Mientras se espera la llegada del día 1 de octubre, la fecha deseada por los independentistas catalanes para la celebración del referéndum sobre la secesión de Cataluña, se intenta realizar los actos preparatorios indispensables para organizar la votación. Para los mismos, resulta absolutamente indispensable la intervención de los alcaldes, que deben aportar medios, como locales públicos, para que el referéndum pueda desarrollarse.

 

Los alcaldes, según el artículo 124 de la Ley de Bases del Régimen Local, ostentan la máxima representación del municipio y es responsable de su gestión política ante el Pleno. Además, tiene varias funciones, como la de dirigir la política local y la Jefatura de la Policía Municipal, que deben encuadrarse siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico, que es vinculante para las Administraciones Públicas por los artículo 9 y 103 de la Constitución.

 

Dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña se pueden encontrar reglas que se refieren a los municipios, que integran el sistema institucional de la Comunidad Autónoma, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía. Puede destacarse el artículo 84 de la norma, que indica que el Estatuto garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por dichas entidades con plena autonomía, sujeta sólo a control de constitucionalidad y de legalidad. Una de las materias incluidas en la competencia local se refiere a la regulación y la gestión de los equipamientos municipales y a la regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los locales de concurrencia pública, de modo que la Generalitat debería abstenerse en lo que a la utilización de los medios materiales se refiere.

 

Frente a la presión ejercida desde la Generalitat contra los municipios, cuya autonomía debe respetarse en todo caso con los límites marcados por la legislación, los alcaldes tienen una sola opción. No pueden colaborar con las actividades independentistas porque la cobertura de las mismas está en una ley suspendida por el Tribunal Constitucional y sin eficacia, de manera que, auxiliando a los dirigentes catalanes secesionistas, se estarían convirtiendo, con su actuación, en posibles autores delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos, conforme al artículo 28 del Código Penal.

 

Hay menos de 80 alcaldes que se oponen a la votación del día 1 de octubre, pero no pueden mantenerse solos. El Gobierno debería empezar a encargarse de ayudarles, pues se encuentran solos en Cataluña frente a un independentismo que se está extendiendo como veneno en el sistema político y jurídico español