El pasado miércoles 16 de marzo tuvo lugar en Madrid el acto de presentación de la “Asociación para la reconciliación y verdad histórica”. El escenario escogido, un magnífico edificio modernista en la Gran Vía –inaugurado en 1916–, obra del arquitecto Eduardo Sánchez Eznazirraga (1870-1924) y sede del Centro Cultural del Ejército y la Armada.

El acceso al salón de actos, situado en el primer piso, está presidido por una escultura de bronce titulada “No importa”, en honor a los caídos por España; obra de notable factura que destaca por el dramático contraste entre el soldado caído y el que, erguido y tocado con el ros decimonónico, sostiene la bandera con orgullo. La pieza fue realizada en 1908 por el ovetense Julio González-Pola (1865-1929), uno de esos artistas condenados al olvido por dos faltas “imperdonables”: su indiscutible valía y su sano patriotismo. Autor también de otros monumentos que conmemoran el valor y sacrificio de tantos españoles anónimos: “A los soldados repatriados de Cuba y Filipinas que fallecieron en la ciudad de Vigo en 1898” (1906); “A los héroes de Puente Sampayo” (1911), en Pontevedra; “A los héroes del Caney” (1915) y “A la duquesa de la Victoria, bienhechora de los soldados heridos y enfermos en la campaña de Marruecos” (1925), en Madrid; “A los héroes de Cavite” (1923), en Cartagena; “A los héroes de España”, en Melilla; o “A los héroes que defendieron Vigo frente a los franceses” (1949), en la susodicha ciudad.

La iniciativa de la citada “Asociación para la reconciliación y verdad histórica” nace con un objetivo sencillo y claro: “Queremos dejar atrás los enfrentamientos del pasado, superar la rivalidad ideológica y política para construir una España en la que quepamos todos y podamos vivir en paz y armonía respetando nuestro legado”. Una reivindicación no sólo pertinente, sino necesaria en nuestra muy deteriorada “democracia”, que pone sobre la mesa la deriva totalitaria en que nos hallamos inmersos desde hace décadas.

Recordemos que esta misma idea fue defendida por Pablo Casado en 2018, nada más acceder a la presidencia del Partido Popular, cuando anunció una futura “Ley de Concordia” y nombró a Adolfo Suárez Illana para encabezar la “Fundación Concordia y Libertad”. Aunque, como era de esperar, tan laudable iniciativa quedó en nada –el clásico engaño pepero para acaudillar causas populares y luego traicionarlas– y el propio Casado se disolvió en las brumas del olvido por ésta y otras traiciones bien conocidas por todos.

De modo que, de nuevo, ha sido la sociedad civil la que se ha movilizado. La presentación de la “Asociación para la reconciliación y verdad histórica” concitó enorme expectación y se celebró en un salón de actos lleno hasta la bandera; hasta el punto de que, excediendo los asistentes con mucho el aforo disponible de asientos, buen número de ellos tuvieron que presenciar y escuchar a los ponentes de pie, tanto en los laterales como al fondo del auditorio.

Asunto principal de las conferencias fue la defensa de la Libertad. Don Fernando Paz y don Guillermo Rocafort plantearon con toda crudeza una realidad que debería sonrojar a nuestros “demócratas” y que desacredita a los dos “grandes” partidos (PSOE y PP) por su responsabilidad y connivencia en la división y sometimiento de los españoles a través de leyes de memoria abiertamente liberticidas. Conviene no olvidar que la socialista “Ley de Memoria Histórica” de Zapatero ha contado hasta la fecha con la colaboración pasiva del PP y de la Iglesia española, y nada hace pensar que la nueva “Ley de Memoria Democrática” impulsada por Sánchez no cuente con el mismo apoyo. Y es que, por más que se quiera ocultar, no se puede desmentir que tanto por la acción de los unos como por la omisión cómplice de los otros, hace tiempo que se está tolerando en España el falseamiento, censura y reescritura de la Historia, y en paralelo, la discriminación de muchos ciudadanos por razones ideológicas. O, dicho de otro modo, se viene procediendo a su “cancelación” o muerte civil si se resisten a las “verdades” oficiales. No en vano estas leyes están concebidas como una imposición de carácter político que pretende regir lo que se puede decir, saber o pensar. Y la última contempla la prohibición de libros, estudios, asociaciones, fundaciones y opiniones que disientan de la “nueva verdad oficial” bajo severas multas y penas de cárcel. Es decir, conculcando derechos civiles básicos, atentando contra la libertad de expresión y violentando la verdad histórica; suprimiendo de facto la libertad de cátedra e imponiendo desde el poder una visión única y maniquea de una “Historia” mutilada y falsa.

En segundo término, aunque íntimamente ligado a lo anterior, la “Asociación para la reconciliación y verdad histórica” se hace eco también del peligro que la nueva ley entraña para el patrimonio histórico-artístico nacional: “La nueva ley de Memoria Democrática pretende incluso la destrucción de una parte del Patrimonio Histórico, que es un bien cultural propiedad de todos los españoles”. Legítima y más que justificada inquietud de muchos compatriotas que vemos amenazada nuestra Historia y nuestro Arte por quienes los odian e ignoran. Y más a tenor, precisamente, de esa Historia real que tanto incomoda a aquéllos que quieren reescribirla.

No es cuestión de olvidar. Se trata de no mentir, que no otra cosa es la “verdad histórica” que, por lo visto, hay quien no puede soportar.

Porque no puede haber reconciliación si no se enseña la verdad en los colegios o si se ocultan, edulcoran o tergiversan los hechos; o si se blanquea a los responsables de las inmensas tropelías y atentados que en nombre de “la democracia” y “la cultura” se cometieron contra ella.

Recordemos el desprecio por la Cultura de esos “demócratas de toda la vida” –de ayer y de hoy– en aquel “paraíso de libertad” que todavía pretenden algunos que fue la Segunda República: el derribo salvaje del monumento ecuestre de Felipe III en la Plaza Mayor, bronce renacentista de Juan de Bolonia y Pietro Tacca, apenas un mes después de proclamada, en mayo de 1931; la quema de conventos y de libros –bibliotecas enteras–; la destrucción de iglesias –con sus retablos centenarios–; el saqueo de los ahorros del pueblo –a menudo en forma de objetos preciosos– depositados en los Montes de Piedad; el robo de obras de arte en domicilios particulares; la destrucción y expolio de palacios y Museos Nacionales… Por no hablar de la infinita y gratuita barbarie –modelo de talibanes islamistas– ejercida contra obras que son Patrimonio material e inmaterial de la Humanidad: Véase aquel San Juan Evangelista niño, realizado en mármol por el gran Miguel Ángel Buonarotti, destruido a martillazos en Úbeda (Jaén); el Cristo de Mena en Málaga, carbonizado; los magníficos sepulcros renacentistas en la alcarreña iglesia de San Ginés, desfigurados a martillazos; el Cristo del Cerro de los Ángeles, de Aniceto Marinas, fusilado y volado con explosivos; o el monumento al marqués de Larios, del gran Benlliure, arrojado al mar por “burgués”… Ejemplos, todos ellos, que apenas son un minúsculo botón de muestra de los innumerables atentados contra nuestro patrimonio en la que fue, sin duda, la mayor hecatombe sufrida jamás por el Arte y la Cultura en toda nuestra Historia. Una siniestra realidad silenciada y borrada por completo del imaginario colectivo en “democracia” bajo un argumento falaz; a saber, en aras de una “reconciliación” que nunca han buscado aquéllos que, echando siempre tierra sobre el asunto, entre tanto, no han cesado de alimentar la cizaña y el odio entre españoles.

Por cierto, el “Monumento a los soldados y marinos muertos y heridos en Cuba y Filipinas” (1908) de Julio González-Pola, ubicado en el Parque del Oeste, también fue destruido en la Guerra Civil. Impidamos que se repitan hechos semejantes llamando a la reconciliación y a la unidad real en defensa de la Verdad y la Cultura.