El devolver al general Yagüe su calle en Oviedo ha sentado como un tiro a los dirigentes socialistas y sus socios podemitas y vuelven la carga pasándose por el forro la sentencia de los tribunales. Son demócratas, pero de la democracia dictatorial que ellos imponen. La guerra ha empezado de nuevo.

El odio a Franco no muere nunca, quieren desterrar cualquier vestigio de su existencia y solo denigrarlo, quieren olvidar la derrota del 39, que casi un siglo más tarde siguen sin digerir.

El Grupo Municipal Socialista solicitó ayer al ayuntamiento ovetense que restablezca los nombres de las cuatro calles retirados el pasado viernes por ejecución de sentencia y que fueron sustituidos por los anteriores franquistas. El mismo viernes, su portavoz, Wenceslao López, registró un escrito a Alcaldía para que el Consistorio inicie los trámites pertinentes en aras del cumplimiento de la ley autonómica de Memoria Histórica.

Para el PSOE, la vuelta del general Yagüe, Marcos Peña Royo, Fernández Ladreda y Yela Utrilla al callejero de la ciudad incumple la citada ley, al haber sido los restituidos «significados y relevantes colaboradores de lo que la dictadura franquista».

La reposición de estos nombres, agrega el documento presentado «contradice abiertamente» la legislación en materia de Derechos Humanos, reposición a las víctimas de una dictadura (que ellos consideran genocida) y exalta el un golpe de estado ilegítimo contra la República democrática establecida. Máxime, cuando las personas cuyos nombres han sido restituidos «no deberían recibir honor ni conmemoración alguna en un estado democrático».
 

El PSOE solicita, asimismo, que se restituya el nombre de Juan Benito Argüelles, Joaquín Costa, Lola Mateos y Arquitecto Galán. «Ayer se vivió un día triste y lamentable en la historia de nuestra ciudad», recalcó el edil socialista Ricardo Fernández que ahondó en la cuestión al reclamar la aplicación de la legislación existente en memoria democrática y que «prevé la posibilidad de intervención de la administración autonómica» si los ayuntamientos no adoptan las medidas oportunas.