Como si de una novela de Raymond Chandler o Dashiell Hammett se tratara, alrededor de la Fiscalía General del Estado se viene desarrollando en los últimos tiempos una compleja trama de tintes delictivos, en la que se arremolinan, en una confusa comunión derivada del afán de notoriedad y fortuna, fiscales arribistas y disolutos, jueces prevaricadores y comisarios de policía corruptos. Al frente de todos ellos no podía faltar, como sucede en toda banda mafiosa, el típico gánster malvadamente taimado. Todo ello conforma un turbio y siniestro paisaje de intereses bastardos, en el que, diferenciándose del escenario clásico de la novela negra, las lóbregos y tortuosos callejones arrabaleros son sustituidos por amplios y rutilantes pasillos impecablemente decorados y los barriobajeros tugurios de mala muerte son reemplazados por lujosos despachos en el “skyline” madrileño, en los que, a pesar de su cuidada apariencia, algo huele a podrido.

La historia tiene comienzo en octubre de 2009, cuando la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, su pareja sentimental, el exjuez Baltasar Garzón -condenado por prevaricación a 11 años de inhabilitación- y cuatro policías más se reunieron en un restaurante de Madrid para homenajear al todavía comisario de policía José Manuel Villarejo. Durante el almuerzo, Villarejo se jactó de haber montado una red de prostitución para obtener información de políticos y empresarios, a lo que D. Delgado respondió, sin el más mínimo decoro, que tenía el “éxito garantizado”, demostrando con ello no estar cualificada moralmente para desempeñar cargos públicos y menos aún en el ámbito de la justicia.

Poco tiempo después, concretamente en junio de 2018, Pedro Sánchez -dotado de una rara habilidad para detectar a individuos de moral laxa y seguidamente incorporarlos a su círculo más cercano de colaboradores- nombró a D. Delgado ministra de Justicia. Más adelante, cuando Villarejo ya había sido acusado de los delitos de revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, el digital moncloa.com difundió el contenido de las referidas conversaciones, originándose con ello una indisimulable indignación tanto en los partidos de la oposición como en la opinión pública. De hecho, el escándalo provocado fue de tal magnitud que dio lugar a que D. Delgado se viera reprobada tanto por el Congreso como por el Senado. De manera absolutamente inusual, la reprobación volvió a repetirse con posterioridad en la Cámara Baja, debido a que, siguiendo la senda marcada por el Gobierno socialcomunista, D. Delgado, alineándose de forma perversa con los intereses de los golpistas catalanes, contribuyó sobremanera, por medio de la Abogacía del Estado, a que el Tribunal Supremo condenará a los presos independentistas por un delito de sedición y no de rebelión, como era preceptivo.

A pesar de todo, haciendo gala de su proverbial indecencia, P. Sánchez, no solo no prescindió de D. Delgado, sino que, al inicio de su segundo mandato presidencial, la nombró Fiscal General del Estado, contribuyendo así al desprestigio del Ministerio Fiscal, ya que los vínculos y la complicidad entre D. Delgado y el PSOE era tan evidentes, que dicho nombramiento venía a quebrar el “principio de neutralidad” por el que debe regirse dicha institución en aras del mantenimiento de su legitimidad.

Desgraciadamente, desde su nombramiento hasta el día de hoy, la actuación de D. Delgado como Fiscal General del Estado no ha hecho sino confirmar que su carencia de principios morales y su permanente subordinación a los espurios intereses del Gobierno socialcomunista la inhabilitan para el desempeño de tan alto cargo.

El último escándalo en el que D. Delgado se ha visto inmersa está relacionado con la injustificada dilatación de la investigación del fiscal Ignacio Stampa en el marco de la “operación Tándem”, en la que fue detenido y enviado a prisión el excomisario Villarejo. Así, el fiscal del caso, Carlos Ruiz de Alegría, propuso hasta en dos ocasiones archivar las diligencias contra el fiscal Stampa, tras descartar en el curso de sus investigaciones que estuviera relacionado con la revelación de secretos a Podemos. Sin embargo, en ambas ocasiones el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó el archivo de la causa, exigiendo la realización de nuevas diligencias con la evidente finalidad de demorar el cierre del proceso. El retraso ocasionó que el fiscal Stampa llegara con la investigación sobre su persona abierta a la reunión en la que el Consejo Fiscal debía proceder a la elección de fiscales Anticorrupción. Evidentemente el fiscal Stampa, en desigualdad de condiciones con el resto de compañeros que optaban a la plaza, no se encontró entre el grupo de los elegidos, dándose la curiosa circunstancia de que poco tiempo después de consumado el proceso electivo la causa contra Stampa quedó definitivamente archivada. No por casualidad, se da la particularidad de que tres de los investigados en el “caso Tándem” eran defendidos por el despacho de B. Garzón, lo cual vendría a explicar el interés de D. Delgado en prolongar las investigaciones sobre Stampa y así impedir su elección como fiscal Anticorrupción, ya que con ello conseguía apartarlo de la causa en la que participaba su pareja sentimental.

Ante la gravedad de los hechos, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) calificó de “opaca, intolerable e injustificada” la intromisión de la mano derecha de D. Delgado en las diligencias del “caso Stampa”, mientras que, con la finalidad de depurar responsabilidades, el Consejo Fiscal ha requerido a la Fiscalía General la documentación de las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal del mencionado caso, petición que, como cabía esperar, ha sido denegada.

 

Este episodio pone de manifiesto el indisimulable deseo de control del Poder Judicial que late en las entrañas del Gobierno socialcomunista, algo que viene a corroborarse una vez más con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretenden aprobar, ya que en ella se recoge su intención de trasladar de los jueces a los fiscales la instrucción de las causas penales.

A propósito de esta cuestión, resuenan, como si de un eco luciferino se tratara, las palabras de P. Sánchez cuando declaraba a Radio Nacional de España: “¿La fiscalía de quién depende?”, para a continuación responderse a sí mismo: “Del Gobierno. Pues ya está”. Con ello, este “doctor cum fraude” devenido en “presidente ilegítimo” no hacía otra cosa que mostrarnos su enorme cinismo y el inconmensurable desprecio que siente por el Estado de Derecho y la separación de poderes.

En definitiva, la alarmante situación en que vive inmersa la justicia española en la actualidad ha llegado a tal punto que la AF, en su último comunicado, ha denunciado la falta de independencia, neutralidad y credibilidad de D. Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, razón por la cual reclama su cese con carácter inmediato. Asimismo, la AF ha exigido la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico que garantice tanto la idoneidad para el cargo del Fiscal General del Estado como la autonomía del Ministerio Fiscal.

Decía el escritor estadounidense Paul Auster que “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. A la luz de los acontecimientos narrados parece evidente que en España esta máxima no se cumple, ya que el Gobierno socialcomunista está más interesado en controlar a jueces y fiscales, para así poder desarrollar sin interferencias legales su agenda ideológica, que en velar por el imperio de la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.