Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se aceleraron las actuaciones procesales relacionadas con la conducta de los dirigentes catalanes independentistas, que decidieron declarar la conversión de Cataluña en un Estado de manera unilateral. Los trabajos desarrollados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ante el juzgado central de instrucción de Carmen Lamela han consistido hasta ahora en recopilar las declaraciones de los que están siendo investigados, principalmente, por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

 

Bastante polémicas han sido algunas decisiones adoptadas hasta el presente momento por Carmen Lamela. La juez de instrucción decidió dictar un auto decretando la prisión provisional a todos los dirigentes del Gobierno catalán que declararon ante ella y muchos han criticado la medida por considerarla desproporcionada y poco adecuada a las circunstancias del caso.

 

Defensores del independentismo, dirigentes del PSC y la asociación Jueces para la democracia se unieron en las críticas a la adopción de la prisión provisional, que ha tenido su apoyo en las redes sociales mediante el impulso de una iniciativa en una plataforma para conseguir la inhabilitación de Carmen Lamela, aunque ya se inició otra propuesta para defender a la juez. No sorprende mucho que haya figuras que representan el independentismo o posturas muy moderadas en torno a él que puedan estar en contra de la juez, pero si que llama la atención la posición de Jueces para la democracia, que no ha seguido la misma postura que las demás asociaciones judiciales.

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara en lo que a la regulación de la independencia de los jueces y magistrados se refiere. El artículo 12 de esa norma indica que “En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial”, señalando a continuación que todos están obligados a respetar la independencia judicial.

 

Cualquier juez tiene la obligación de realizar el ejercicio de la función jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, sin perturbar o producir injerencias en las labores de sus compañeros, más allá de lo necesario mediante la resolución de recursos. Ello es necesario para mantener un equilibrio estable en lo que al desarrollo de las actuaciones judiciales se refiere.

 

Todos tienen que respetar la independencia de los órganos jurisdiccionales, sin importar el sentido de sus resoluciones, que solo deben ser criticadas por aspectos puramente jurídicos. Permitir críticas por razones políticas podría ser muy peligroso por ser útil para que los jueces y tribunales continúen interviniendo conforme a la legalidad vigente.