El concepto de transparencia siempre ha existido en la Constitución de 1978, cuyo artículo 23 reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos Además, hay otros preceptos, entre los que destacan el artículo 20, que establece el derecho a la información, y el artículo 105, que recoge el acceso a la información pública. Normas posteriores ya recogieron la transparencia como criterio de actuación de las Administraciones Públicas, siendo buenos ejemplos la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que fue derogada en el año 2015, y la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. También se puede hablar de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 69 indica que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fijó un régimen jurídico de transparencia que debía servir para facilitar el control de la gestión pública por parte de los ciudadanos. Para lograr ese objetivo, se implantó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que puede dictar resoluciones requiriendo a entidades públicas para que aporten a un solicitante de información pública los datos que ha solicitado. La entidad requerida puede solicitar el inicio de un proceso judicial contencioso-administrativo para dejar sin efecto la petición de información.

 

Como la Abogacía del Estado no puede encargarse de los procesos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen con entidades públicas por un problema de conflicto de intereses, se ha encargado a un despacho de abogados la defensa judicial del organismo. La licitación, valorada en 40.000 euros, fue adjudicada a Escárate, un despacho de abogados que llevará estos procesos durante al menos un año por 27200 euros, aunque podría producirse una prórroga.

 

Al final se ha conseguido que exista la misma opacidad que antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 y que se incrementen la saturación de órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo y el gasto de dinero público. Por lo tanto, pocos problemas se solucionaron con la nueva normativa sobre transparencia.

 

Hay que hablar menos de transparencia y procurar que la misma exista verdaderamente. Sin embargo, todo dependerá siempre de la voluntad de los gestores públicos, a los que se les debe presionar electoralmente.