Con Gobiernos con los que siempre se está bajo la amenaza del saqueo y de la traición es imposible el progreso, de ahí que para evitar la ruina y el desastre sea necesario expulsarlos y encarcelar a sus miembros. Estos Gobiernos y los medios de comunicación que los sustentan son temibles por su capacidad propagandística y porque, por un instinto de autoconservación y de autoafirmación, van a santificar con permanente desparpajo todas sus mentiras, es decir, todas sus actuaciones y actitudes.

Bajo los frentepopulistas, llegados al poder tras sendos fraudes electorales, aquel país había caído en ese exceso de demagogia cuyos desmanes justifican la reacción autoritaria que fatalmente ha de sobrevenir. No existía autoridad legítima y los gobernantes demagogos ejercían un poder arbitrario. Sin embargo, en esta alarmante situación, algunos incautos ciudadanos estaban ilusionados ante la próxima convocatoria electoral prevista en una de sus autonomías.

Todas las despreciables codicias y las miserables hazañas posibles tenían representación en aquella patria escindida en taifas centrífugas: los confinamientos injustos de la ciudadanía, el encarnizamiento con los cadáveres debidos a tal reclusión y a una terrible gestión sanitaria, el coartar la libertad de expresión en nombre de las ideologías, el asesinato de decenas de miles de nasciturus, la apertura de las fronteras a unos invasores pagados, la desnaturalización antropológica del ser humano mediante perversiones y leyes aberráticas, la putrefacción de la justicia, la claudicación de los medios informativos que se sentían, al recibir el oro, repentinamente mistificadores… 

 

Por eso, encabezada por la rebelión civil de los mejores, no cabía otro recurso que la intervención armada, porque el restablecer el orden y el sentido común y la justicia por la fuerza no era ya sólo un derecho, sino un estricto deber del Rey. Con tal motivo anunciaría, como jefe de las fuerzas armadas, la puesta en marcha del ejército hasta restaurar el respeto debido a la Razón y a la Ley y hasta lograr que el uso y ejercicio de las leyes, con el consenso de los más nobles y sabios, dejara expedito y libre el camino para promulgar una nueva Constitución que protegiera de verdad a la patria. 

Pero no había que limitarse a restablecer en el país el uso y ejercicio de las leyes, sino que era realmente necesario asegurar a los ciudadanos que sobre aquellos que habían robado al pueblo y cometido crímenes cayera simultáneamente todo el peso de la justicia y se diera el ejemplo y la seguridad solemne de que pagarían sus delitos con su libertad y su hacienda.

Y así, sólo así, podrían convocarse nuevas elecciones. Si los espíritus libres estaban de acuerdo en que la libertad de expresión y la pureza electoral eran la esencia de la democracia, ¿cómo celebrar y acudir a unas elecciones en una de las taifas más corruptas, bajo el absoluto control autonómico y nacional de los corruptos? 

Sin libertad de expresión y sin garantías ni transparencia electoral, ¿para qué querían aquellos ciudadanos sojuzgados unas elecciones? ¿Para consolidar en el poder a los delincuentes y dementes cuatro años más? ¿No tenían bastante con lo ocurrido recientemente en el país más poderoso de Occidente?

¿O es que soñaban con un milagro de la Divinidad?