A menudo, cuando los ciudadanos y profesionales abordamos el tema de los maltratos que sufrimos

las diferentes personas que componemos la sociedad, nos centramos en los maltratos infligidos directamente por unas personas sobre otras, olvidando los maltratos institucionales.

 

Generalmente asociamos  el maltrato con el contexto familiar y/o doméstico, aunque las personas   nos desarrollemos en otros ámbitos diferentes. Si bien el maltrato más conocido es el que se produce en el ámbito familiar no es menos importante ni menos digno de mención el maltrato sufrido en la escuela, centros sanitarios, juzgados o servicios sociales, por citar algunos ejemplos.

 

Cuando un país, y por ende una administración pública asume la responsabilidad sobre una persona, está diciendo que lo va a atender mejor respetando sus derechos. Por este motivo las instituciones no pueden, ni deben, permitir el abuso y han de trabajar arduamente para evitar cualquier tipo de maltrato.

 

Se entiende por maltrato institucional cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación por  acción u omisión procedente de los poderes públicos o bien, derivada de la actuación individual del profesional o funcionariado que comporte abuso, negligencia, perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar fisico, la correcta maduración o que vulnere los derechos básicos de las personas

Se entiende por maltrato institucional cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación por  acción u omisión procedente de los poderes públicos o bien, derivada de la actuación individual del profesional o funcionariado que comporte abuso, negligencia, perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar fisico, la correcta maduración o que vulnere los derechos básicos de las personas.

 

Por otro lado, atendiendo al orden social, la teoría diceque procede de la Justicia, como derecho fundamental en cualquier sociedad calificada como desarrollada y democrática. Se dice que una sociedad es justa cuando se hace cumplir las leyes estableciendo igualdades sin discriminación religiosa, política, social o económica entre las personas que la componen.

Sin embargo, todos hemos sido testigos en algún momento de nuestra vida de algún hecho delictivo que no ha sido condenado por los tribunales, aún cuando las pruebas presentadas sean dignas de una sentencia condenatoria, lo que nos lleva sin remedio, a una falta de confianza y de respeto por la justicia, una pérdida de credibilidad en los derechos de defensa, puesto que día a día nuestros derechos más fundamentales se ven pisoteados en cualquier ámbito de nuestra vida y nuestros derechos constitucionales a ser defendidos en igualdad se encuentran desamparados.

 

Hechos muy simples y que se encuentran ocultos ante los ojos y oídos de la sociedad son por ejemplo casos de hombres, padres de familia que se ven inmersos en procesos de divorcio y que, de la noche a la mañana se encuentran con una denuncia por maltrato. Ante esta situación pasan por el protocolo de ir esposados (muchos sin conocer el motivo de su detención) y pasar como mínimo una noche en el calabozo hasta pasar a disposición judicial. Como contrapartida, cualquier político que se encuentre aforado y que sea acusado por la comisión de este tipo de delito, como por ejemplo el ex-Ministro de Justicia y padre de la actual L.I.V.G. Juan Fernando López Aguilar, no se le aplica este tipo de protocolo.  Nos encontramos de esta manera ante un abuso de poder y por ende, de desigualdad ante la ley y ante la sociedad.

En casos de asesinato o maltrato de un hombre hacia una mujer no se juzga de igual manera que si es la mujer la que comete el mismo acto hacia el hombre. En el primer caso, se le aplican penas más elevadas y en el segundo casi siempre se alegan problemas mentales o de drogadicción para aminorar la gravedad del delito.

Atendiendo a la definición de maltrato institucional arriba mencionado, la Ley Integral contra la Violencia de Género es en sí misma una ley degradante y denigrante, que permite, desde el punto de vista legal el abuso, el perjuicio de la salud y de la estabilidad emocional y que vulnera de manera sistemática los derechos más básicos de las personas, en este caso los hombres. Dentro del maltrato institucional con respecto a la L.I.V.G. se encuentran aliadas todas las instituciones y las fuerzas de seguridad, unidas en un protocolo que únicamente defiende a una pequeña parte de la sociedad, las mujeres denunciantes, dejando en la mayor de las indefensiones al resto de la población, incluyendo a las mujeres que no denuncian.

Sanidad tiene mucho que ver en esto así como los llamados Equipos Psicosociales, que a la hora de emitir informes, los hacen todos cortados por el mismo patrón y siempre basándose en lo que la supuesta víctima, mujer, ha dicho. Rara vez emiten informes veraces basados en investigaciones y revisiones a acusado y denunciante, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y dando credibilidad a los hechos denunciados en exclusividad. Tampoco se tiene en cuenta posibles trastornos mentales en el caso del hombre, no así en el caso de la mujer. Siempre que una mujer denuncia algún tipo de maltrato, este es considerado como violencia de género. Sin embargo, en los muchos juicios a los que he asistido, jamás se ha demostrado la supremacía del hombre sobre la mujer y su denigración por el mero hecho de serlo, que es el principio básico de la actual LIVG vigente.

 

De esta manera, toda la violencia gira en torno a la mujer y a su supuesta debilidad, mientras que se oculta deliberadamente otros tipos de violencias como la que sufren los enfermos crónicos, algunos víctimas de enfermedades crueles y severas que no están capacitados para trabajar y son obligados por el INSS a acudir a sus puestos de trabajo sin que los  informes médicos sirvan de nada. O el que ejercen los servicios sociales quitando a los hijos de sus familias alegando riesgo de exclusión social y entregándolos a familias de acogida o centros que reciben un dinero por mantenerlos, en vez de dar esta ayuda a la familia biológica y ayudarles y/o enseñarles a salir adelante.

 

La violencia y el odio ha existido, existe y si no lo remediamos, existirá. Mientras no se busque el origen y se encuentre una solución lógica y sensata, que no es otra que la aplicación igualitaria de los medios económicos, sociales, sanitarios y legales a todos los componentes de la sociedad.