Entendieron nuestros políticos del infortunado siglo XIX que la desamortización era una medida necesaria para liberar la propiedad acumulada en manos muertas para entregarla a libre explotación según las leyes del mercado. Pretendían aumentar las arcas del Estado por vías diferentes: primero, obtener ingresos de las ventas de estos bienes a fin de disminuir la deuda pública, bien aceptando los títulos como forma de pago, bien dedicando parte del dinero para comprar esos títulos y hacerlos desaparecer; a su vez, para que la deuda disminuyera, se adquiriría de nuevo crédito y volver a emitir más deuda; parte del dinero obtenido serviría para sufragar gastos extraordinarios, de guerra, obras públicas, etcétera; y aumentar los ingresos al gravar una carga fiscal que antes era ínfima o nula.

La desamortización de bienes raíces, censos y foros. en millones de reales, entre 1798 y 1895, estableció una división cronológica en períodos irregulares, atendiendo a cambios políticos o nuevos impulsos desamortizadores.

Seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando: si aquellas desamortizaciones del siglo XIX ¿las aplicarían en el  XXI a los políticos?

Entre 1798 y 1808 tuvo lugar la desamortización de Godoy que afectó a parte de los bienes de la iglesia en un montante de unos 1.600 millones de reales; unos 150 cada año del periodo, que corresponde al 70% de lo vendido en todo el tiempo señalado.

La magnitud de lo emprendido en el reinado de Carlos IV, cuando desamortizar entendieron era la única solución para aminorar el déficit de la Hacienda pública y que comenzó afectando únicamente a los bienes eclesiásticos y de beneficencia.

Las agitadas etapas que atraviesa España en aquel momento, sólo nos permiten referirnos hasta el Trienio (1808-1813): guerra de la Independencia; 1814: vuelta al poder de Fernando VII, con lo que los intentos desamortizadores acordados en Cádiz desaparecen y se impiden todas las posibles leyes desamortizadoras hasta 1820.

La del Trienio afectó a parte de los bienes del clero regular. Las ventas totales fueron de unos 100 millones de reales, y las ventas por año de 25 millones. Esto representa el 12% de lo vendido en todo el periodo. Esta disminución de ingresos respecto a la etapa anterior se debe a la inestabilidad política.

Desamortización de 1836 a 1849: como en 1823 se retorna al absolutismo, vuelven las medidas desamortizadoras; 1836: la de Mendizábal (eclesiástica); 1844: la de Espartero (de las órdenes militares). Representó un enorme crecimiento de los ingresos, siendo el volumen total de 318 millones de reales por año, 4.550 millones en total; el 150% de lo vendido en todo el siglo.

 Entre 1855 y 1856: en 1844, el retorno del partido moderado hace que las desamortizaciones queden prácticamente suspendidas hasta 1855. En este año se proclama la ley Madoz, que constituye el mayor impulso desamortizador del siglo, al ser de carácter general (bienes municipales, del clero, beneficencia y Corona). Este importante ingreso: 470 millones por año, 940 en los dos años de la fase, constituyó un 222% de ventas en relación con todo el siglo, debido en parte a que unos acceden por vez primera a la propiedad (campesinado) y otros redondean e incrementan lo que ya poseían.

Entre 1859 y 1867: corresponde a la fase de la ley Madoz. Las ventas totales son de 490 millones de reales, siendo 490 los millones conseguidos por año, que supusieron los ingresos más elevados del siglo; la media total de las ventas fue de un 232%, igualmente la mayor del siglo.

A partir de ese momento y hasta el final del siglo (1868-1895) se produjo una disminución progresiva de ingresos, recaudando cada año 102 millones de reales, un total de 2.876 millones, que constituye el 48% de ventas de todo el periodo.

Burgos es la ciudad que más sufre las medidas de Madoz, y ciudades como Zaragoza, León Cáceres y Badajoz, alcanzan también altos valores. La franja oriental sigue registrando bajas desamortizaciones: Valencia y Barcelona fueron las ciudades con más bienes desamortizados.