El artículo 31.1 de la Constitución Española establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Este precepto habla directamente de un sistema tributario justo en el que deben fijarse normas fiscales que se ajusten a la auténtica capacidad económica de los contribuyentes, que deberán ser iguales en los casos idénticos, sin que pueda permitirse la confiscatoriedad.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 ha declarado inconstitucional la parte de la configuración del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana recogida en el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que provocaba que hubiera que pagar una cuota en aquellos casos en los que no existía el incremento del valor al que se refiere la denominación del tributo, que se refiere a la transmisión de bienes inmuebles y que hace que deba pagar, por el impuesto, la persona que transmite. El proceso se inició mediante una cuestión de inconstitucionalidad planteada desde un juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

Puede decirse que la resolución ha llegado tarde. Durante años, los ayuntamientos han estado cobrando las plusvalías en situaciones en las que no era justo, aunque si legal, que se tuviera que pagar, por la inexistencia de demostraciones de capacidad económica con transmisiones de bienes inmuebles que no implicaban beneficios efectivos. La sentencia ahora sirve para terminar con una actividad recaudatoria indeseable por la fórmula de cálculo.

 

Conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1979, se ha procedido debidamente con la nulidad parcial de los preceptos impugnados en lo referente al cálculo de la cuota. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad van a permitir que, con ciertas condiciones, se pueda recuperar lo indebidamente pagado al ayuntamiento.

 

El artículo 221.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los ingresos indebidos y señala que, cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido en virtud de un acto administrativo o una resolución judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los términos que reglamentariamente se han establecido. La Sección 5ª del Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria contiene las reglas para la devolución de ingresos indebidos, incluyéndose el procedimiento, de esta manera, dentro de los procedimientos especiales de revisión.