El viernes, día 31 de julio, televisión española puso en antena, en hora de máxima audiencia, la película titulada “Capitanes de abril”, dedicada exclusivamente a contar cómo fue el golpe de estado que dio un grupo de capitanes en Portugal en abril de 1974. Debo decir que me sorprendió mucho  que, pasados tantos años, la televisión pública española repusiera una película sin relevancia histórica (narra el golpe militar de manera poco acorde con la realidad) ni artística. Después de reflexionar sobre el tema, no he encontrado justificación alguna, ya que no parece existir hoy ningún indicador que haga pensar que en España se esté cociendo un golpe militar semejante al de Portugal. La única explicación que se me ocurrió fue pensar que el actual gobierno, a través del dominio absoluto que posee sobre la televisión pública, esté promoviendo un golpe militar, pero rápidamente descarté esa hipótesis, puesto que ese supuesto golpe de estado iría contra el propio gobierno. Dado que no he encontrado ninguna explicación satisfactoria al hecho de que la televisión pública nos ofreciera esa película cuando han pasado cuarenta y seis años de lo que se conoció como la “revolución de los claveles”, me puse a reflexionar sobre los motivos que pueden justificar un golpe de estado promovido por el estamento militar, y aquí les presento a ustedes el fruto de mis reflexiones.

A pesar de que cuando ocurrió ese golpe militar en Portugal lo aplaudí sin ningún tipo de reservas, de ocurrir hoy en día no lo aplaudiría. Es cierto que gracias a ese golpe militar cayó la dictadura salazarista portuguesa sin ningún derramamiento de sangre, cosa que no suele ocurrir en los golpes de estado. Una dictadura que, a diferencia de la franquista en España, provocaba la muerte de miles de jóvenes enviándolos de forma obligatoria a defender las colonias portuguesas, sabiendo que esa era una guerra totalmente perdida. Como es bien sabido, en España ocurrió algo parecido durante el reinado de Alfonso XIII, aunque aquí el resultado fue el contrario del acaecido en Portugal. Aquí la muerte de miles de jóvenes españoles en la defensa de nuestras colonias del Norte de África se produjo cuando existía un régimen democrático y la sangría de recursos humanos y materiales dio lugar a la implantación de la dictadura del general Primo de Rivera y no de una democracia como ocurrió en Portugal. Una dictadura que, como han demostrado los historiadores honestos, no solo saneó el podrido régimen democrático español de aquellos años, sino que además contribuyó a aumentar el bienestar económico y social de los españoles como nunca antes se había producido en un período tan breve de tiempo. Es más que evidente que no se deben relacionar ambos procesos políticos, no solo porque los resultados fueron los opuestos, sino también porque en realidad la dictadura del general Primo de Rivera no se produjo como consecuencia de un golpe de estado militar, sino con la aquiescencia de la propia monarquía y del partido socialista español.

¿Por qué hoy en día no aplaudiría aquel golpe de estado portugués, propiciado por un puñado de jóvenes capitanes y coordinado finalmente por el general Spínola? Sencillamente porque creo que las decisiones militares, tanto en una democracia como en una dictadura, deben estar sujetas a lo que prescriba la legislación de cada país acerca del papel de los militares en los procesos de cambio político. Alguien podrá decirme que el único propósito de los militares portugueses sublevados fue restaurar la democracia, tal y como lo demostró el hecho de que se retiraran a sus cuarteles cuando se aprobó una nueva carta constitucional y cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas. Tanto hoy como hace 46 años respeto profundamente esa actitud cívica de aquellos militares portugueses y también el objetivo que perseguían y que lograron. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que aquellos jóvenes militares se tomaran la justicia por su mano, al margen de la legislación vigente en Portugal.

Soy consciente de que hay momentos históricos en los que la única posibilidad de derrocar a los gobiernos incompetentes, corruptos e infames, solo puede conseguirse a través de la intervención militar, sobre todo cuando dichos gobiernos defienden, o no hacen nada para evitarlo, la ruptura de la unidad nacional como ocurre en nuestro país. Una ruptura auspiciada por políticos nacionalistas y consentida por los tres últimos gobiernos españoles (el dirigido por Zapatero, por Rajoy y por Sánchez). Pues bien, aun en esos casos tan extremos, nunca aplaudiría que la vuelta a la senda democrática honesta y racional fuera debida a un golpe militar, si éste es considerado ilegal. Sin embargo, en aras de ser honesto, debo confesar que en más de una ocasión he deseado que ese golpe militar se produjera cuanto antes en nuestro país para evitar la ruptura de la unidad de España. Pero una vez pasados esos momentos de desesperanza absoluta, llego a la conclusión de que la única forma racional y democrática de acabar con esta grave situación política española debe ser respetando escrupulosamente lo que dice nuestra carta constitucional al respecto. No obstante, al mismo tiempo me surge esta duda: ¿Es posible echar de una vez por todas a los gobernantes nacionalistas cuyo único objetivo es romper la unidad de España y a aquellos otros que lo permiten, apoyándonos exclusivamente en la vigente legislación española?

No soy un experto en leyes y, por lo tanto, soy consciente de que lo que voy a decir a continuación debe ser matizado por dichos expertos. El artículo 8º de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Como no puede ser de otro modo, exactamente igual dice el artículo 3º de las vigentes Reales Ordenanzas Militares. Ahora bien, tanto la Constitución como las Ordenanzas Militares prescriben que las fuerzas armadas únicamente pueden actuar siguiendo las órdenes que provienen de la cadena de mando. Es decir, en un tema tan delicado y trascendental como es la defensa de la unidad e integridad de la nación española, la orden de actuación tendría que provenir de quien es su mando supremo: el rey. Llegado a este punto crucial, me surge otra duda: ¿Tiene potestad legal el rey, en tanto que jefe de estado y jefe supremo de las fuerzas armadas para ordenar la instauración provisional de un gobierno militar cuyo único objetivo sea la convocatoria de cortes constituyentes con el propósito de modificar la actual carta constitucional para poder ilegalizar a todos los partidos políticos que en sus estatutos promuevan la ruptura de la unidad de España y la de aquellos otros que apoyen a esos partidos rupturistas?

Por desgracia, no estoy en condiciones de responder con rigor a esa inquietante cuestión, aunque pienso que es posible, pero me consta que en este diario hay colaboradores muy expertos en derecho constitucional y en derecho militar.  Por tanto, dada la gravedad de la situación en que se encuentra España, no solo como consecuencia del peligro real de la ruptura de la unidad de la nación española, sino también por la ruina social y económica a que este gobierno incompetente y embustero nos está llevando a todos los españoles, considero que ese tipo de expertos deberían explicarnos cuál podría ser el papel del ejército sin necesidad de dar un golpe de estado al margen de la vigente legislación, en caso de que ello fuera posible.  Como he dicho antes, yo no me siento preparado para abordar ese tema con rigor. Solo tengo claro esto: que esta lamentable situación solo puede ser revertida mediante la intervención del ejército.