La “okupación” se ha convertido en dogma de fe entre el perroflautismo ultraizquierdista español. Un agarradero donde canallas y maleantes violan la propiedad privada para usurparla. Lo hacen gracias al “efecto llamada” de okupas, “antifas” e inmigrantes ilegales que ha creado el gobierno social-comunista español con disposiciones legales escandalosas e ideológicas.

Cataluña, y más concretamente municipios como Mataró, están viéndose contagiados por la criminalidad usurpadora de inmuebles alentada por movimientos pro inmigracionistas, separatistas y ultraizquierdistas que alientan a los ilegales a okupar viviendas para garantizarse los subsidios y la no expulsión del territorio español.

Los okupas campan a sus anchas en España y la culpa es del gobierno social-comunista. En virtud de una resolución del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo dada hace unas semanas, los Ayuntamientos deberán empadronar a los “okupas”. No importa su no titularidad de la vivienda que han usurpado o su entrada violenta e ilegal. Bastará con que se demuestra la “habitualidad” en el uso de la misma, aunque no se sea el propietario ni poseedor legítimo. Con este mecanismo los “okupas” podrán acceder a las paguitas urdidas por Pablo Iglesias para crear déficit público, empobrecer a la España que trabaja y generar un voto clientelar cautivo: las famosas rentas mínimas entre las que destaca el “ingreso mínimo vital”.

Establece la norma que abre la puerta al empadronamiento de los okupas, en su artículo 3.3, que "el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio". Dicho en otras palabras: da igual quién sea el propietario de la vivienda o su justo tenedor o poseedor por legítimo titulo; un “okupa” está facultado para usurpar e invadir un inmueble y que la administración lo reconozca como legitimo morador. Aberrante, porque va a crear un “efecto llamada” para la invasión de inmuebles vacíos.

Se indica, en la citada resolución, que
"la correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes". Dicho de otro modo: una caja de cartón, un cajero o la caseta de un perro utilizada para pernoctar, podrán ser considerados domicilios también.

El objetivo de esta legislación “pro okupas” del gobierno social-comunista ha sido clara: legalizar de facto el allanamiento y la usurpación, e instalar, en los municipios gobernados por la izquierda y el separatismo a nuevos votantes y clientes políticos, que además podrán acogerse al “ingreso mínimo vital” recientemente aprobado con el voto favorable de todos los partidos parlamentarios, salvo Vox. Las “rentas de inserción” que ya existen en las Comunidades Autónomas y las paguitas que proporcionan los Ayuntamientos a los colectivos étnicos considerados “marginados” completarán los emolumentos del “ingreso mínimo vital”, y ya están provocando un descarado efecto llamada para la “okupación” de viviendas y para la inmigración ilegal y delictiva.

La Cataluña de Torra ofrece desde hace años sinuosas pagas a musulmanes que rebasan los 1000 euros por familia, y brinda 600 euros a los “menas” de entre 18 y 23 años. Gracias al efecto llamada del separatismo catalán, pero también a la aprobación del empadronamiento de okupas y del “ingreso mínimo vital” dictadas por el gobierno español, Cataluña está viendo a sus pueblos sacudidos por una oleada de robos, crímenes y “okupaciones”. Los inmigrantes ilegales han encontrado el “chocolate del loro” y están haciendo su agosto en Cataluña, al igual que en las Vascongadas, donde el separatista Urkullu y su PNV desean reemplazar a los castellanohablantes y españolistas por africanos y musulmanes atraídos por los subsidios más jugosos que incluyen, para los “menas”, pagas de hasta 600 euros. Los delitos de violación, y las tasas de criminalidad en Vascongadas se han incrementado exponencialmente desde que el PNV y su altavoz, el gobierno social-podemita, han convertido la tierra vasca en paraíso de delincuentes, vagos y vividores del subsidio y el crimen impune.

La orgía del vandalismo okupa que vive España, donde padecemos una legislación civil y un funcionamiento judicial que eternizan los procedimientos de desahucio e imposibilitan la recuperación del inmueble en su integridad, se está convirtiendo en el oxígeno que empodera más todavía a los inmigrantes y a los delincuentes atraídos por el empadronamiento y el “salario mínimo vital” creadores de voto cautivo y de la España de la anarquía social.

La impunidad y el patrocinio estatal con que cuentan los okupas y los perroflautas para vivir del cuento y usurpar inmuebles en España contrasta con el espíritu de la América profunda de los EEUU. Allí, el movimiento comunista y racista anti blanco llamado “Black lives matter”, en alianza con “Antifa”, ha proclamado el derecho del hombre negro y del “oprimido por el capitalismo” a la okupación de viviendas. Por eso se han lanzado a avasallar a ciudadanos trabajadores y honrados.

Las turbas izquierdistas que utilizan el cadáver de George Floyd como señuelo para montar su guerra odiadora contra Trump y Occidente, clavaron sus narices donde no debían: en la Mansión que una pareja de abogados construyeron trabajando a lo largo de toda una vida.

El matrimonio de Mark y Patricia McCloskey , dos abogados de la ciudad de San Luis (Missouri), vieron su Mansión amenazada por el ganado de Antifas y “Black lives matter” que lanzaban gritos como “abajo el racismo blanco” o “la propiedad es de todos”. La pareja, armada con un rifle y una pistola, defendió su propiedad y su vida contra un allanamiento que les rompió la puerta de la entrada a su finca, y que amenazaba con destruir sus vidas.

Más de cien personas intentaron la okupación y el “escrache”, aunque al menos 500 participaron en la protesta. Al ver peligrar sus vidas y su hacienda, los McCloskey, hicieron uso del derecho constitucional norteamericano a la autodefensa armada, y blindaron su propiedad frente a los “Black lives matter” de Barack Obama y George Soros.

Los derechos a la autodefensa armada, y a la defensa de la vivienda y la propiedad privada poseen en EEUU el sacrosanto respeto que en España no existe, pues la legislación española es una blandenguería espuria que pone empadronamientos, paguitas y domicilios ajenos a disposición de los criminales con una impunidad vergonzosa.

La policía de EEUU ya está investigando lo sucedido y ha anunciado que la acción criminal de allanamiento tendrá consecuencias contra los delincuentes. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado su apoyo al matrimonio McCloskey y ha vuelto a apoyar el derecho de los norteamericanos al uso de armas para la protección de su vida y sus viviendas.

Los españoles, en nuestra Patria, contemplamos cómo se nos niega el derecho a legítima defensa con armas; cómo se nos persigue si repelemos una agresión intramuros de nuestro hogar; y cómo el perroflautismo y la inmigración ilegal son premiados regalándoles viviendas y paguitas.

Los ciudadanos españoles podrían, y deberían, protegerse contra los criminales con instrumentos eficaces. Todo ciudadano debería tener derecho, cuando así esté acreditado mediante un informe que valide su normalidad psicológica así como su asunción de deberes cívicos de trabajo y no antecedentes penales, a disponer de armas de fuego para defender su vivienda, su vida y a su familia.

Es de sentido común, igualmente, que quien posea un arma por razón de su deporte –la caza- o su labor –policías o vigilantes- puedan utilizarla para protegerse a sí mismos y a los suyos cuando su hogar se vea amenazado.

España se ahoga en los lodos del crimen okupa y el caos social como consecuencia de gobernantes izquierdistas apátridas repletos de filias ideológicas odiadoras de la cultura occidental y cristiana, así como de la propiedad privada y del orden público. Si Vox recoge, como lo está haciendo, la voz de la España ávida de derechos civiles reales y verdaderos a la autodefensa personal – la defensa de sus vidas y de su hogar- habrá tomado una nueva parcela de éxito político frente a la canallería de la izquierda frentepopulista que hoy como en 1936 promociona el asalto y la expropiación violenta.

La ley no sólo es ley para que la imparta el Estado. Debemos confiar en que ciudadanos honrados y civilmente responsables también lo hagan para proteger a sus familias y a sus bienes. Vox debe hacer una apuesta valiente por este discurso que está huérfano en España.