Hace unos días leí una noticia sobre una sentencia del Tribunal Supremo que lleva por título “la denuncia de malos tratos puede otorgar una pensión de viudedad a pesar del divorcio” aún sin haber sentencia condenatoria, aplicando la ley general de la Seguridad Social que así lo permite a las víctimas de violencia de género. Pero el Tribunal Supremo va aún más allá indicando en su sentencia que “la existencia de denuncias por violencia de género constituye un serio indicio de que la misma haya existido”. Algo más que evidente si nos fijamos en que la actual ley contra la violencia de género al aplicar el derecho penal de autor evidencia en sí misma la ausencia de denuncias falsas dando por hecho que el hombre es culpable con la simple denuncia de su pareja femenina.

 

Esto me hizo pensar sobre la injusticia que esto implica para el resto de la población en general y las mujeres en particular, ya que únicamente se permite a las mujeres que hayan denunciado a sus maridos o parejas sentimentales y que deja, una vez más, la puerta abierta a las falsas denunciantes y al abuso desmesurado de la ley.

 

En este sentido me gustaría hacer un alegato en favor de las segundas esposas, las grandes olvidadas, y muchas de ellas sufridoras de los daños colaterales de la Ley Integral Contra la Violencia de Género que no tienen los mismos derechos que las primeras esposas en ningún aspecto:

Imaginen tener que mantener a los hijos de otra, pagar la pensión de alimentos por sentencia judicial, o que los hijos habidos en un segundo matrimonio no tenga los mismos derechos que los del primero. En muchos casos tienen que actuar de intermediarias entre la primera esposa y el marido debido a la existencia de órdenes de alejamiento o, simplemente, para evitar daños mayores a los hijos

Imaginen tener que mantener a los hijos de otra, pagar la pensión de alimentos por sentencia judicial, o que los hijos habidos en un segundo matrimonio no tenga los mismos derechos que los del primero. En muchos casos tienen que actuar de intermediarias entre la primera esposa y el marido debido a la existencia de órdenes de alejamiento o, simplemente, para evitar daños mayores a los hijos. Pónganse por un momento en su piel e intenten empatizar con ellas sintiendo cómo son maltratadas en los juzgados, vejadas, insultadas, denunciadas e incluso maltratadas por la ex de turno. Intenten sentir el sufrimiento que llevan a cuestas al pensar que sus parejas pueden terminar con sus huesos en la cárcel por el deseo de venganza de mujeres sin escrúpulos cuyo único deseo es destruir a la persona con la que estuvieron emparejadas y con quien tuvieron hijos.

 

Piensen cómo tienen que actuar con unos hijos que no son suyos y a los que quieren como propios, cómo se sienten cuando tienen que consolar a hombres destruidos física, psíquica y socialmente haciéndoles ver el típico tópico de “no hay mal que cien años dure”.

Sientan su tristeza, su impotencia, y su esfuerzo por tener siempre buena cara ante situaciones adversas.

 

La ley sobreprotege a las primeras esposas, favorece a la mujer frente al hombre en procesos de divorcio, por no hablar en casos de violencia doméstica. Pero no a todas las mujeres. Únicamente a las que denuncian.

 

Los políticos se llenan la boca intentando engatusar a las féminas para que denuncien a sus maridos con el único fin de generar negocio. ¿Y qué tipo de negocios se fomentan? La respuesta es Muchos en mayúsculas. Comenzando por los abogados que además de cobrar suculentas sumas de dinero viven a costa del sufrimiento ajeno, tanto del hombre como de la mujer.

 

Imaginen el coste que supone una denuncia entre juicios, recursos, contradenuncias, y demás, por no hablar si el circuito se eleva al Tribunal Supremo y al Constitucional.

 

Otro negocio es el de los mediadores, que si bien son una figura creo que necesaria, también cobran del erario público.

 

Continuamos con el gran negocio que supone la reinserción de los llamados maltratadores en forma de cursos para la educación y respeto hacia las mujeres así como los trabajos en beneficio de la comunidad para quienes tienen la “inmensa suerte” de no entrar en prisión. De entrada tienen que reconocer que son culpables, lo sean o no, porque en caso contrario, el psicólogo que realiza el curso no dará un informe positivo al juzgado.

 

En cuanto a las casas de acogida para mujeres maltratadas suponen un elevado coste y un gran negocio puesto que da puestos de trabajo, pero sin embargo, no existen casas de acogida para hombres maltratados, ni para indigentes, ni para parados, ni para hombres que han perdido todo en sus procesos de divorcio, ni para mujeres separadas que no tienen trabajo ni ayudas para subsistir.

 

Actualmente surgen Fundaciones de debajo de las piedras para ayudar a mujeres que han sufrido maltrato, lo cual me parecería bien si también se dedicaran a ayudar a mujeres que sin haberlo sufrido se encuentran en circunstancias cuanto menos parecidas. Porque maltrato hay de muchos tipos, pero reconocido, sólo uno.

 

Nos han convertido en esclavos de la ideología de género, segregados por nuestra condición sexual, victimizando a un sexo y criminalizando al otro. Creando desigualdades ya no sólo entre personas, sino entre sexos.

Se utiliza a las mujeres enseñándolas a ser víctimas, a quedar por debajo de otro ser humano. Piensen seriamente en esto: la ley integral contra la violencia de género es una ley machista disfrazada de progresista que utiliza a las mujeres como moneda de cambio, convirtiéndolas, convirtiéndonos, en ciudadanas de segunda. Han creado una sociedad en la que ser víctima es sinónimo de poder. Quien no sea catalogado como víctima no tendrá ningún derecho. Y entre las propias mujeres existe una gran brecha que crece a pasos agigantados. La que denuncia a su pareja masculina tiene el poder, la que no lo hace carece de cualquier valor social o institucional, convirtiéndolas en mujeres de segunda con menos derechos y oportunidades.