En una entrevista a Sánchez -nominal presidente del gobierno de España- sobre la Fiscalía, aquel repreguntó al entrevistador: ¿De quién depende la Fiscalía? que fue contestada con un tímido “del gobierno”, que confirmó el entrevistado-entrevistador. En puridad, la Fiscalía no debería ser del gobierno de turno, pues conforme al artículo séptimo de su Estatuto Orgánico, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, el principio que lo debería animar es el de actuar con imparcialidad y plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados, que no son otros -conforme el artículo primero del mismo referido Estatuto- que el de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

Se hace necesario recordar que el actual Estatuto sustituyó al Estatuto de 21 de junio de 1926. Esto es, que el mismo Estatuto vigente durante la monarquía de Alfonso XIII, continuó su vigencia durante la II República y durante la Dictadura del Generalísimo Franco. Si no hubo necesidad de un nuevo Estatuto durante estos dos últimos regímenes, el último supuestamente no democrático, el Estatuto de 1981 se supone que traería un aura de actualización y, sobre todo, de libertad para la Fiscalía, de la que supuestamente no gozaba. Pero no, al cabo de estos últimos años llegamos a saber (por si éramos ciegos, sordos y mudos) que la Fiscalía no está para el interés general, sino para el interés del gobierno, y en esto para el gobierno de turno, conforme nos hizo saber muy claramente el ciudadano Sánchez.

Pero Sánchez se equivocaba, pues ahora sabemos que la Fiscalía -considerada como institución y sin considerar sus componentes- no solo es de Sánchez ahora, sino también -o más que del propio Sánchez- de BILDU. No sabemos si es una cesión temporal o a fecha determinada, pero a buen seguro con un precio importante que no paga BILDU, sino el gobierno de Sánchez, y por derivación, el resto de españoles. Porque solo puede entenderse como entrega de la Fiscalía a BILDU el cambio de criterio de acusar a los dirigentes de ETA en el momento del asesinato de Miguel Angel Blanco, a interpretar que sus delitos han prescrito.

Se obligó al Fiscal del caso, Vicente González Mota, a cambiar el criterio de perseguir a los dirigentes de ETA por el de instar la prescripción de los delitos, y negándose a ello se ha visto apartado del caso. No voy a entrar en si hay razón o no sobre la prescripción, habida cuenta que no es este el medio adecuado para ello ni conozco el caso como para pronunciarme. Pero sí he de elevar la voz denunciando cómo la Fiscalía, a través de su actual jefatura, viene a incumplir los principios de imparcialidad, objetividad e independencia en su actuación, y lo que es más grave, el olvido de la defensa de la ley, de los ciudadanos y del evidente interés público en proteger  las víctimas derivadas de los asesinatos. La Fiscalía se ha defendido alegando que no hay nada político en su actuación, pero esto no es verdad, tan siquiera media verdad, pues lo que no es plena verdad, es falso. Y es falsa esta excusa porque no se entiende un giro de acusar a no hacerlo, y cuando, bajo la experiencia profesional del que esto escribe, ha sentido cómo algún cliente se ha visto perjudicado por una acusación del Ministerio Fiscal sin base alguna, y que acreditado ello dicho Ministerio ha seguido acusando en contra de los principios de objetividad e imparcialidad que debe imperar en su actuación.

Del gobierno, de este gobierno de Sánchez no podemos esperar nada, y de los futuros -habida cuenta el sistema de partidos políticos implantado con sus componendas- tampoco. Al administrado solo le podía caber confiar en una institución, como es la Fiscalía, que lejos de cumplir sus funciones y finalidades, vemos que está al servicio de los intereses del partido político en el gobierno, y que de imparcialidad -a la hora de cuestiones que afectan al gobierno- carece de ella totalmente. Esto no es de ahora, porque cabe recordar la actuación de anteriores fiscales generales al servicio del gobierno Del PSOE, como fueron  Eligio Hernández y Conde Pumpido, entre otros. Solo recuerdo con verdadero afán independiente al fallecido José Manuel Maza.

Revelador es que si comparamos el número de Fiscales Generales del Estado de 1938 a 1975, que solo fue de seis, con los que han pasado por el cargo de 1976 a 2022, tenemos que llevamos ya veinticuatro, porque cada partido político en el gobierno nombra su fiscal, provocando que la Fiscalía sea un mero instrumento de los intereses particulares del partido de turno. Eso atenta con la legalidad, contra todo principio moral y contra el tan traído principio democrático. Con este ir y venir de fiscales generales la democracia brilla por su ausencia, pues en vez de estar la Fiscalía al servicio de los ciudadanos lo está al servicio de los partidos y de sus gobiernos respectivos, y lo que es peor, de quien tiene el poder de realizar el chantaje político sin miramiento alguno, cuando las instituciones no son de Sánchez ni de BILDU, sino de los que nos sentimos, sencillamente, españoles.

Esto no pasaría si el Fiscal General del Estado -como el Consejo General del Poder Judicial, o los Magistrados del Tribunal Supremo- fuese cargo vitalicio, que los partidos de turno no puedan cambiar, y que solo la edad de jubilación obligue a dicho cambio. Las personas en su momento nombradas -aunque teniendo inicialmente vinculación con los políticos que le nombraran- el tiempo le llevaría a su desvinculación y a conseguir cierta independencia en las decisiones a adoptar. Lamentablemente no se busca la libertad ni la independencia de la persona en la gestión del cargo y la dirección de la institución, sino su control, siendo un ejemplo más el cambio efectuado por la Fiscalía. Y si esto es democracia, que no se me entregue acreditación de demócrata.