Al margen de la polémica con los contagios por Covid-19 en viajes de fin de curso, desde hace tiempo se aprecia un cambio de actitud en cuanto a la posibilidad de que el origen de la pandemia estuviese en un laboratorio chino y no en la naturaleza. A finales de mayo era el presidente useño Joe Biden quien instaba a la inteligencia de su país a continuar investigando[1] sin descartar el Instituto de Virología de Wuhan como zona cero, una hipótesis que en su momento hizo merecedor de muchas críticas e insultos al ya expresidente Donald Trump. Representantes de la Unión Europea mostraron su apoyo ante el anuncio de Joe Biden[2] y el científico Derrick Rossi, fundador de Moderna, ha estimado como "única explicación lógica"[3] el origen artificial del Covid-19.

 

Supongamos que lo que antes se defenestraba como conspiracionismo fuese real y el origen de la pandemia radicase en un accidente fortuito en el citado laboratorio de Wuhan. ¿Qué responsabilidad asumiría la República Popular de China frente a una enfermedad que ha acabado con la vida de tantas personas en todo el mundo y ha abocado a otras a una incertidumbre laboral sin salida a corto plazo? Hablamos de un país que ostenta la condición de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y económicamente muy influyente, tanto que se ha convertido en la fábrica del resto del mundo durante las últimas décadas y va camino de retirar a los Estados Unidos de América como primera potencia mundial. Y si algo nos ha enseñado la Historia es que quien tiene el poder y gana las guerras no paga por sus crímenes.

 

De haber salido el Covid-19 de un laboratorio ubicado y al servicio de un país del África negra o el mundo árabe no hay duda que a sus responsables científicos y políticos les hubieran llevado ante la Corte Internacional de Justicia o, de haber contado con recursos energéticos, les habrían hecho pasar por una invasión bélica o un embargo. Pero si algo tiene la geopolítica es que la legislación internacional no se aplica igual para todos, como es público y notorio desde siempre. China saldrá indemne en el caso de tener alguna responsabilidad y no por sus gestos diplomáticos durante la crisis sanitaria, como la donación puntual de mascarillas[4], sino porque se lo puede permitir gracias a su influencia como potencial mundial. Y lo mismo podría afirmarse respecto a Estados Unidos si el Covid-19 hubiera tenido origen en un laboratorio de Wisconsin.

 

¿Qué nos queda, entonces, a quienes padecemos las consecuencias de la pandemia? En primer lugar, huir como de la peste de aquellos discursos que minimizan los efectos o incluso niegan la existencia del Covid-19; si el ser humano ha padecido enfermedades mortales a lo largo de la Historia, nuestra generación no iba a ser menos y sólo los supersticiosos del progreso indefinido podrían dar crédito al disparate de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y totalmente a salvo de los males que asolaban a nuestros antepasados hasta hace bien poco. Por otra parte, es nuestra obligación exigir responsabilidades a los gestores políticos de todos los niveles, desde la Organización de Naciones Unidas hasta el último ayuntamiento; en el caso español, por citar un par de ejemplos, el Gobierno de Pedro Sánchez debería pagar judicialmente por ignorar los avisos de Seguridad Nacional[5] durante el primer trimestre de 2020 sólo por darse un baño de masas el 8 de marzo, mientras que el exministro Pablo Iglesias debería ser juzgado por las muertes de los ancianos en las residencias durante el periodo que su ministerio asumía la coordinación de estos centros. Responsabilidades hay muchas que exigir; el problema es que hacer pagar por su gestión al sanchismo será tan complicado como que los chinos ofrezcan un mínimo de transparencia.