La presidenta del Congreso, doctora en derecho y abrumada por su calamitosa postura, decidió no acabar como la golpistas y proterrorista, Carmen Forcadell.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados y diputada en las filas del PSOE, arrastró sin pudor la dignidad de la Cámara al apoyar la continuidad del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. La corrección posterior no enmienda la estupidez cometida el día antes porque la sentencia era clara en todos sus términos. Una sentencia que no precisaba reinterpretaciones, como más tarde aclaró el Tribunal Supremo. Lo que subyacía era un afán de confraternidad entre la mayoría de la Mesa del Congreso. Dios los cría y ellos se juntan…para hacer el mal.

Tal intento de confraternizar hizo pensar a la ciudadanía que estábamos rodeados de indocumentados, pelamanillas, indigentes intelectuales y con serios problemas de lectura comprensiva. Ni siquiera alcanzaron a leer que la pena de cárcel era conmutada por una multa económica y que la inhabilitación era connatural a la primera condena, era «accesoria». Para el adjetivo «accesorio/a» nos dice el diccionario: «Que depende de una cosa principal o está agregado a ella». ¡Ojo, conmutar una pena o deuda no es lo mismo que condonarla! De todos es sabido que, cuando se condona una deuda principal, se extinguen las obligaciones accesorias, pero no hablamos de condonar (perdonar) sino de conmutar o cambiar. ¡Ay, Belarra, Belarra, cuán cantidad macarra!

La falsedad ya tradicional del PSOE, y ante el inmediato cambio de postura por parte de Batet, pone de manifiesto que el partido de Sánchez no hubiera tenido dudas si el diputado hubiese pertenecido a otro partido distinto a su socio de coalición. No querían darse por aludido en Podemos ni en el PSOE. Era algo tan claro como que «No es la Mesa ni la presidenta los que deciden retirar el escaño a un diputado, es el Supremo». Y la presidenta, Batet, doctora en derecho y abrumada por su calamitosa postura, decidió no acabar como la golpistas y proterrorista, Carmen Forcadell.

El supremo no contestó la consulta propuesta por Podemos y PSOE. No es su cometido «asesorar a otra institución del Estado» Pero la inhabilitación de Alberto Rodríguez no queda ahí, independientemente de que recurra al Tribunal de Derechos Humanos, donde le dirán que no tiene razón, por mucho que sus abogados –son los mimos de los etarras y de Carlos Puigdemont— retuerzan la norma. Y si no queda ahí es porque Ione Belarra se ha metido en charcos que salpican y que no serán fáciles de abandonar.

La ministra de Derechos Sociales y degenerada líder de Podemos, puede verse con un sopapo como sanción que puede llegar a dos años de cárcel, y también inhabilitación. Su ignorancia ha sido muy criticada en las redes sociales. Los socialistas no quieren saber nada, incluso, le instaban a que «se quemase de una ‘p,,,’ vez». Y es que, sin pudor de ningún tipo, ha acusado al Tribunal Supremo de prevaricador. La prevaricación es un delito y ella ha tachado de delincuentes a los jueces del Supremo. Seguramente, si la condena hubiese sido para cualquier político de la diestra, hubiera sido justa, pero como es para un diputado de la siniestra de «Hundidas Pandemias» pues es injusta y se comete prevaricación. ¡Manda huevos, que diría Romanones!

No es de extrañar que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrara su rechazo y enfado por las manifestaciones de la inepta Belarra. En clara actitud chulesca ha acusado de comisión de un delito a los magistrados del Consejo. La cortedad de esta muchacha --ministra inservible y por necesidad poltronera y apoltronada de Sánchez-- se sale de las líneas que enmarcan la libertad de expresión. Esa brutalidad de la ministra de encaje y circunstancia ni entiende ni mide lo que es la libertad de expresión.  

Lo peligroso de la afirmación de la ministra es que engendra sospechas entre la ciudadanía y daña la convivencia interinstitucional. Puede «generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación». Es motivo más que suficiente para que DIMITA LA MINISTRA o sea CESADA por el presidente, cosa que no hará por cobardía y temor a perder la tumbona, el Falcon y el colchón de Moncloa.

La acusación de prevaricación al Supremo, según fuentes del propio Tribunal, constituye «un delito de calumnia propagado con publicidad, por lo que la pena puede ser de hasta dos años de prisión. Además, al dirigirse contra autoridades, debe ser investigada de oficio». Veremos ahora cómo actúa la sospechosa e indigna, Lola Delgado. La ministra es aforada y recurrirá, pero deberá hacerlo ante el mismo Tribunal, con lo que se encontrará con los mismos magistrados a los que ha calumniado y tachándo de prevaricadores. Irene Montero ya barrunta la eliminación de su competidora y obstáculo.

Ahora, la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo deberá querellarse y denunciar los hechos ante el alto Tribunal contra la ministra, Ione Belarra. Si Alberto Rodríguez se lio a patadas contra el policía, hecho suficientemente demostrado, Ione Belarra ha pateado dialécticamente a los magistrados del Supremo. Entre una patada y otra no hay diferencia.

Frente a los políticos y sus negativas inclinaciones, a la ciudadanía sólo le  queda la Justicia, último baluarte fiable del Estado del Derecho.