Se entiende por atención sociosanitaria los cuidados que el gobierno debería prestar, y sobre todo haber prestado durante la pandemia, a las personas dependientes para mejorar su vida y coordinar su asistencia sanitaria y social.

En plena pandemia, ante el  Congreso de los Diputados, Cinta Pascual -la presidenta de la asociación española de geriátricos- presentó un informe especificando  que las residencias de ancianos recibieron durante la pandemia "instrucciones cambiantes" de las administraciones responsables en cada comunidad autónoma, tuvieron el triple de bajas laborales, no se dispusieron de equipos adecuados  de protección individual,  ni de protocolo de funcionamiento, y  hasta seis meses después del inicio de la pandemia, no se comenzó a hacer el diagnóstico de residentes ni de trabajadores. Siendo el mayor problema durante los primeros meses la descoordinación, ya que el Gobierno nada hizo.  Cada comunidad autónoma intentó coordinar en su área este servicio, haciendo las compras que el Estado no hacía y con una nula coordinación de unas con otras.

Durante los primeros meses de la pandemia, los residentes fallecidos tenían que permanecer durante días en su habitación, porque las funerarias no iban a recoger los cuerpos y los familiares no pudieron despedirse de ellos ni velarlos.

Siete de cada diez muertos por coronavirus han sido ancianos, gran parte de los cuales vivía en geriátricos. En plena pandemia los geriátricos parecieron más campos de exterminio que lugares de cuidados sociosanitarios, con residentes aporreando la puerta para que los dejaran salir.

En la película “Estoy pensando en dejarlo” Lucy, uno de los personajes, dice: “creo que nuestra sociedad siente rechazo por los ancianos”. Lo cual es muy tonto, ya que es una parte inevitable y natural del ciclo vital de todo ser vivo. Además de ser terriblemente cruel.

Por ello se hace urgente la redacción de una ley que regule mejor la atención sociosanitaria y que debe detallar al menos:

Los sistemas de limpieza y desinfección de las instalaciones, de las habitaciones de los residentes y los lugares comunes, así como las zonas de entrada de personal, de los suministros y otros servicios del exterior. Debiendo dotarlas de circuitos independientes para trabajadores y residentes, no solo en las epidemias, sino en todo momento.

 Debe detallar las medidas de autocuidado de residentes, personal sanitario y cuidadores, en relación con la higiene y la prevención de la transmisión de cualquier enfermedad dentro del recinto. Definir para cada uno de los centros los circuitos internos y externos, en el caso de tener jardín para los residentes y personal cuidador.   Como ejemplo dentro de la habitación individual no es necesario ninguna medida de protección y solo al entrar en contacto con más personas se deberán tomar un tipo de medidas u otro. Esta ley también debería definir las condiciones y la prioridad para realizar los traslados de residentes con sospecha de enfermedad a los hospitales y las condiciones de las visitas de familiares.

 Por último, aunque no se esté en una crisis sanitaria, al ser lugares de alto riesgo de contagio de cualquier enfermedad para los residentes, se deberán realizar circuitos especiales de desinfección, lavado de manos y uso de mascarilla, cuando el residente o personal haya salido fuera de la institución, así mismo con los familiares que entren de visita, definiendo los pasos a dar uno tras otro y explicando cómo deben relacionarse los residentes unos con otros en los lugares comunes.

Es sorprendente la dejadez del ejecutivo, que tras más de año y medio del inicio de la pandemia y con la duda de si se puede repetir, que en el lugar donde se han producido más de 30000 muertes en el año 2020 -los geriátricos-, no se haya hecho una Ley sociosanitaria que desarrolle un plan de cuidados y de protección a las personas que residen en ellos, ni se le haya pasado por la cabeza al gobierno hasta el momento.

Se debería coordinar las actuaciones en todas las comunidades autónomas, ya que transferir la gestión de un servicio no quiere decir inhibirse del mismo y no se debe dejar durante más tiempo al libre albedrío de cada responsable autonómico el funcionamiento y la coordinación de unos servicios tan básicos.