Hace varios días se presentó, por los asesores jurídicos de Juana Rivas, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que ella no tenga que entregar a sus hijos, cuya custodia corresponde al padre. Dicho recurso fue inadmitido por la falta de agotamiento de la vía judicial, conforme a la Ley Orgánica 2/1979.

La Ley Orgánica 6/2007 modificó el régimen jurídico del recurso de amparo y estableció algunas novedosas regla para restringir su admisión. Una de ellas se refiere al agotamiento de la vía judicial. El artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979 indica que las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso, que deberá presentarse en el plazo de 30 días desde la última resolución judicial dictada en el proceso, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

  • a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. Se incluye, para la gran mayoría de los casos, el incidente de nulidad de actuaciones.
  • b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.
  • c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.


Es muy extraño que se cometiera un error tan grave como presentar un recurso de amparo sin haber intentado aprovechar los demás instrumentos jurisdiccionales conforme a la normativa, que es bastante conocida entre los profesionales del Derecho. Se ha divulgado un mensaje con la disculpa, pero no merece la pena introducirse en su contenido, pues no se hace referencia a motivos razonables que puedan servir para explicar por qué se obró de manera tan poco adecuada, aunque es posible que se estuviera pensando en algo poco relacionado con la finalidad procesal del recurso de amparo que se presentó, como la relevancia mediática que podía llegar a lograrse.

Tras el razonable varapalo dado por el Tribunal Constitucional, se ha iniciado un incidente de nulidad de actuaciones, que es necesario emplear antes de presentar el recurso de amparo, ante la Audiencia Provincial de Granada. Habrá que esperar para determinar qué terminará ocurriendo, pero, por lo que se ha indicado, no parece que haya muchas esperanzas de terminar con éxito el conjunto de trámites para que se declare la nulidad de actuaciones, ya que se sigue hablando sobre el Tribunal Constitucional.

Si, finalmente, se desestima la petición para anular las actuaciones procesales correspondientes, se podrá presentar el recurso de amparo. Sin embargo si que es cierto que, además de haber agotado la vía judicial, es indispensable, para que un recurso de amparo sea admitido, que el objeto del mismo presente una especial trascendencia constitucional, que puede no existir en el presente caso en la medida en que debe tener una gran importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución. En la peor de las situaciones, también se podrá pedir ayuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque todavía habrá que esperar para saber con precisión, tras haber observado todos los acontecimientos, si esa es una buen idea.