Las cartas boca arriba. Destruir la Nación española para crear esa nación de naciones que se inventó el traidor de La Moncloa, necesita acabar con nuestra lengua común. Esto ya no va de lucha entre adversarios políticos. Es una batalla entre España y la AntiEspaña.

El hecho de que en España existan una serie de lenguas regionales que en su evolución no alcanzaron la difusión del castellano, convertido en el idioma español por mor de ser la lengua común de todos los españoles y la lengua mayoritaria en toda España, no debería suscitar controversia alguna. Pero los separatismos que nos corroen se empeñaron en convertir lo que no eran más que unas lenguas locales, parte del patrimonio lingüístico español, en lenguas nacionales. Manos a la obra, los Estatutos de Autonomía y las denominadas Leyes de Normalización Lingüística de Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Vascongadas, proclamaron que sus respectivas lenguas regionales son su lengua “propia”, convirtiendo allí el español en una lengua extraña o foránea. Y todo con la complicidad de nuestra derecha, tanto UCD, AP como PP, compuesta por unos tipos listísimos por aquel entonces, capaces de sacar el número uno de cualquier oposición, pero incapaces de plantar cara al separatismo y a la izquierda con un mínimo de eficacia y dignidad.

En un principio parecía que el Tribunal Constitucional velaría por impedir el desbordamiento del carácter regional de las lenguas cooficiales. Así, la STC 82/1986 de 26 de junio frenaba las pretensiones del nacionalismo vasco de equiparar la lengua regional con la lengua nacional, al afirmar el Alto Tribunal que solo respecto del castellano cabe “predicar, junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo, lo que se fundamenta en la singularidad de este idioma como común a todos los españoles y lengua oficial del Estado”, para seguir explicando que por mucho que una norma autonómica proclame como propia la lengua vasca, no impide que “pueda calificarse también al castellano como lengua propia del Pueblo Vasco”- Por ello, “no cabe sostener que, establecida la cooficialidad de una lengua española distinta del castellano, la Comunidad Autónoma pueda establecer respecto de aquélla, junto al derecho a usarla, un deber de conocimiento idéntico al previsto para el castellano en el art. 3.1 de la C.E.” Y concluía, “el castellano, idioma de uso oficial también en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua cooficial, nunca puede ser excluido, sin perjuicio del derecho individual de usar la lengua cooficial”.

Pero pronto se demostró que el control político del Constitucional le acabaría haciendo ceder a las presiones del nacionalismo disgregador, cuyas demandas lingüísticas serían atendidas sin reparo ni escrúpulo por los sucesivos gobiernos de España. Así La STC 337/1994 de 23 de diciembre, al examinar la normativa sobre normalización lingüística en Cataluña, acepta la finalidad “de corregir y llegar a superar los desequilibrios existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”, y admite la inmersión lingüística en la enseñanza porque si se persigue “el objetivo, a la «plena igualdad» de las dos lenguas oficiales (sic), es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”.La STS 31/2010 de 28 de junio, con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, llega a dar por bueno que el catalán sea la lengua de «uso normal» de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, así como el deber de conocerlo, siempre que no se exija con carácter generalizado (sic), e insiste en que se pueden adoptar las medidas de política lingüística tendentes a corregir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener.

Es decir, en España se hace oficial la postura de que el español es una lengua introducida en Cataluña, Valencia, Galicia, Baleares y Vascongadas, violentando lo que era el habla normal de sus habitantes. Por tanto, se sanciona legalmente negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas. Se considera constitucional el objetivo de corregir una situación negativa, porque la denominada normalización supone adoptar una serie de medidas “compensatorias” que lleven a la “recuperación” generalizada de los niveles de conocimiento y uso de las lenguas regionales.

No contentos, en los últimos años asistimos a un claro proceso de babelización de España, con la intención de hacer el bable cooficial e iniciando la campaña respecto al aragonés o leones, anécdotas lingüísticas que a duras penas sirven para comunicase con el vecino de enfrente. Educativamente es irracional pretender sustituir el español como lengua vehicular, un idioma internacional hablado por 500 millones de personas, por unas lenguas que, siendo sinceros, no sirven absolutamente para nada fuera del ámbito local, salvo para una minoría de estudiosos, pero que a base de subvenciones y chiringuitos se han convertido en un modo de vida para muchos jetas.

Pero este régimen sostiene oficialmente que las lenguas regionales han sufrido un inaceptable proceso de degradación, de manera que su cooficialidad no sólo supone un derecho y garantía para sus hablantes, sino que se ha traducido en una obligación para los hablantes de la lengua española que habiten aquellos territorios “con lengua propia”. Una autentica barrea laboral al exigirse como requisito o mérito para poder trabajar en la administración pública de aquellos territorios.  Todos deben conocer la lengua regional lo suficiente como para poder ser bilingües, pero además tienen que usarla forzosamente como lengua vehicular en la educación, y puesto que debe ser la lengua “normal” que las administraciones autonómicas y locales utilicen, si quieren una relación administrativa fluida, también deben emplearla en dicho ámbito. Pero no les basta con la exclusión del español de la esfera pública o institucional para compensar la anomalía histórica que “sufren” las lenguas regionales. En la esfera privada se castiga el uso de esa lengua extraña que “impide” la normalidad. Esto se hace, bien groseramente, como sucede en Cataluña con las multas a los comerciantes que rotulan solo en español, bien sutilmente, a través de la amenaza de ser privado de oportunidades si no se utiliza la lengua regional, como ocurre en otras comunidades bilingües, con lo cual el concernido callará o asentirá antes de verse discriminado o señalado. Valga el ejemplo, si creas, emprendes o innovas en español, no tendrás las mismas ayudas económicas de quienes sí usan la lengua regional para lo mismo que tú. En definitiva, nos encontramos con una sistemática política de imposición lingüística, donde los hablantes están al servicio de la mesiánica misión de salvar las lenguas regionales y conseguir que ocupen el lugar que se merecen. Y ese lugar no es otro que el de lengua nacional.

Esta dictadura lingüística se ha construido con la colaboración imprescindible de PSOE y PP, coautores y cómplices junto al separatismo, por ello, esta última vuelta de tuerca no pilla de sorpresa a asociaciones como Hablamos Español, que lleva años denunciando una situación única en el mundo. Salvo en España, no existe un solo país con diversas lenguas regionales, aparte de la nacional o mayoritaria, en el que se limite el derecho a estudiar y usar el idioma común.

Es hora de que se denuncie públicamente la realidad sobre de la política lingüística en España. Lo que se esconde bajo los sucesivos disfraces de las apelaciones a la diversidad cultural, la protección de las lenguas de España o el enriquecimiento idiomático de la población, no son conceptos lingüísticos ni culturales, sino, pura y simplemente, conceptos que obedecen a un proyecto ideológico que busca rehacer la realidad lingüística de España.

El acuerdo de la ultraizquierda, entre la que, por supuesto, se encuentra el PSOE, quiere suprimir al español como lengua oficial del Estado, equiparándolo a cualquier otra de nuestras lenguas regionales. En la nación de naciones, cada mininación tiene su lengua nacional, no existe el concepto de lengua común.

En la educación de Cataluña, Valencia, Galicia Baleares y Vascongadas, se quiere prohíbir el español como lengua vehicular. Se dejará una asignatura de lengua española. Pero no se dejen engañar, como ha pasado con el CGPJ, el siguiente paso no es este que nos anuncian. Es evidente que sin reformar la Constitución es ilegal. Nos soliviantan con una aberración inaceptable, para luego aliviarnos consiguiendo que traguemos con el modelo de porcentajes, el que sigue Feijoo en Galicia y que el Constitucional aceptaría. De esta manera cada Autonomía fijará el porcentaje de asignaturas a impartir en español, gimnasia, matemáticas y religión, por ejemplo (lo que sucede en Galicia). El objetivo es el mismo, eliminar el español como lengua común, pero cuela. Y colará con el apoyo del PP y Ciudadanos, sino al tiempo.

Nos encontramos ante una estrategia política que lleva 40 años desarrollándose, que lo que verdaderamente  pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación.

En sus manos está dar la batalla. Por si les interesa hacer algo, les dejo la dirección de Hablamos Español:  https://hispanohablantes.es/