No hay jurista que, partiendo de las normas españolas, llegue a plantearse si los letrados de la Administración de Justicia pueden ser considerados órganos jurisdiccionales. El ordenamiento jurídico es claro en este tema.


Diversas son las normas nacionales que pueden ser observadas:

  1. - El artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978 establece que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Por este precepto, solo son órganos jurisdiccionales los juzgados y los tribunales.

 

  1. - El artículo 453.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que “Corresponde a los Secretarios Judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial” y que “En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias”.

 

En la Unión Europea, el panorama conceptual es totalmente diferente. Conociéndose la complejidad de su ordenamiento jurídico y la diversidad de culturas y de concepciones que coexisten en los Estados miembros, resulta esencial que se produzca la armonización o la unificación del empleo de términos técnicos.

 

Se ha establecido, a través de la interpretación y aplicación de las normas de la Unión Europea, un sistema de conceptos autónomos, que son aquellos que, existiendo con las mismas palabras pero con distinta visión en los Estados miembros, tienen un significado unitario para la organización internacional, que impone su empleo en la aplicación de su ordenamiento jurídico. Hay conceptos autónomos en las normas de la Unión Europea, pero también hay muchos que se encuentran recogidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Juliane Kokott, una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentó el pasado día 15 de septiembre unas interesantes conclusiones relacionadas con el Asunto C‑503/15. La jurista afirma que “De todo lo anterior se deduce que, para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», a los efectos del artículo 267 TFUE, resulta también necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie”. Además, indica que “En resumen, soy de la opinión de que en la jura de cuentas los secretarios judiciales son, a los efectos del artículo 267 TFUE, «órgano jurisdiccional», puesto que en ese contexto resuelven de manera independiente y autónoma sobre litigios que se dan en procedimientos contradictorios y puesto que dictan en ellos resoluciones de carácter jurisdiccional”.

 

Si la abogada general del asunto considera que el letrado de la Administración de Justicia debe ser considerado un órgano jurisdiccional para que pueda plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es porque resulta lógico. Desde el principio de la presente década se ha ido promoviendo la producción de reformas legislativas que han tenido por objeto la concesión de competencias para los letrados de la Administración de Justicia con la finalidad de descargar de trabajo a los jueces y magistrados, que, teóricamente, son los únicos que pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aunque la normativa procesal vigente establece reglas de desarrollo que le dan más protagonismo a los letrados de la Administración de Justicia en muchas actividades que podrían catalogarse como jurisdiccionales.

 

Hay muchos motivos para poder pensar que debe ser posible que los letrados de la Administración de Justicia presenten dudas sobre el Derecho de la Unión Europea. Además, teniendo presente el conjunto de competencias que ejercen, se necesita que los letrados de la Administración de Justicia tengan facultades de presentación de cuestiones prejudiciales para que apliquen normas sin perjudicar a la coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

 

Dentro de no mucho tiempo, será posible considerar, para los efectos del Derecho de la Unión Europea, a los notarios y a los registradores como órganos jurisdiccionales. La razón es sencilla y está vinculada con la necesidad de unificar la interpretación y aplicación de las normas de la Unión Europea realizada por operadores jurídicos de diversa naturaleza en los Estados miembros.