigdemont. En plena ofensiva separatista, un cachondo de una radio catalana llamó a Moncloa haciéndose pasar por el líder de la Generalidad y logró hablar con Rajoy, que campechano y solícito le ofreció una cita: «¡Tengo la agenda muy libre!». Si sus secretarias le habían pasado la llamada de un fanfarrón con ínfulas sediciosas, ¿cómo no iban a haberle entregado la carta de una diputada del PP? Con resignación asumí la censura como una decisión ejecutiva. En mi contra, claro, Pero también contra lo que cualquier ciudadano concernido por la degradación del país tenía el deber de denunciar.

 

La pasividad es la marca del marianismo. Ahora bien, lo he apuntado antes: Rajoy también pecó por acción en el combate mediático contra el populismo y el nacionalismo. Apenas seis meses después de su llegada al poder, en el verano de 2012, tomó una decisión transcendental para el futuro del PP y de España. Rebajó las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. La intervención del Gobierno no sólo forjó un aplastante duopolio televisivo, en cualquier circunstancia indeseable: por un lado, Atresmedia, controlado por Planeta y la italiana De Agostini; por el otro, Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi. Además, salvó a La Sexta de la quiebra. Y a cambio de nada. Bueno, a cambio de su eterno desprecio.

 

Diseñada por el empresario trotskista y separatista Jaume Roures, impulsada por Zapatero como contrapeso al más felipista Grupo Prisa, y manufacturada con gran habilidad, La Sexta no se moderó tras su absorción por Atresmedia. Al contrario. Bajo la dirección de Antonio García Ferreras, recrudeció sus ataques al Gobierno, al PP y a las ideas liberales y conservadoras de media España. Se lanzó a la promoción de Podemos. Y se convirtió en el más poderoso altavoz de la alianza nacional-populista que aupó a Pedro Sánchez al poder. Podemos nació en la marginalidad de La Tuerka, pero se consolidó en La Sexta de Ferreras, Ana Pastor, Jordi Évole y José Miguel Monzón, alias El Gran Wyoming, De allí saltó al mainstream —a su socia Antena 3 y a su única competidora, Telecinco—, donde terminó de blanquearse como una fuerza simpáticamente comunista, sólo retóricamente chavista, adalid de la necesaria regeneración, encarnación de la nueva política, incluso posible socio de Gobierno. Y no sólo del PSOE. He mencionado ya el compadreo de Albert Rivera con Iglesias bajo los auspicios de Évole. Mañana, tarde y noche, en programas de información, de entretenimiento y de humor... Nadie ha hecho más que La Sexta para difundir la doble mentira de un PP dominado por el fascismo y la corrupción, y de una España esencialmente averiada, necesitada no de reformas más o menos profundas, sino de una ruptura en toda regla. Y nadie ha contribuido más a legitimar al separatismo más violento y radical. Extensas entrevistas en prime time a Junqueras, gimoteando y llamando a la revolución. Y aquella entrañable conversación de Évole con Arnaldo Otegi, sólo superada por la que mantuvo con Nicolás Maduro, en la que no tuvo el prurito ni el coraje de preguntarle por sus miles de víctimas.

 

Durante mi etapa como directora de FAES, Évole me llamó varias veces. Entonces todavía me parecía un buen periodista y una tarde quedamos a tomar un café en el hotel de Las Letras. Como muchos periodistas de izquierdas, tenía una misión, casi una obsesión: entrevistar a su bête noire, José María Aznar, y pensaba que yo podía serle útil. Pero yo le decía: «Dudo que Aznar acepte». Y a Aznar: «Presidente, no aceptes». Así que Évole acabó buscando, y encontrando, otras vías. La entrevista a Aznar se emitió en marzo de 2021: el 11-M, la corrupción del PP, la boda de El Escorial... Todo a media luz, con un close up criminal y escorzos asesinos de la cámara. La típica producción de La Sexta para perjudicar al PP. En fin, yo me lo hubiera ahorrado. De hecho, me lo ahorré.

 

En diciembre de 2018, Évole me pidió que participara en un Salvados sobre el futuro de la derecha. Una conversación a cuatro voces. Me enviaron el listado de temas: «Resultados de las elecciones en Andalucía. Estado del PP. División de la de¬recha. Irrupción de Vox», Primero dije que sí, pero luego recapacité. «¿Qué necesidad tengo yo de autolesionarme? ¿Y en qué va a beneficiar este programa al constitucionalismo en general o a la derecha en particular? Una entrevista en solitario y sin editar, todavía. Pero esto...». Me insistieron, pero decliné. Vi el programa: un piso lúgubre sobre la Gran Vía; Xavier García Albiol y los exministros Margallo y Pimentel; y un guión meticulosamente diseñado para transmitirla impresión de un PP mortecino, troglodita e invotable. La Sexta hacía política indeseable. Antena 3, entretenimiento ligero. Todavía no había descollado Vicente Vallés, él sí un excelente periodista, riguroso y pedagógico en la mejor tradición americana, con sus incisivos telediarios de autor.

 

Rajoy no se enteró de lo que pasaba en La Sexta hasta que fue demasiado tarde. Al parecer ocurrió una noche, bien entrada su etapa en el Gobierno, mientras corría en una cinta de un gimnasio de un hotel extranjero. Zapeando, puso La Sexta y se quedó estupefacto ante el espectáculo puramente pornográfico de presuntos periodistas y políticos despedazando a su Gobierno, a su partido y a su país. O quizá le pasó como al aprendiz de brujo, Mickey Mouse en una de las películas favoritas de mi primera infancia, Fantasía: empezó jugando a que más Podemos igual a menos PSOE y acabó con el agua de una moción de censura al cuello. Lo cierto es que nunca hizo nada por desenmascarar a Pablo Iglesias. De hecho, el personaje le hacía gracia. Infinitamente más que Rosa Diez, por ejemplo. En el Parlamento lo cultivaba. Y en los medios no lo combatía. Frente a la creciente hostilidad ambiental, el líder del PP optó por refugiarse en el líquido amniótico del plasma. Se atrincheró. Y así, alimentados por el duopolio y la degradación, fueron creciendo los muñones políticos del Frankenstein que acabó echando al PP del poder. El mismo engendro con el que ahora, un año y medio después, me tocaba a mí lidiar como portavoz del Grupo Popular.

 

Al salir del hotel Wellington llamé a Casado para explicarle que mi reunión con Teodoro no había sido precisamente un éxito. Y sobre todo para insistirle en mis peticiones: «Por favor, de verdad necesito un jefe de prensa». Apelé a su amistad e incluso a sus propios padecimientos. El maltrato de los medios era un lamento recurrente de Pablo, que él no sólo atribuía a la hegemonía mediática de la izquierda. Un día a solas, otro ante terceros, llegó a comentar que Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente presidente y director de La Razón, le habían chantajeado. No pregunté a cuenta de qué ni para qué. Entendí que entre otras cosas le habían exigido la inclusión en las listas electorales del exministro del Interior Jorge Fernández —íntimo de ambos— y que posteriormente se habían indignado porque no lo incluyó. Pablo decidió dejarle fuera del Senado, con buen criterio. Y no lo digo por la implicación de Fernández en el Caso Kitchen, la investigación de un presunto operativo parapolicial para arrebatar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentos comprometedores para el partido y para Rajoy. Mi abuela Yvonne decía: «Estoy en contra de la pena muerte... ¡Salvo para Maurice Béjart!». Yo digo: «Estoy a favor de la presunción de inocencia... ¡Incluso para Jorge Fernández!». Es más, frente a lo que establecen los Estatutos del PP, creo que el momento adecuado para apartar a una persona de su cargo o suspenderla de militancia no es la imputación, sino la apertura de juicio oral. Y entonces Fernández no estaba imputado. Su exclusión de las listas me pareció una decisión ajustada a su acreditada ausencia de convicciones que no fueran religiosas y al perjuicio que sus maniobras en la sombra causaban al constitucionalismo y al PP.

 

Al final Pablo se apiadó de mí y me dio autorización para fichar a una directora de Comunicación; Maje Sáez Beloki, una periodista curtida y valiente que trabajaba en la televisión pública vasca y antes con Rosa Diez. Al frente de mi Gabinete se incorporó Alfredo Timermans, lo mejor que me sucedió como portavoz. En la política conviven muchos hombres mediocres con algunos pocos muy brillantes. Cuando uno de esos hombres muy brillantes no busca el protagonismo, escoge la retaguardia y cultiva la discreción, hónrenle. Es el caso de Timermans. Inteligente, íntegro, eficaz, con una práctica mentalidad neoyorquina, una escritura limpia y un balsámico sentido del humor, Alfredo era lo contrario del modelo de jefe de Gabinete que prolifera en España. Ese que mata por figurar en la prensa como un «gurú», «estratega en la sombra», «arquitecto en la penumbra», «Rasputín». Había sido secretario de Estado de Comunicación con Aznar y tenía un buen puesto, y deduzco que un buen sueldo, en Telefónica. Nos conocíamos poco, pero teníamos excelentes amigos en común. Entre otros, Lasquetty, Elorriaga y Pilar, Después de las elecciones de noviembre, Casado había amagado con contratarle para dirigir su Gabinete en sustitución de Pablo Hispán. La verdad es que habría sido lo ideal. Alfredo era el complemento perfecto para Pablo. En el carácter: claro, ejecutivo, valiente y perseverante. Y en lo político: un liberal de fundamento, con un amplio conocimiento de los issues y matices de la batalla cultural, gracias a los años que había pasado en Estados Unidos tras su salida del Gobierno y a su propia curiosidad intelectual. Cuando vi que Pablo no se decidía, sin grandes esperanzas y explicándole sin ambages la precariedad de mi situación, le ofrecí venirse a trabajar conmigo. A los pocos días me llamó: «He firmado el finiquito con Telefónica. ¿Cuándo empezamos?». Así es Alfredo. Uno de los pocos españoles a los que me atrevo a llamar patriota y ahora uno de mis mejores amigos.

 

Empezamos el 6 de febrero. Lo recuerdo porque ese día, un jueves, celebramos la última reunión de Grupo con todos los diputados presentes, antes de que un virus asesino venido de China cambiara nuestras vidas. Pero, sobre todo, lo recuerdo por mi estado de ánimo y el contenido de mi intervención. Fue la primera y última vez que como portavoz hice referencia pública, aunque fuera sutil, al bullying de Teodoro. Los días previos habían sido particularmente pesados. La estéril reunión de intendencia en Génova; la desalentadora del hotel Wellington; su pueril empeño en protagonizar la rueda de prensa en la investidura de Sánchez; la catarata de filtraciones maliciosas; el cónclave que he relatado en un capítulo previo, en el que despedazó nuestro cuadro de portavoces para ascender a sus afines. Teodoro, agencia de colocación. A todos estos episodios se había sumado, la víspera, uno que superaba ampliamente las cotas de ridículo a las que a veces llegan los partidos. Esta vez el inesperado motivo de disputa fue el chat del Grupo Parlamentario.

 

Como todo chat, el nuestro había derivado en un foro donde felicitarse el cumpleaños o el santo —una de las especialidades de mi viejo amigo Carlos Aragonés—, difundir tuits y enlazar artículos propios o ajenos. Nada que objetar. Un Grupo Parlamentario está a medio camino entre una facción y una familia. El problema es que, a menudo, información imprescindible para los diputados acababa sepultada bajo una montaña de hojarasca. Mariscal decidió entonces crear un chat nuevo, no sustitutivo sino paralelo al original, donde colgar avisos de convocatorias, comisiones, horarios de votación, etcétera. Un gesto perfectamente inocente. No para eso que llaman Génova. A los pocos minutos de crear el chat, empezó el reguero de bajas: dos, tres, diez, veinte... Alarmado, Guillermo indagó entre la bancada y descubrió que Teodoro, a través de sus alfiles, estaba presionando a los diputados con el argumento de que el nuestro era un chat subversivo, sedicioso, un peligro para Casado. Cuando me enteré, me quedé perpleja. Ni Gigante, el matón de Doraemon. Harta de la estupidez y del acoso, decidí encarar el asunto en la reunión del Grupo. Como sólo pueden encararse estos asuntos en los partidos: al bies.

 

Pedí perdón a los diputados que habían resultado perjudicados por la arbitrariedad en los nombramientos:

 

«Pido disculpas en mi nombre —y en el de todos los que han participado en este proceso; os aseguro que han sido muchos— a los que no estéis enteramente satisfechos con las tareas encomendadas. Espero que el tiempo, la práctica y la ayuda de la dirección del Grupo puedan subsanarlo».

 

Expliqué cómo en circunstancias normales, no contaminadas por celos y ridículos recelos, debían ser las relaciones entre el partido y el Grupo:

 

«La gran fuerza del Partido Popular es su organización en dos cuerpos políticos de gran potencia. Uno es el partido: un cuerpo político permanente, creado para agrupar a los electores y los territorios. Esa poderosa estructura que lo ha resistido todo, incluso las políticas de exterminio y de aislamiento social, las presiones de ETA y del nacionalismo. El otro es el Grupo Parlamentario, vosotros. Vuestra tarea como diputados es la más importante desde la legislatura constituyente. Aquella generación forjó nuestro sistema constitucional. La nuestra es defenderlo de quienes lo quieren destruir».

 

Critiqué el empeño en convertir el Grupo en un ejército de clones sin conciencia:

 

«Quiero que a todos los diputados se os vea. Y que a todos se os oiga. Tenéis personalidad propia. No estáis cortados con un molde. Vuestra personalidad no debe ser objeto de sospecha. Al contrario. Debe merecer respeto y confianza. Sin confianza no puede haber un equipo sólido. Me lo habéis oído muchas veces: la autonomía del diputado, la libertad del parlamentario, es fundamental. El Grupo no es una secta. Estoy en contra de la grupocracia y más aún de la portavocracia. Debe haber debate y deliberación. La discrepancia no es sinónimo de disidencia. Nunca lo es cuando se expresa francamente. A cara descubierta. La unidad de acción es una consecuencia del debate, no la sustitución del debate. La unidad de acción surge a partir del examen razonado de los argumentos del otro, no de la imposición. En nuestro caso esa unidad nace además del idealismo y de valores profundos: la lealtad, la generosidad, la responsabilidad, el amor a la libertad, la defensa de la igualdad, el patriotismo».

 

Emplacé a los diputados a defender el prestigio de nuestro oficio:

 

«A nuestro Grupo le corresponde frenar y revertir los dos procesos encabezados por Sánchez: el proceso de liquidación de la España constitucional y el proceso de degradación de la política. Tenemos que demostrar que es falso que la política sea una variedad de la peor y más zafia tertulia televisiva, asolada por la demagogia, las fórmulas manidas, la tuiterización y los atajos sentimentales. Que hay otra manera de hacer política, que dignifica al Parlamento y a nosotros mismos».

 

Insistí en la restitución de la verdad como clave de bóveda de la política:

 

«Hay mucha competencia en nuestro espacio político. La competencia nos gusta. Es un estímulo. No necesitamos decir que lideramos la Oposición. Denota inseguridad: dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Tenemos que demostrar nuestro valor con hechos. Con nuestra conducta. Tenemos que insistir en la reivindicación de la verdad: Sánchez y la mentira son uno y lo mismo. Decimos de Sánchez: "Le da todo igual, es un temerario". Pero no es cierto. No se atrevió a decir la verdad. Ocultó sus pactos y planes para las elecciones. No se atrevió a decir que haría lo que está haciendo en este mismo instante, hoy: reunirse con Torra para avanzar en el proceso de amnistía política de los golpistas y cesión ante sus objetivos. La verdad, pues, es nuestra primera aliada. Tenemos que decir la verdad, aunque sea incómoda. La verdad no es dura ni blanda. Es. Y decir la verdad es una muestra de respeto hacia los ciudadanos. Los ciudadanos están hartos del trilerismo dialéctico. De las evasivas. Quieren políticos que suenen auténticos porque son auténticos. La verdad no está reñida con la inteligencia, el ingenio, la ironía y la elegancia. Al revés. Nada hay más poderoso que la verdad aupada por la valentía».

 

Me referí explícitamente al sectarismo y el ansia de foco:

 

«No estamos en política para satisfacer nuestro ego, aunque todos lo tengamos. Ni para demostrar cuánto mandamos, aunque nos guste el poder. Estamos en política para servir a los españoles. No lo olvidemos. Tenemos que rechazar todo tipo de faccionalismo. Esa pésima costumbre: coloco, promuevo y doy protagonismo sólo a los míos, a los leales, a los fieles, a los cercanos. Esta es una actitud infantil. Que hace daño a la política y, por tanto, a España».

 

Y, ya para acabar, abordé la majadería del chat:

 

«Anteayer se produjo una confusión, no me cabe duda de que involuntaria, y un grupo de diputados se dio de baja del nuevo chat creado por el secretario general del Grupo, sólo para poner avisos e información ordinaria. Nos parecía —y sigue pareciendo— útil tener dos chats, dado que el primero se ha convertido en un lugar donde compartir elogios, inquietudes e información más personal. De forma que, si os parece bien, vamos a mantener los dos chats. Uno para conversar. El otro para los avisos de la dirección».

 

Al abandonar la reunión Aragonés me dijo al oído: «Menudo repaso a Teodoro». Supongo que el aludido pensaría lo mismo. En todo caso, hubiera dado igual. Ya tenía preparada una nueva dedicatoria. Nos la encontramos la mañana siguiente en El Confidencial: «El nombramiento de Timermans como jefe de Gabinete de Cayetana chirría en el GPP. No ha caído especialmente bien entre los 89 diputados que conforman el Grupo Popular, ya que se considera que este puesto es muy relevante a la hora de diseñar la estrategia parlamentaria». Si algunos periodistas leyeran lo que escriben. Lo repito: «No ha caído especialmente bien ya que se considera que este puesto es muy relevante a la hora de diseñar la estrategia parlamentaria». Ajá... Lo que había caído mal del nombramiento de Alfredo —no en el Grupo, sino en la cúpula del partido— es que se trataba de un político serio, profundo, con experiencia y hechuras. Un adulto. Su fichaje era un mensaje: «Voy a pasar a la ofensiva». «¡Contra Génova!», chillaron ellos. «Contra el Gobierno», decidimos nosotros. Y eso hicimos.

 

Las siguientes semanas, hasta que la pandemia convirtió el Congreso en un reducto espectral, fueron parlamentariamente fantásticas: vibrantes y prolíficas. Mi primera intervención de la legislatura fue una interpelación al entonces ministro de Transportes y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos, con motivo de su reunión clandestina con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Venezuela era una de mis especialidades. Sabía perfectamente quién era Delcy: su poder dentro de la jerarquía criminal chavista y su relación de íntima amistad con Zapatero, a quien llamaba «mi rey». Juntos acudían a las cárceles venezolanas a chantajear a los presos políticos con promesas de libertad a cambio de tiempo y oxígeno para la dictadura. El encuentro en Barajas certificaba, además, el giro en la postura de España respecto a Venezuela, en particular, y la defensa de la democracia en América Latina, en general. No es que la política iberoamericana de Rajoy hubiese sido especialmente vigorosa. Pero la suma del apaciguamiento socialista y la entrada de Podemos en el Gobierno provocó una inflexión hacia el reaccionario Foro de Sao Paulo y el carpetovetónico Grupo de Puebla.

 

En mi interpelación, le advertí a Ábalos: «El Gobierno de España ha amparado a una torturadora», y le formulé una serie de preguntas concretas y de respuesta obligada en una democracia mínimamente consolidada. Esto es lo que me contestó: «Mi tono es burocrático y los burócratas suelen ser gente modesta, sencilla. Su tono, en cambio, es de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar, es natural, le viene de origen», Y luego otra vez: «El origen nos determina, nos acompaña siempre». Esta atroz política ad hominem. Esta zafiedad. Esta brecha insalvable entre la izquierda y la igualdad. La degradación del debate público en España es directamente proporcional a la traición de la izquierda a lo que fueron si no sus principios, sí sus banderas.

 

Una semana después del debate con Ábalos retomé las preguntas de control a Carmen Calvo. A pesar de mis prevenciones iniciales, y de los nervios de cada víspera, llegué a disfrutar intensamente de los miércoles. Preparaba mi pregunta en soledad y con el máximo cuidado, fijando una idea, verificando los hechos y puliendo las palabras. Quería que mis intervenciones fueran densas, pero no a lo ancho —las macedonias confunden el mensaje y dispersan los titulares—, sino a lo hondo. Luego las leía varias veces en voz alta, en mi despacho, delante de mi equipo. Y al filo de la hora, palpitando de adrenalina, marchaba hacia el hemiciclo. Las cámaras. El directo. El instante de la sensación verdadera. La política.

 

Nunca conseguí que Calvo me diera una respuesta útil o concreta. A menudo protestaba como una niña: «¡Me ha cambiado usted la pregunta!». Ciertamente. No quise caer en el atajo grosero y cada vez más habitual de registrar preguntas genéricas que admiten cualquier ataque o cualquier respuesta. Aquel clásico: «¿Cómo valora el Gobierno la situación del país?». Fijaba un tema, y a partir de ahí intentaba encontrar el ángulo más oportuno e inteligente. Pero, sobre todo, esperaba de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, y de mí misma, una mínima capacidad de improvisación, una altura, un vuelo. Sin embargo, hace tiempo que el control parlamentario no sirve a su propósito de obligar al Gobierno a mostrar sus cartas. Es espectáculo puro y duro, y muchas veces penoso. Soflamas que van, mentiras que vuelven. Unos y otros intervenimos con el piloto automático puesto y el corte preparado, antes para las televisiones, ahora para nuestros propios seguidores en las redes sociales. Y aun así... Qué responsabilidad. Qué gozo. Y cuánto lo echo de menos.

 

Aquella mañana le pregunté a Calvo por una cuestión que intuí iba a marcar la legislatura: la intención de Sánchez de reformar el Código Penal para rebajar el castigo al delito de sedición. Fue uno de los primeros anuncios del Gobierno y anticipaba lo que finalmente ocurrió en junio de 2021: el indulto en bloque de los golpistas del 1-O, a pesar de la gravedad de sus condenas y de sus amenazas de volver a delinquir. En un informe humillante para Sánchez, el Tribunal Supremo calificó esa decisión como un autoindulto. Un año antes, yo dije lo siguiente en la sesión de control:

 

«Señora Calvo, lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el Gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices, la amnistía de ustedes. La nación toma nota».

 

Como casi cada miércoles, Sánchez estaba sentado en su escaño, a la derecha de Calvo. Vi cómo se le congelaba y descomponía la carcajada, como en la reinterpretación de Bacon del célebre retrato de Inocencio X pintado por Velázquez. Siempre me ha llamado la atención la escasa calidad política y humana del hombre que hoy nos preside. Obsérvenle en el Parlamento. Cuando un orador le critica desde el escaño o la tribuna, jamás lo mira a la cara. No es capaz. No actúa con la dignidad del presidente del Gobierno, que aguanta el chaparrón y la mirada, porque es su obligación y porque además tiene la última palabra, y sin límite de tiempo. La dignidad del cargo, que reclamaba y tan bien encarnaba Torcuato Fernández-Miranda. Sánchez mira para otro lado, se ríe ostensiblemente con quien tenga a su lado, estira las piernas hacia el pasillo, cruza los pies, la vanidad descuadrada. Hasta que se le emplaza.

 

Ese día Calvo tampoco me contestó. La primera para y de su respuesta me provocó una suave sonrisa interior: «¡Usted hace un discurso contra Cataluña!». Contra Catalunya... Otro libro de Espada. Luego añadió; «Ustedes se proclaman constitucionalistas, pero incumplen la Constitución negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional». No me inmuté. La acusación de inmovilismo e insumisión a la Constitución no me impresionaba. El problema es que a otros sí. Contra todo pronóstico, la renovación de los órganos judiciales acabó convirtiéndose en uno de los motivos de mi destitución como portavoz.

 

La primera vez que hablé a fondo con Pablo Casado sobre la renovación de la cúpula judicial fue en aquella infausta reunión de intendencia en Génova, En el debate de investidura, Sánchez había arremetido contra los tribunales y anunciado su intención de «desjudicializar» el Procés. Sus palabras causaron el lógico escándalo, pero a él no pareció preocuparle. Poco tiempo después, filtró su intención de nombrar fiscal general del Estado nada menos que a Dolores Delgado: diputada del Partido Socialista, ministra de Justicia en activo, militante de izquierdas, hater de la derecha y pareja de Baltasar Garzón, uno de los personajes más turbios y sectarios de la órbita iberoamericana, inhabilitado y expulsado de la carrera judicial por pisotear las garantías procesales de los acusados. El nombramiento de Delgado era una agresión directa al PP, pero sobre todo a la separación de poderes. «¡No tiene pudor!»; «¿Cómo se atreve?»; «Esto le pasará factura», decían unos y otros. Pero yo veía en su gesto un golpe de autoridad. De autoritarismo. Sánchez no quería disimular su voluntad de someter al Poder Judicial. Quería que se notara. Que se viera claramente quién manda en España. Y para qué. Su plan, convergente con el de Podemos, era relanzar el Proceso iniciado en Cataluña, ahora desde las instituciones del Estado. Buscaba asegurar al PSOE, o a sí mismo, el poder a perpetuidad. En su camino sólo había tres obstáculos: el Rey, la Oposición y la Justicia. De erosionar la figura del Felipe VI se encargarían Podemos y los separatistas. De debilitar a la Oposición, nuestras propias dudas y divisiones internas. De someter a los jueces, el Gobierno con la complicidad involuntaria —eso esperaban— del PP. El instrumento era la renovación del CGPJ y el TC.

 

Lo comenté en la reunión con Pablo y Teodoro. «La Justicia es uno de los tres diques de contención que quedan frente al Proceso. Creo que no podemos entrar, de ninguna manera, en el reparto de cromos en el CGPJ. Aguantemos la presión y, además, levantemos la bandera de la regeneración de la Justicia, de acuerdo con nuestro programa electoral y con lo que es ético y deseable. En esto los votantes están claramente con nosotros». Era una reflexión elemental y pensé que todos la compartíamos. Sin embargo, para mi sorpresa, Teodoro discrepó tajantemente y defendió la conveniencia de negociar con el PSOE para controlar parte del Consejo. Es más, me dio la impresión de que ya estaba haciéndolo, directamente o a través de terceros. Pablo, en cambio, no parecía tan convencido. De hecho, secundó buena parte de mis argumentos y añadió otro de carácter pragmático: «Aunque quisiera pactar con el PSOE, no podría. Después de lo de Marchena [el whatsapp de Cosido, que aludía a que con Marchena de presidente del CGPJ se contrataría la Sala Segunda del TS], nuestros votantes me matarían». Pero no me quedé tranquila. Vi que Teodoro insistía y que lo hacía de forma beligerante. Por primera vez percibí que sus ataques y filtraciones contra mí ocultaban algo más que una obsesión pueril por el control del Grupo Parlamentario o el foco mediático. Teníamos diferencias políticas y estratégicas de fondo. Y también tomé nota de otra cosa, todavía más inquietante: que Pablo estaba delegando en Teodoro no sólo un poder prácticamente omnímodo sobre la estructura del partido, sino responsabilidades cada vez más importantes y delicadas para el futuro del centroderecha y de España.

 

A pesar de ello, o más bien por ello, cuando a mediados de febrero Sánchez convocó a Pablo a la Moncloa, le preparé una nota con una serie de exigencias. Las llamé «emergencias democráticas» y entre todas ellas destaqué la despolitización de la Justicia. Este es el mensaje que le envié a Casado a modo de exposición de motivos:

 

La reunión en Moncloa sólo busca dar apariencia de normalidad a una circunstancia política puramente anormal. De emergencia democrática. Y sobre todo someter al PP, y vía el PP, al Poder Judicial. Creo que habría sido preferible decirle: «Usted acaba de formar gobierno con unos sediciosos, acaba de habilitar a un usurpador, acaba de aceptar una mesa para negociar la ruptura de la soberanía nacional, acaba de anunciar una reforma del Código Penal para excarcelar al golpista mayor, y acaba de dejar clara su voluntad de someter al Poder Judicial y a la Fiscalía. ¿Para qué me llama usted? Gobierne. Intente cabalgar esa fiera solo. Y cuando fracase, me llama». A partir de ahí, una vez aceptada la reunión, creo que deberías ser claro. Nada de hablar de asuntos «normales»: economía, educación, pensiones... Sólo de las emergencias democráticas. Es decir, de tus exigencias para proteger a la democracia española frente a sus desmanes. Ese es el papel que le pasé a María [Pelayo], que por supuesto incluye la Justicia: su inmediata despolitización para evitar el proyecto antidemocrático de Sánchez de «desjudicialización» del Proceso. No podrías evitar el tema y además es un tema crucial. El tema. El más importante de todos los que están sobre la mesa. Donde nos jugamos la continuidad del sistema del 78. No sé si esto te ayuda en algo. Espero que sí.

 

Pablo no utilizó mi nota. No hay nada extraño en ello: el colaborador propone y el líder dispone. Sin embargo, ese día me quedé preocupada.

 

En los días posteriores, el Gobierno dio un paso más en su política de abandono del constitucionalismo y anunció la convocatoria de una mesa extraparlamentaria de negociación con toda la cúpula separatista, incluido Torra, que acababa de ser inhabilitado por desobediencia al TC. La decisión motivó mi segunda interpelación a Carmen Calvo, aquella en la que me dirigí a su escaño vacío, para sofoco de su sustituta y de parte de mi bancada. Había aprendido cómo funciona el Parlamento en tiempos de declinación: importa más tu discurso que el debate, que la mayoría de las veces queda reducido a un diálogo de besugos con Twitter.

 

En este caso, mi objetivo era hacer la radiografía de la deriva reaccionaria del PSOE. Hitos. Datos. Bandazos. Hasta su presente liquidación como fuerza igualitaria. Pero de filón también mencioné un asunto que, sin imaginarlo entonces, acabaría provocando uno de los mayores revuelos de mi etapa como portavoz: «El próximo sábado, el fugado Puigdemont ha convocado un acto masivo en Perpiñán. Vergüenza para Europa, desde luego. Pero sobre todo vergüenza para ustedes. Ya me dirá en su réplica el nombre del orador socialista que intervendrá como telonero del prófugo».

 

Efectivamente, el mitin suponía una humillación para España y para la Europa del Derecho, la democracia y la unión. Pero sobre todo lo era para Francia y para Macron, autoproclamado azote de reaccionarios y nacionalistas. El candidato de su partido en Perpiñán había acogido con entusiasmo la visita de Puigdemont, al que había declarado «su amigo». Alfredo tuvo la excelente idea de que Pablo le dirigiese una carta a Macron reclamándole coherencia ideológica y apoyo a la democracia española, y yo se la transmití a María Pelayo, con la que tenía confianza y una buena relación. El resultado fue un largo y desolador intercambio de mensajes.

 

María me explicó que Hispán había descartado la propuesta con el argumento de que «el presidente no puede estar todos los días contestando a todo el mundo por actos gravísimos». Parecía harta y desesperada. Se quejó de la pasividad del Gabinete de Pablo. Me dijo que lo trataban como si ya estuviera en la Moncloa y que se habían convertido definitivamente a la estrategia arriolista consistente en «no moverse, por si acaso». «El presidente puede reunirse con policías, Sociedad Civil Catalana, niños con enfermedades raras, ¿y no puede mandarle una carta al presidente de Francia pidiendo ayuda a nuestra democracia?». Le contesté que yo también estaba cansada y sobre todo fastidiada por no poder ayudar. Le insistí en mi tesis: «Están [Sánchez y sus aliados] cargándose el marco para expulsarnos definitivamente del tablero. O lo entendemos en toda su dimensión o estamos liquidados». Por último, conociendo su relación de máxima confianza con Casado, le hice una sugerencia sobre la que llevaba tiempo meditando: «Y otra cosa: un día Pablo debería hablar públicamente sobre la responsabilidad de los empresarios de comunicación y de los empresarios en general. Señalarles. Y emplazarles. A defender la democracia, con él y con todos los que trabajan en el mismo sentido, de Nicolás Redondo para acá. Pablo debe erigirse en líder y defensor de la democracia. No tiene nada que perder». Expresada en privado, esta idea de apercibir a las élites económicas y mediáticas podía sonar banal. Dicha en público resultó explosiva. Pero antes Francia.

 

Al saber que Casado no haría nada respecto al mitin de Puigdemont, decidí hacerlo yo. No le escribí una carta a Macron —no me correspondía a mí como portavoz—, sino al presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand. Quería explicarle hasta qué punto el acto suponía una afrenta no ya para España sino para la propia Francia, su dignidad republicana y sus valores democráticos, y reclamarle que impulsara una declaración institucional de repulsa por la presencia de un golpista y prófugo en territorio francés. Eso hice el mismo día del mitin, el sábado 29 de febrero, no tan casualmente desde un hotel de campo cerca de Narbona. A unos kilómetros, decenas de miles de separatistas avanzaban sobre Perpiñán, ajenos tanto a los fundamentos del Estado de derecho como al advenimiento de la peor pandemia en un siglo.

 

La carta tuvo eco en los medios. A los pocos minutos de difundirla recibí un mensaje del programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Me proponían una entrevista por teléfono el lunes y contesté que la haría encantada. Carlos es un periodista de calidad y uno de los mejores entrevistadores de España. Metódico, cerebral, independiente, irónico, nada banal, con una templanza afilada y un punto de hermetismo, casi de misantropía, me inspira no sólo respeto sino una extraña simpatía. El lunes, sobre las ocho y media de la mañana, atendí su llamada. Hablamos de la carta a Ferrand y del desafío separatista a España en general. Y así, llevada por la conversación y por la necesidad de decir la verdad, aludí al asunto que le había comentado a María por escrito: la responsabilidad de las élites empresariales y mediáticas en la decadencia española. Esta fue mi reflexión:

 

«La pasividad francesa es hija de la abdicación española. En España hay complicidad y hay cansancio, las dos cosas. Hay complicidad del Gobierno de España con el separatismo reaccionario, es decir, con el señor Puigdemont, con el señor Junqueras, con todo lo que ellos defienden y promueven, y también hay cansancio. Mucho cansancio de buena parte de los demócratas españoles ante lo que está sucediendo. Y es contra ese cansancio contra lo que yo me rebelo. Y lo que hago es un llamamiento. Un llamamiento a la movilización de los españoles, de los demócratas en defensa de su democracia; que no pierdan la esperanza y no pierdan también su capacidad de denuncia. Y también un llamamiento a la responsabilidad de las élites españolas: de las personas influyentes, de los intelectuales, de los empresarios, de los dueños de los medios de comunicación. Porque mirar para otro lado, incluso hacer negocio con esta operación de erosión de la democracia, es una inmensa irresponsabilidad, una gravísima irresponsabilidad».

 

Afilado, Alsina repreguntó. Y yo contesté.

 

—Lo de hacer negocio... ¿a qué se refiere, que no...? Hacer negocio con esta situación... ¿por parte de quién?

—Sí. Hay televisiones que hacen negocio. La Sexta, por ejemplo, hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia, que no son de derechas ni de izquierdas. Hace negocio con la erosión de nuestro sistema democrático. Y estamos en un momento crítico.

—¿Usted cree que La Sexta trabaja por la destrucción de la democracia en nuestro país?

—Por su erosión, sí. Hace negocio con su erosión. Desde hace mucho tiempo. Y así lo he dicho siempre [...].

—Hace usted bien en decir lo que piensa. Se lo digo porque La Sexta es una televisión de este grupo de comunicación, como los oyentes, por otra parte, conocen.

—Sí. Y lo siento. Sé distinguir entre unas personas, unos periodistas, y otros, y entre unas partes de un grupo y otras. Y, evidentemente, esta radio y tú en particular —o ustedes, no sé si tutearte—, no. Pero La Sexta sí hace negocio con la erosión [de los valores de la democracia], y creo que alguien lo tiene que decir. Las élites, los grupos de comunicación, tienen una responsabilidad inmensa. Y los empresarios también. No están al margen de lo que está pasando.

 

Cuando colgué el teléfono todavía no era consciente del impacto de mis palabras. A los pocos minutos recibí un mensaje de María: «Se ha liado bien con Atresmedia. Y tampoco te va bien que la gente te vea mientras está el presidente en Telecinco... Si sólo era para la carta de los franceses. A mí se me ha caído el pelo. Vamos a tener más cuidado con eso la próxima vez, porfa. Hablamos cuando puedas». La llamé y conversamos, sin acritud, con el afecto que nos teníamos. Las dos coincidíamos en nuestra valoración de La Sexta. Las dos y me atrevería a decir que la práctica totalidad de dirigentes, cuadros y militantes del PP, que soportaban estoicamente sus mentiras, mofas y embestidas. Durante esa semana y la siguiente la centralita de Génova recibió cientos de llamadas de simpatizantes del partido apoyando mis declaraciones. Otra cosa fue la cúpula del partido, que se blindó en un silencio glacial. Con algunas excepciones, ya clásicas. Feijóo contestó que «los medios de comunicación aceptan que podamos discrepar de ellos, pero lo que no podemos nosotros es censurar o tachar a un medio de comunicación». Juanma Moreno aseguró que «muchas veces no estoy de acuerdo con opiniones que hay sobre mi partido o sobre el modelo de sociedad, pero eso no significa que no tenga que respetar al máximo la libertad de expresión». Y Maroto afirmó que «la libertad de expresión en este país no es una opción; es una obligación de todos los demócratas y yo creo que con eso lo estoy diciendo todo». O nada. La libertad de expresión no es privativa de los periodistas. Ni de nadie. La tenemos hasta los políticos, seres apestados e indeseables. Incluso los fachas del PP.

 

Donde sí hubo ruido fue en algunos despachos de Atresmedia. En cuanto acabó mi entrevista, se produjo una explosión de histeria. Ramón Osorio, el director de Onda Cero, irrumpió en la pecera del programa de Carlos, descompuesto. Los teléfonos entraron en modo crisis. Se convocó una reunión de urgencia, en la que Casals y Marhuenda, viejos admirados míos, decretaron por fin mi muerte política. No diré que el óbito estuviera asegurado, pero un cierto calvario sí auguraba. Para comprobarlo basta leer la transcripción de las grabaciones del caso Lezo publicadas por, entre otros, El País. Son decenas de folios y recogen las simpáticas maniobras del tándem Casals-Marhuenda contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que había tenido la —¡peregrina!— idea de impulsar la investigación de irregularidades en el Canal de Isabel II en la etapa en la que Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces consejero delegado de La Razón, presidía su filial sudamericana.

 

Marhuenda procura tranquilizar a su amigo Edmundo: «Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros, y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar».

 

Incluso le promete apoyo absoluto, total, grupal: «Hay que asustarla, tanto de Grupo como de, decir, oye Pepe Creuheras [presidente de Atresmedia] está cabreado con el tema, Mauricio está cabreado con el tema y yo estoy cabreado con el tema. Estamos todos cabreados con el tema».

 

Casals coincide en la estrategia: «Cifuentes tiene que ver que no es sólo La Razón, sino que están La Razón, Antena 3, Onda Cero, La Sexta».

 

Aunque con las promesas ya se sabe. Hay que tener cuidado. Sobre todo cuando se hacen en nombre de terceros. Al poco tiempo, Casals tiene que reconocer que en la dirección de Atresmedia hay profesionales honrados y justos: «Es evidente que desde el periódico no nos dejan hacer lo que pensábamos hacer».

 

Pero el presidente de La Razón no se arredra: «El boca a oreja lo vamos a hacer, y somos más peligrosos en el boca a oreja nosotros que en el periódico. [...] Vamos a hacer todo lo posible, me voy a dejar los cojones para defenderte. [...] Nos vamos a volver locos en la defensa de algo y que esta tía se prepare... porque no sabe lo que es una campaña boca a oreja, es que no sabe lo que es. [...] Y no te preocupes que las pasará putas esta señora».

 

Muy bien no lo pasó, no.

 

El 11 de enero de 2017, Marhuenda llama otra vez a Rodríguez Sobrino para comentarle que le había telefoneado «la zorra de Marisa», jefa de prensa de Cifuentes. «Por el tema de la leche que le hemos dado hoy, ¡eh!, ¿sabes? [...] Le ha hecho pupita, ¡eh!, bastante pupa, estaba con [,..] la otra [Cifuentes]... Bueno, que si esto era una campaña, etcétera. [...] Y evidentemente le he dicho que no, oye, eso no hace falta reconocerlo, pero no es tonta... Le he dicho, ¡hombre!, si hacéis mal las cosas y tal, pues oye, nosotros... Además, el editorial lo endurecí expresamente».

 

Edmundo Rodríguez Soriano le contesta agradecido: «¡Qué bien!».

 

Y Francisco Marhuenda, director del diario La Razón desde 2008, remata: «Cínico, ¿no?».

 

Ahora me tocaba a mí recibir tratamiento. O a Pablo. En algunos despachos se hablaba del tema abiertamente: «Casado tendrá que elegir: Cayetana o Atresmedia». También se intentaron vías indirectas de presión. De manera completamente extemporánea en sus dos acepciones —las elecciones gallegas estaban a la vuelta de la esquina— La Sexta emitía una entrevista de Jordi Évole con el empresario Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y viejo amigo de Feijóo. «Alberto, a por ella». Con esto no quiero decir que mi destitución haya sido obra de un grupo mediático, por poderoso que sea. Primero, porque sería una estupidez. Y segundo, porque jamás hurtaría a Casado la responsabilidad que es privativa de un líder. Ni a mí la que es mía por decir la verdad.

 

Lo que sí hicieron algunos directivos y profesionales de Atresmedia fue echar toda la carne, la mía, al asador. El día después de mi entrevista con Alsina, La Razón publicó uno de los titulares más creativos de su prolífica antología contra mí: «La portavoz del PP miente como los independentistas para atacar a los medios de comunicación». Por su parte, el informativo del mediodía de Antena 3, presentado por Sandra Golpe, dio una lección práctica acerca del poder del rótulo como herramienta de formación de la opinión pública. Bajo imágenes mías en el Congreso y otros foros, colocó el siguiente cachito con vocación de epitafio: «La marquesa ultra del PP». Fue un verdadero hallazgo, y enseguida se convirtió en hashtag y divisa de mis seguidores. Pero el que me hizo el favor definitivo fue Antonio García Ferreras. En su programa Al rojo vivo, con las manos sobre la mesa en posición simiesca, evacuó la siguiente diatriba:

 

Cayetana Álvarez de Toledo ha puesto hoy en marcha ese ataque a La Sexta, ese ataque a la libertad de expresión porque ella sabe que está altamente cuestionada en su partido. Es un partido condenado por corrupción. Y, sobre todo: es un partido, el PP, que dio como resultado dos referéndums, Le colocaron dos veces las urnas los independentistas. Y la fuga de Puigdemont también es suya, ¿eh? Y el PP fue incapaz de hacer nada. Bueno, sí: repartir palos. Ordenar a la Policía y a la Guardia Civil que le dieran palos a un montón de ciudadanos de Cataluña —mujeres, hombres y niños—. Es verdad que el PP siempre ha tenido una mala relación con la libertad de expresión, Ella, como dice más de un dirigente importante del PP, y más de un barón del PP, traicionó a los populares, Pero ahora está de portavoz del PP, para disfrute de Aznar y el sector que añora Vox. Y que le quede claro a Cayetana: vamos a seguir haciendo lo que consideremos que tenemos que hacer. Y claro que vamos a contar lo que ocurre en Cataluña, Y vamos a hablar con todos los protagonistas, sean independentistas o sean españolistas o estén hartos de todo. Y a ella no le vamos a pedir permiso. No le vamos a pedir permiso a Cayetana Álvarez de Toledo, que es una especialista en manipulación y una especialista en el discurso del odio. No nos asustan sus amenazas, sus mentiras. Y hay algo curioso: a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, y al empresario Roures hay algo que les une: a ninguno de los dos les gusta La Sexta. Eso significa que estamos en el camino correcto.

 

La Sexta, ¿equidistante? Sin duda. Entre el nacionalismo y el populismo.

 

El martes a mediodía, tras la reunión de la Junta de portavoces del Congreso, comparecí ante la prensa, como de costumbre. La expectación era notable. Varios periodistas me pidieron, raudos, la palabra. Se la di primero a la reportera de La Sexta, que entre desafiante y ofendida me preguntó si me ratificaba en mis declaraciones. Le contesté sin énfasis, como quien comenta un hecho objetivo, el sol por la mañana, la lluvia en los cristales: «Es verdad que hay medios que hacen negocio a costa de la democracia, y hay medios que promueven o participan de las mentiras populistas y nacionalistas. La prueba son las palabras que me ha dedicado el señor García Ferreras. Dijo que el PP está condenado por corrupción y dijo que el PP dio órdenes de golpear a ancianos y niños. Las dos cosas son mentira». Hice una brevísima pausa y añadí: «Lo que desde luego nunca van a escucharme pedir es la cárcel para un periodista, como ha hecho Pablo Iglesias. Una persona patrocinada precisamente por la cadena que ahora se muestra tan susceptible a mis críticas».

 

Pablo Iglesias, el niño mimado de La Sexta, acababa de dar un salto cualitativo en su guerra particular con Eduardo Inda. Tras una etapa de valiente denuncia de la corrupción y el nacionalismo en Baleares, y otra como director del Marca, Inda había fundado el digital Okdiario, líder del periodismo de alcantarilla. Como Marhuenda, acudía todos los sábados por la noche a La Sexta y tenía con Podemos una relación peculiar. De lucha encarnizada y dependencia mutua. Pero esta vez Iglesias se había pasado: «Quiero decir hoy con toda claridad que nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar: en la cárcel. Periodismo es decir cosas que molestan al poder y no trabajar fabricando mentiras para lamer las hemorroides al poder».

 

No era mi estilo, desde luego. Ni mi contenido. Un político no puede señalar ni amenazar a un periodista. Ni a nadie, evidentemente. Y menos si ostenta algún tipo de poder ejecutivo.

 

Iglesias era entonces nada menos que vicepresidente segundo del Gobierno, con una patita en el CNI y una fascinación descarnada por los regímenes dictatoriales. La famosa entrevista —en La Sexta, claro— en la que afirmó que «la existencia de medios privados ataca la libertad de expresión» no tuvo lugar en su juventud, imberbe turista del ideal, sino en 2014, líder fulgurante de Podemos. Nunca le gustó la libertad. Y menos que nunca cuando probó el poder.

 

Dicho todo esto, ninguna autoridad en democracia está al margen de la crítica pública, Y los medios de comunicación son una autoridad, el cuarto poder, paradójicamente hoy más que nunca. Las redes sociales, el virus de la opinión y la pulverización de las reglas deontológicas han dejado temblando a los medios tradicionales. Pero todavía más a la propia democracia, a la que esos mismos medios no se ocupan de defender. La participación de los viejos periódicos en la destrucción del ecosistema del que dependen para sobrevivir es un espectáculo sólo superado por la antropofagia, Unos por frivolidad, otros por fanatismo, los terceros por fariseísmo, los medios públicos y privados están contribuyendo activamente a la sustitución de los tribunales por la turba, a la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones, y a la liquidación de la propia idea de la verdad. Promover una verdad paralela a la objetiva, científica, judicial y periodística, una pseudoverdad puramente subjetiva, sentimental y cochambrosa, es un pésimo negocio. Share para hoy y caos para mañana.

 

Lo he comentado muchas veces y me reafirmo cada día. Pocas veces ha sido tan necesario un periodismo de calidad, inmune al cinismo, inasequible a la demagogia, combativo con la ignorancia y comprometido con los hechos. Admito que las señales no son alentadoras. Que una cadena de televisión anime a los espectadores a votar la inocencia o culpabilidad de un hombre, como hizo Telecinco con el exmarido de Rocío Carrasco, es una señal de que las aguas fecales del populismo mediático se han desbordado. Cuánta razón tenía aquella amable productora: «Cayetana, esta tertulia no es para ti...». Como en muchas otras cosas, coincido con el psicólogo clínico canadiense y brillante fustigador de las políticas de identidad Jordán B. Peterson: «Lo que necesitamos en los medios es pocas personas superinteligentes dispuestas a decir la verdad. Lo que tenemos son hordas de columnistas de segunda poseídos por el miedo y la ideología. Lo bueno es que pronto la gente dejará de leerles o escucharles. Perderán toda influencia. Serán irrelevantes.

 

Al hilo de mi polémica con La Sexta, José Antonio Zarzalejos publicó en El Confidencial un artículo particularmente elocuente en este sentido. Este párrafo:

 

En España, es del todo cierto que algunos e importantes valores constitucionales están siendo erosionados. Pero la autoría de ese deterioro no puede endosarse a un medio de comunicación, como este lunes —con su desparpajo habitual, con esa extraña incontinencia verbal que la distingue— hizo Cayetana Álvarez de Toledo en Onda Cero durante la entrevista que mantuvo con Carlos Alsina. «La Sexta está haciendo negocio con la erosión de los valores constitucionales», sentenció la portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Es una acusación grave. Y, sobre todo, errónea. Porque pretende crear una peligrosa confusión sobre lo que realmente ocurre en España: la erosión de los valores constitucionales se debe por entero a la clase dirigente y no a los medios, a fin de cuentas espejos de una realidad tantas veces indeseable, pero cuyo seguimiento es libérrimo por los lectores, oyentes o espectadores. El mando de la televisión y el sintonizador de la cadena de radio son instrumentos a mayor gloria de la libertad de los ciudadanos.

 

Lo releí un par de veces, lentamente, para estar segura. Es difícil mantener la objetividad cuando la protagonista de un artículo eres tú. Hay que mantener la cabeza fría y el sesgo envainado. Pero no, no había duda. Era tal y como lo había interpretado. Según José Antonio Zarzalejos —exdirector de ABC, Premio Luca de Tena, Premio Mariano de Cavia, Premio Godo, reciente biógrafo de Su Majestad el rey Felipe VI—, los periodistas no forman parte de la clase dirigente. No son la élite. No influyen decisivamente en el devenir de un país. Están libres de toda culpa en la crisis española. No han contribuido en nada al descrédito de la verdad, ni a la exaltación de las vísceras, ni al desprestigio de las instituciones, ni a la erosión de los valores que nos unen como demócratas y como españoles. El motivo es que los ciudadanos pueden elegir libremente a los periodistas —cambiar de canal, dice—, pero no a los políticos. Hummm. ¿Para qué servirá entonces nuestro voto?

 

Sólo un cínico podría haberlo previsto: quince años después de celebrar mi incorporación al Partido Popular con aquel guantazo en la portada de ABC, José Antonio Zarzalejos le ha dado la razón a su viejo enemigo Pedro J. Ramírez en que el periodismo es política sin responsabilidad. Yo, no.

 

  Por la transcripción, Julio MERINO