El asunto de las cláusulas suelo sigue generando algunas interesantes resoluciones del Tribunal Supremo, como la Sentencia del pasado día 16 de octubre, en la que se resuelve otra cuestión relacionada con la nulidad de las cláusulas por falta de transparencia. Los problemas con este tipo de cláusulas se iniciaron hace bastante tiempo.

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 establece que es contraria al Derecho de la Unión Europea aquella aplicación de la nulidad que no implica la restitución total de lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo establecidas en los contratos de préstamo bancario garantizado con hipoteca, ya que la falta de retroactividad total de la nulidad no protege suficientemente a los consumidores. Esta idea es absolutamente coherente con la lógica propia de las normas de tutela de los consumidores y usuarios, pero también resulta esencial en relación con los efectos de la nulidad, que conlleva la restitución de las prestaciones aportadas, de modo que la realidad se ajuste a aquella situación en la que el contrato que sufre el vicio no se hubiera celebrado, conforme al artículo 1303 del Código Civil, que se puede complementar con diversas normas especiales que recogen los efectos de la nulidad con mismo alcance que el precepto citado.

Muchas personas afectadas por cláusulas suelo, que conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, no tuvieron la posibilidad de llegar a conocer el contenido del pacto, abonaron cantidades que no correspondía pagar a la entidad bancaria que concedió el préstamo hipotecario en cuyo texto del contrato se incluyó la cláusula suelo correspondiente. Después de la ya indicada resolución del Tribunal Supremo de mayo de 2013, diversos bancos alcanzaron acuerdos con sus clientes para devolver una parte de lo indebidamente cobrado a cambio de la renuncia a las acciones de reclamación por las cantidades percibidas injustamente, existiendo modificaciones de la cláusula correspondiente.

Se planteó el problema relativo a las transacciones celebradas entre bancos y clientes para evitar procesos judiciales por las cláusulas suelo. Realmente, esas transacciones indicadas son nulas en lo que a la renuncia de acciones de reclamación por las citadas cláusulas suelo se refiere, ya que el artículo 6.2 del Código Civil establece que “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”, siendo parte del orden público la protección de los consumidores y usuarios según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Además, la misma norma civil sustantiva indica que “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 367/2017, de 8 de junio, indica que “el control de abusividad de la cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor, en el que se inserta el control de transparencia, lleva consigo la nulidad de la cláusula controvertida, la pervivencia del contrato sin esa cláusula y la restitución de lo que el predisponente haya percibido como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva, mientras que la anulación por error vicio del consentimiento afecta al contrato en su totalidad y las partes deben restituirse recíprocamente todo lo percibido de la otra en virtud del contrato, con sus frutos o intereses”. Partiendo de este razonamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de este mismo año señala que “la nulidad absoluta o de pleno derecho es insubsanable y no permite la convalidación del contrato (sentencia 654/2015, de 19 de noviembre, y las que en ella se citan)” y que, por esa razón, no resulta correcta la afirmación del Juzgado de Primera Instancia de que el contrato resultó convalidado por la petición de los prestatarios de que se les redujera la cláusula suelo al nivel que tenían los contratos de otros compradores de la misma promoción”, pues “No es posible otorgar al consumidor una protección menor que la que otorga la institución de la nulidad de pleno derecho en otros campos del ordenamiento jurídico”.

 

Ya se ha confirmado totalmente que aquellos que ya renunciaron a su acción de reclamación por cláusulas suelo podrán demandar a la entidad bancaria para recuperar lo que les corresponde, aunque no debería haber sido necesario. Otras cuestiones deberán ir aclarándose en relación con este asunto para cada caso concreto de cara al futuro.