El Pacto de Estado (2017) es una sofisticada herramienta de normativa jurisprudencial en potencia al objeto de ponerla en práctica durante los próximos años en lo que será un extenso listado de nuevas leyes feministas sectarias, esto es, leyes para continuar y ahondar aún más en la desigualdad actual, desigualdad según el sexo de cada contribuyente. Dicho manual sigue la estela, perfecciona y multiplica los tóxicos efectos sociales de su antecesora, la LIVG 1/2004, como también fija una inexorable y bárbara agenda de género para los próximos decenios, al menos, tal despliegue de inconstitucionales políticas de extrema desigualdad alcanzará hasta mediados del siglo en curso. Una vez llegados ahí, el retorno a una sociedad democrática y civilizada será absolutamente inviable.

       Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 200, de 8 de agosto de 2017, el citado Pacto de Estado (2017) nace tras su la aprobación por la Comisión de Igualdad de un informe elaborado en la Subcomisión de Igualdad sobre un “Pacto de Estado en materia de Violencia de Género”. De modo que dicha Subcomisión de Igualdad fue la encargada de la confección y horneado del pacto que venimos comentando.

      Cabe mostrar con claridad, para su conocimiento, lo poco que importó en su día la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de redactar un trascendental Pacto de Estado que transformará la sociedad española en un escenario de desigualdad jurisprudencial extrema y manipulación ideológica, ambos sin precedentes, si nos fijamos en la composición de la antes nombrada “Subcomisión de Igualdad”. Los nombres de los vocales, las personas que en aquellos días componían dicha subcomisión, las encargadas de redactar, es decir, de coser puntada a puntada el Pacto de Estado (2017), a saber, fueron: Joseba, Ángeles, Pilar, Maricarmen, Sofía, Lidia, Teresa, Javier, Patricia, Ángela y Marta. Una proporción de 9 mujeres (82%) por 2 hombres (18%). Sin duda es una muestra de total falta de paridad esa proporción de 9 a 2, paridad que tanto se exige a todas horas del día, pero que no se aplicó nada más y nada menos que en una subcomisión cuya tarea era sacar adelante un Pacto de Género a nivel de todo el Estado.

          Este Pacto de Género o Estado, como queramos llamarlo, cuya lectura, aunque ésta cause perplejidad e incredulidad, además de atragantarse, no obstante se hace necesaria y urgente, para conocer cuanto antes y en detalle la que se nos viene encima. Se trata de un texto vasto y basto que emana lo más ortodoxo de una religión fundamentalista orientada a lo que será el holocausto español de género que día a día adquiere velocidad de crucero.

         Las comparecientes, que intervinieron en una completísima agenda, lo más granado de cada casa, mujeres en una gran mayoría, aportaron una a una su ingrediente al objeto de cocinar el Pacto de Estado (2017) y llegaron, rodeadas del boato que acompaña a estas angelitas, las feministas Loewe, el alto generalato, en representación, entre otras, de Feminicidio.net., Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas, Plataforma 7-N contra las violencias machistas, Fundación CERMI Mujeres, Asociación Ve-la Luz, Asamblea Feminista de Madrid, Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, Máster Malos Tratos…

         Tales asociaciones, algunas subvencionadas desde tiempos de Felipe González, son, en suma, las paridoras del actual Pacto de Género, en realidad, “Pacta”, si nos fijamos en la citada proporción de 9 a 2 del personal encargado para su redacción y también si observamos el número de ponentes según sexo. Hablamos de un prolijo documento feminista sectario técnicamente articulado en  213 medidas que se reparten en 10 ejes o bloques temáticos, el remate a una ya de por sí abundantísima jurisprudencia de género, un Manual para una nueva Inquisición, ahora Inquisición de Género, con el que dar cobertura jurisprudencial, que no constitucional, durante los próximos decenios, a una Edad de Penumbra.