La cosa se pone seria para el gobierno de Sánchez con su trato con la dictadura de Venezuela, pues un juez percibe indicios de delito, lo que sería algo muy grave de confirmarse y dejaría la credibilidad del gobierno por los suelos.

Según informa ABC el PP ha conseguido con su denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid por el «caso Delcygate», dos cosas claves: la primera, conseguir que un juez asegure en un auto que en los acontecimientos ocurridos en la noche del 19 al 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió de forma secreta con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hay indicios de delito; y la segunda, superar la inacción de la Fiscalía, que a pesar de haber recibido ya una denuncia de los populares por estos mismos hechos no había ordenado diligencia alguna ni, lo que era más grave, impedido el borrado de las cintas grabadas por las cámaras de seguridad de AENA. 

El juez de guardia ha redactado un contundente auto en el que se requiere a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a «conservar las imágenes grabadas por el circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020 relativas al hecho denunciado: presencia de Doña Delcy Eloísa Rodríguez López en aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana del día 20-1-2020».

Todo ello, «en contravención de la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074», ya que es una de los veinticinco dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionadas, «incluyendo prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él». Pero además el juez hace la advertencia expresa de que todo lo ordenado; es decir, la remisión de las imágenes de esa noche, debe cumplirse «bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial», al tiempo que precisa que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del Partido Popular «se desprenden indicios racionales de hecho delicitivo».